Sara Puerto
El docente e investigador de UNIR es uno de los doce expertos que asesorará al Gobierno en el diagnóstico, diseño e implementación de políticas públicas que permitan mejorar la salud mental en el trabajo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado la Comisión de expertos sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, entre los que figura el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja, Guillermo García González.
Esta Comisión la integran doce expertos del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, inspectores de trabajo, profesionales y académicos del Derecho del Trabajo, de la salud pública, de la psicología y la psiquiatría, así como referentes de la cultura y el pensamiento crítico.
Durante seis meses, trabajarán para elaborar un informe que sirva como hoja de ruta para elaborar futuras políticas laborales, como ya recomiendan la investigación académica y los informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La función de la comisión experta es asesorar al Gobierno en el diagnóstico, diseño e implementación de políticas públicas que permitan mejorar la salud mental en el trabajo”, explica el profesor.
“Es la primera vez que en España los poderes públicos abordan de forma sistemática y transversal la salud mental en el trabajo, una cuestión que se ha visto visibilizada en la actualidad con gran alcance por dos motivos. Por una parte, por los nuevos modelos tecnológicos del trabajo y los efectos nocivos que una mala gestión de los mismos puede tener sobre los trabajadores. Y, por la otra, por la incidencia que la pandemia ha tenido sobre la salud mental de los trabajadores” , indica González, experto en prevención de riesgos psicosociales e investigador principal de grupo de investigación ‘Trabajo líquido y riesgos emergentes en la Sociedad de la Información (TRES-i)’ de UNIR.
“Necesidad urgente”
En el acto celebrado este jueves en Madrid, la ministra destacó la “necesidad urgente de abordar el impacto de la precariedad laboral en la salud mental es una necesidad urgente”.
Díaz estuvo acompañada, entre otros, por del diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón; la especialista en psiquiatría clínica de la Asociación Madrileña de Salud Mental, Belén González Callado; o el director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Carlos Arranz.
Estuvieron también presentes los integrantes de la Comisión de expertos, que coordinará Joan Benach, director del grupo de investigación en ‘Desigualdades en Salud’ de la Universidad Pompeu Fabra y del Public Policy Center de la Universidad estadounidense John Hopkins.
El impacto de la pandemia
Durante el acto, Díaz se refirió a la última encuesta de las Condiciones de Trabajo y Salud (COTS), cuyos datos subrayan cómo las desigualdades y la precariedad inciden en la salud. “Un 63% de aquellas personas cuyos salarios no cubrían las necesidades básicas percibieron que su salud había empeorado con respecto al inicio de la pandemia, un 14% más que entre los participantes cuyo sueldo era suficiente”, afirmó.
Agregó asimismo la ministra que “existe tres veces más de riesgo de que las personas trabajadoras precarizadas sufran problemas de salud mental. Factores como la inestabilidad en el empleo, menores ingresos o la dificultad para acceder a prestaciones o beneficios sociales, sumado a situaciones extraordinarias como la pandemia generan, entre otros, un estrés y una ansiedad que se han agudizado en los últimos tiempos”. En este sentido, enfatizó la necesidad de poner en el centro “ahora más que nunca el trabajo decente con jornadas y salarios dignos”.
