Un aforo desbordado resume el bautizo del Observatorio de la Legislación Española (OLE) de la Universidad Internacional de la Rioja, iniciativa que busca incorporar al debate y estudio universitario las propuestas que se discuten en las Cortes Generales.
El Centro Riojano de Madrid se quedó pequeño ante el éxito de convocatoria del primer foro del programa, que se centró en los distintos aspectos —polémicos o compartidos— del nuevo marco regulatorio sobre seguridad privada, aun en fase pre legislativa. El Observatorio de UNIR, que persigue una mejor comprensión de la labor legislativa en los […]El Centro Riojano de Madrid se quedó pequeño ante el éxito de convocatoria del primer foro del programa, que se centró en los distintos aspectos —polémicos o compartidos— del nuevo marco regulatorio sobre seguridad privada, aun en fase pre legislativa.
El Observatorio de UNIR, que persigue una mejor comprensión de la labor legislativa en los textos de mayor incidencia social o formativa, ha escogido como primera actividad el debate de una Ley que afecta a más de 1.400 empresas y 85.000 empleados en nuestro país.
Al acto acudieron grandes profesionales relacionados con este ámbito, entre los que destaca Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, que clausuró el seminario y acentuó como una de las principales razones del proyecto la de dinamizar un sector económico pujante que, además, proporciona “un servicio esencial para los ciudadanos”.
Martínez apuntó que los pilares de esta Ley son, por un lado, su capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y, por otro, la profesionalización que eliminará el intrusismo.
Le acompañó durante la clausura el rector de UNIR, José María Vázquez, quien definió la seguridad como el soporte de la convivencia pacífica del país y matizó la contribución de la Universidad al sector con el desarrollo de programas como el Máster de Terrorismo.
Al comienzo de la jornada, Francisco Arribas, 2º jefe de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil, no dudó en señalar el salto de calidad que supone esta Ley, respecto a la actual. En esta misma línea, José Manuel Pérez Pérez, subdirector del Gabinete técnico de la Dirección General de la Policía, aplaudió su avance en materia de formación.
Bajo el título “La complementariedad y colaboración público-privada”, Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, abogó por una “mayor eficacia y eficiencia de la colaboración público-privada para resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad”.
Ángel Córdoba, presidente de APROSER, se sumó a Puigserver añadiendo que los cambios sociales, empresariales y económicos de los últimos 20 años también han sido percibidos desde las empresas de seguridad, de ahí la urgencia del proyecto.
En cuanto a las novedades que este supone respecto al marco anterior, Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad de Control de Seguridad Privada de la Policía Nacional, y César Álvarez, coronel de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Protección y Seguridad, coincidieron en señalar la regulación de actividades no reconocidas, la clarificación del marco de competencias autonómicas y, sobre todo, la relevancia que cobrará la figura del director de Seguridad por su capacidad de coordinación.
La nota polémica se desató cuando Conrado Escobar, diputado por La Rioja; Jordi Jané i Guasch, vicepresidente del Congreso y miembro de CiU; Ignacio Sánchez, vicepresidente de la Comisión Constitucional, y Francisco Márquez, del Grupo Popular, mantuvieron un debate político en el que expusieron sus argumentos a favor y en contra sobre algunos puntos del articulado. Jané i Guasch declaró, por ejemplo, que desde su grupo no apoyarán la norma si esta no se modifica de forma sustancial.
El abogado Jorge Salgueiro Rodríguez, vocal de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, abordó el carácter más técnico y señaló que la nueva norma “rompe” el monopolio del Ministerio en materia de formación y la apertura hacia otras instituciones.
