Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, realizó estas declaraciones en el Seminario sobre el impacto de la tutela judicial europea en el Derecho español que ayer se celebró en UNIR
Madrid, 9 de marzo de 2017
El impacto de la tutela judicial europea es cada vez mayor en los sistemas legislativos de los Estados miembro. Buena prueba de ello son las recientes sentencias sobre las cláusulas suelo de las hipotecas o la equiparación de la indemnización de los contratos temporales con los fijos. Casos ambos que ayer se abordaron en el marco del Seminario sobre el impacto de la tutela judicial europea en el Derecho español que ayer por la tarde se celebró en la sede madrileña de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Una jornada en la que la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señaló que resulta “llamativo que nuestros legisladores y el Tribunal Supremo parecen mostrar cierta resistencia a admitir que el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE tienen un evidente perfil de protección de los derechos de los consumidores”. Ortega realizó estas declaraciones durante la clausura de la jornada y añadió que “admiramos la rapidez con que el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas” frente a la “cierta lentitud de nuestro sistema judicial”.
También valoró la labor de dicho tribunal puesto que, en su opinión, “con sus resoluciones constantes impone una corriente de renovación de los ordenamientos de los Estados miembro” e hizo un llamamiento a la necesidad de esperar a que “Luxemburgo se pronuncie para reconducir ciertas prácticas y normativas internas”. Por eso, abogó por “seguir incidiendo para que los distintos aplicadores del Derecho en España sean conscientes de la importancia de atender al Derecho europeo”.
Antes que ella, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, reconoció el “largo alcance” del impacto de la tutela judicial europea “porque modifica leyes” e incidió en la importancia de la preparación de este tipo de materias porque la normativa europea “es cada vez más vertiginosa y los primeros garantes del acceso a la justicia europea son los jueces y tribunales españoles”.
Roldán fue la encargada de inaugurar, junto con el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades de UNIR, Pedro Serna, un seminario en el que el profesor adjunto de Derecho Procesal de la universidad, Juan Ramón Liébana, presentó el Manual sobre Derecho europeo relativo al acceso judicial que él ha traducido al español.
Acompañado por Matylda Pogorzelska, de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), Liébana incidió en el “valor creativo” de las sentencias europeas, la modificación que la jurisprudencia hace del Derecho escrito y de las interpretaciones sobre ciertas normas y la sensibilidad de los tribunales europeos sobre los derechos fundamentales. Son algunas cuestiones clave del ordenamiento europeo que se recogen en dicho manual; toda una ayuda “para que los operadores jurídicos nacionales piensen en términos de la normativa europea”.
La sesión se completó con las conferencias del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano Castrillo, del socio del despacho de abogados Pérez-Llorca Abogados, Juan Rodríguez Cárcamo, y de la profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Marina Cedeño. La docente relató que, en las múltiples cuestiones prejudiciales de nuestros tribunales nacionales, “el Tribunal de Justicia de la UE ha apreciado ciertas deficiencias por insuficiente protección ciudadana”. Es el caso de las cláusulas suelo hipotecarias, donde los recientes dictámenes judiciales europeos implican “una quiebra del modelo de ejecución hipotecaria diseñado por el legislador español”.
También reveló que el legislador español, “lejos de realizar una reforma en profundidad, las ha hecho parciales cuando el TJUE ha apreciado incompatibilidad entre el Derecho español y el normativo de la Unión Europea”. Y si bien reconoció que las sentencias del TJUE “no siempre son todo lo claras que deberían”, se mostró partidaria de “realizar una reforma en profundidad, ver lo que la normativa europea exige y qué no para, en función de eso, hacerla; los parches son malas soluciones”, concluyó.
