Sara Puerto
El rector José María Vázquez García-Peñuela clausuró el ciclo organizado por el Máster en el Ejercicio de la Abogacía de UNIR para analizar el futuro de la Justicia española, junto con los profesores Tomás Aliste y Juan Ramón Liébana.
“Estamos viviendo un cambio de paradigma jurídico, no es algo que venga de la pandemia, pero esta ha acelerado la transformación. Estamos en la antesala de una cultura procesal de carácter globalizado”, afirmó el profesor Tomás J. Aliste durante la sesión ‘Justicia, eficiencia y digitalización: hacia un sistema de justicia más eficaz’, que concluyó el ciclo organizado por el Máster en el Ejercicio de la Abogacía de UNIR para analizar el futuro de la justicia española.
El rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela dedicó unas palabras al inicio de la sesión a destacar lo pertinente del ciclo, que ha contado con ponentes de gran relevancia en nuestro sistema judicial, y así como la importancia de la figura del abogado -a quien fundamentalmente han estado dirigidas las conferencias- en el proceso judicial.
“Muchas veces el enfoque de todo el proceso depende de los patrocinadores de las partes. Es el abogado quien ha de elegir la jurisdicción y, además, la acción que se va a ejercitar en el proceso; y este tipo de decisiones jurídico-técnicas condicionan la labor del tribunal. El tribunal puede ser incapaz de impartir justicia porque ha habido un desacierto técnico al inicio, por eso, la preparación jurídico-técnica del proceso por parte del abogado es esencial para que se pueda impartir justicia”, consideró el rector.
Nuevo paradigma de justicia global
El profesor Aliste, director académico del Máster en Arbitraje Internacional de UNIR, expuso que “el nuevo paradigma de justicia global gira en torno a tres ejes: una expansión de las facultades del principio dispositivo, la promoción de medios alternativos de solución de conflictos y, por último, el ideal de digitalización completa de los procedimientos bajo el paraguas de optimizar la eficiencia procedimental”.
Mencionó este docente, investigador principal del grupo Globalaw de UNIR, los distintos proyectos y anteproyectos para el desarrollo de la digitalización de la justicia, con una apreciación: “Se refieren a la Justicia como un servicio público. En mi opinión, si entendemos la Justicia como servicio público la convertimos en una administración más del Poder Ejecutivo”.
Aliste encontró que “no siempre es compatible el impulso de las nuevas tecnologías con la situación técnica actual. No hay desarrollo por parte del Poder judicial español, ni de otras nacionalidades, de plataformas independientes que permitan garantizar aspectos como la protección de datos”.
Asimismo, “el principio inmediación procesal queda en evidencia en la celebración de juicios digitales, pues carecen de la multidireccionalidad de cualquier sala de audiencia”, consideró el jurista, que señaló que la pandemia no puede servir de excusa para avanzar en este proceso de digitalización de la justicia “sin tener muy en cuenta que se requiere una adecuada inversión y no menoscabar el derecho de defensa, no generar indefensión”.
Prestación de un derecho fundamental
El profesor de Derecho Procesal Juan Ramón Liébana, investigador del mismo grupo de UNIR, coincidió en la reflexión sobre las dificultades técnicas que todavía persisten en este camino hacia la digitalización del sistema judicial. Refirió que tras la “paralización que supuso la pandemia” se desarrollaron juicios telemáticos a través de Skype.
“Se trata de la prestación de un derecho fundamental”, planteó Liébana, árbitro de la Junta Arbitral de Consumo y mediador en el Tribunal laboral de La Rioja.
Explica este experto que el grupo de trabajo ‘Tecnología, Inteligencia artificial y administración de justicia’, formado por seis jueces y dos ingenieros, bajo el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “trabaja ya en la aplicación del Blockchain para algoritmizar y automatizar tareas y decisiones judiciales, de tal forma que en el futuro puedan resolverse asuntos tan diversos como un divorcio de mutuo acuerdo, una orden de desalojo de okupas o un despido sencillo mediante resoluciones jurisdiccionales automáticas dictadas por la Inteligencia Artificial de una máquina”.
Y agregó que “ahora mismo estamos asistiendo a la fase incipiente de la unión de la Justicia con la Inteligencia Artificial”. Resaltó, a este respecto, la necesidad de estar muy alertas para evitar que “se socaven los principios fundamentales del proceso”.
Liébana puso como ejemplo la experiencia de Estonia con los “jueces robots para resolver litigios. El problema no es la inconsistencia, el problema es el razonamiento judicial. Es verdad que todos los casos iguales tienen que ser resueltos de la misma manera, pero la Inteligencia Artificial no es capaz de apreciar la sutileza del razonamiento”.
Los profesores Aliste y Liébana son autores de ‘Transformación del paradigma de justicia tras la pandemia COVID-19‘, editado por Atelier.
Este ciclo de conferencias contó con la participación de Carolina Rius, magistrada de la Audiencia Nacional, que departió sobre ‘Las competencias en materia penal de la Audiencia Nacional’, y Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que impartió la sesión ‘¿Hacia un estado judicial?’.
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