Los litigios medioambientales aumentan cada año. Empresas, Estados y afectados por los efectos del cambio climático ponen en relevancia la especialización en derecho ambiental. Desde UNIR abordamos este tema desde distintas perspectivas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de condenar a Suiza por su inacción frente al cambio climático. Se trata un fallo histórico que fija la responsabilidad de los Estados ante el calentamiento global. En este contexto, el TEDH envía un mensaje contundente a los responsables de las políticas europeas, para intensificar sus esfuerzos para combatir el cambio climático.
Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia ha calculado que, desde 2017, el número de casos judiciales relacionados con litigios ambientales se han duplicado en todo el mundo. Se ha pasado de 884 en 2017 a 2180 en 2022.
Izabel Rigo, coordinadora académica de máster en derecho medioambiental de UNIR
En el banquillo de los acusados, se sientan empresas, organismos y Estados con múltiples enfoques. No solo se habla de reducciones de emisiones, sino también de cómo se pueden estar vulnerando los derechos humanos cuando no se actúa contra el cambio climático.
La justicia se ve actualmente como una palanca para pedir más sostenibilidad y más acción climática. Izabel Rigo Portocarrero.
Según Izabel Rigo Portocarrero, coordinadora académica del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), “la justicia se ve actualmente como una palanca para pedir más sostenibilidad y más acción climática, no hay ninguna duda de que es una tendencia”.
Rigo, además, estima que de aquí a 2050 – fecha límite del Acuerdo de París-, los litigios ambientales seguirán aumentando. “El Acuerdo de París ha creado un marco de referencia: los países que lo han firmado han asumido un compromiso y la ciudadanía puede pedirles que lo cumplan”, recuerda la experta.
De ahí surge la necesidad de especialización en el área del derecho ambiental. UNIR, a través de su Clínica Jurídica, ofrece la oportunidad a los alumnos de la Facultad de Derecho de participar en proyectos de aprendizaje servicio directamente vinculados a estas cuestiones por medio de una colaboración con Greenpeace España. Las últimas líneas de trabajo desarrolladas están relacionadas con el análisis jurídico de la responsabilidad -estatal y empresarial- derivada de los efectos negativos del cambio climático.
Por su parte, Inés Díez, responsable jurídica de Greenpeace España, afirma que “el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos”. Desde su perspectiva, “los gobiernos de todo el mundo siguen sin tomar las medidas oportunas que permitan que la temperatura no suba más de 1,5 grados”.
La inactividad y falta de ambición de los estados y las empresas es lo que está empezando a ser reclamado vía judicial. Inés Díez.
Según la abogada, “la inactividad y falta de ambición de los estados y las empresas es lo que está empezando a ser reclamado vía judicial”. Por ello, reconoce que “acudir a los tribunales es un camino arduo y que se necesitan años para obtener resoluciones que obliguen a los estados a adoptar medidas reales de reducción de gases de efecto invernadero, pero no hay otra posibilidad de obligar a los estados.
La colaboración entre la Clínica Jurídica de la UNIR y Greenpeace invita a los estudiantes a ahondar en la jurisprudencia y normativa relacionadas con la crisis climática.
La importancia de estos procesos judiciales no se limita solo a sensibilizar a los distintos sectores de la población, sino también lo que implican en términos prácticos: cada sentencia que da la razón a los demandantes que acusan a empresas y administraciones públicas de no hacer nada contra el cambio climático crea jurisprudencia, “y lo que hace la jurisprudencia es sentar precedente”, indica Rigo.
En este sentido, Inés Díez refuerza la necesidad de una mayor especialización en el ámbito del Derecho en esta materia para los próximos años. “El cambio climático afecta a áreas como la salud, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, entre otros”. Es, precisamente, esa afectación la que entiende que “podría derivar en un nuevo campo de conocimiento en el área del derecho y, más en concreto, en el área del derecho ambiental.”
En este marco, la colaboración entre la Clínica Jurídica de UNIR y Greenpeace invita a los estudiantes de la Facultad de Derecho a ahondar en la jurisprudencia y normativa relacionadas con la crisis climática. Esta colaboración es muy positiva, según la responsable jurídica de Greenpeace España, ya que el análisis jurídico realizado por los estudiantes de UNIR “les ha permitido explorar las posibilidades de ejercer acciones contra los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Díez califica el trabajo realizado como “magnífico”, reconociendo la gran implicación del alumnado y el papel de formación y sensibilización resultante de esta colaboración.
Guillermo Tur, alumno de UNIR que ha participado en la elaboración de uno de los informes en beneficio de Greenpeace, califica esta experiencia como “invaluable” para su desarrollo profesional y personal que le ha permitido aplicar sus conocimientos jurídicos en situaciones reales y aprender de un equipo comprometido con la justicia ambiental. “El apoyo y orientación recibido desde UNIR y Greenpeace han sido cruciales para su crecimiento y han reafirmado su pasión por el derecho y la defensa ambiental”, señala.
