El último Informe anual del Observatorio de la Libertad de Expresión creado en la Fundación Ciudadanía y Valores, y de la que UNIR es patrono institucional, analiza la situación de los medios de comunicación en nuestro país.
El estado de la libertad de expresión en España merece una calificación de 6,58 puntos sobre 10, según el último Informe anual del Observatorio de la Libertad de Expresión creado en la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), y de la que la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es patrono institucional.
Este aprobado alto es inferior a la valoración obtenida por la libertad de expresión en los dos primeros informes, en los que superó ligeramente el nivel del notable, 7,21 puntos en el referido al año 2012 y 7,03 puntos en el de 2013.
La calificación sobre la libertad de expresión se extrae de las respuestas de los autores a un test que se refiere fundamentalmente a la legislación sobre libertad de expresión, a la jurisprudencia de los tribunales Constitucional y Supremo y al uso que de ella se hace en la escena pública.
Muchas veces los límites deontológicos se sobrepasan en espacios televisivos dedicados a comentar la vida social, de lo que es reflejo el número de demandas judiciales que se presentan en busca de protección a los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen”.
Una causa de la caída de la calificación – según se lee en el informe- ha sido la incorporación de una pregunta el peso de los códigos deontológicos “en la actividad comunicativa, que ha merecido una valoración de 5,42 puntos”. Los consultados han apreciado que “el conocimiento de las cuestiones deontológicas” deja que desear en comunicadores que intervienen en los medios, muchos de ellos no periodistas, y que “muchas veces los límites deontológicos se sobrepasan en espacios televisivos dedicados a comentar la vida social, de lo que es reflejo el número de demandas judiciales que se presentan en busca de protección a los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen”.
Por primera vez –continúa el análisis- dos preguntas del test han obtenido una nota de suspenso, aunque esté situado en su nivel más próximo al aprobado. La pregunta sobre el respeto del poder político a la actuación de periodistas y medios, “es la que ha obtenido la peor calificación del test, 4,69, en constante descenso, un punto menos que en 2013 (- 1,14) y dos puntos menos que en 2012 (- 2,11)”. Los controles políticos que se mantienen, y en algunos casos se acentúan, sobre los medios audiovisuales públicos, con especial significación del sometimiento de la televisión autonómica catalana a la aventura política independentista, explican el desplome de la calificación hasta el suspenso.
No se rechazan las ayudas a los medios, que bien administradas pueden contribuir a la pluralidad y a la fortaleza del sector –dice el informe-, sino que se denuncia la falta de transparencia que las acompaña, lo que entraña el riesgo de un indetectable control político de la comunicación”.
La otra pregunta contestada con un suspenso, 4,92, que ya obtuvo muy baja calificación en los dos informes anteriores aunque se situó entonces casi medio punto por encima que en el actual, se refiere a las ayudas públicas a los medios, cuestión sobre la que los consultados destacan la opacidad en que se desenvuelven muchas de ellas. “No se rechazan las ayudas a los medios, que bien administradas pueden contribuir a la pluralidad y a la fortaleza del sector –dice el informe-, sino que se denuncia la falta de transparencia que las acompaña, lo que entraña el riesgo de un indetectable control político de la comunicación”.
En el informe se subraya una carencia ya advertida antes sobre la necesaria protección del trabajo de los periodistas, ya que “la crisis económica ha ejercido una sensible influencia sobre la retribución del trabajo periodístico y las condiciones del desempeño profesional”. También se registra un descenso de valoración en la defensa de la propiedad intelectual en Internet. En el lado positivo, la regulación constitucional de la comunicación y la defensa y clarificación de su ejercicio que realizan tanto el Constitucional como el Supremo son los aspectos más destacables del estado general de la libertad de expresión en España.
Junto a ello, descuella la plena libertad de actuación en Internet, incluida la de creación de medios en la red. Los problemas surgen en la práctica por presiones políticas de diverso tipo, intervenciones administrativas en medios públicos de comunicación, lentitud en la acción defensiva de la justicia y actuaciones comunicacionales alejadas de elementales exigencias deontológicas. Esto explica que la libertad de expresión en España, bien planteada en la ley constitucional, merezca una modesta calificación en la práctica, se lee en el Informe.
El Informe ofrece siete trabajos sobre otros tantos aspectos concretos del estado de la libertad de expresión en España. Elviro Aranda, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, analiza el marco legal y jurisprudencial; Ignacio Bel, profesor de Derecho de la Información de la Universidad complutense de Madrid, escribe sobre la libertad de expresión en el campo de la televisión autonómica y estatal; Jesús Díaz del Campo, profesor de Ética y Deontología de la Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explora el tratamiento ético en las redes sociales; el abogado Ángel García Castillejo, profesor en las universidades Carlos III de Madrid y Ramón Llull de Barcelona, se ocupa de Internet; el periodista Rodrigo Gutiérrez, director general de Camba Comunicación, estudia rasgos fundamentales de la comunicación como la concentración de medios, la audiencia y la publicidad; José Antonio Sentís, presidente de Ideas, Educación y Comunicación, investiga sobre las ayudas públicas la prensa; y el periodista Justino Sinova, profesor emérito de la Universidad CEU San Pablo, examina los conflictos con el poder político en el campo de la comunicación.
