Sara Puerto
El presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja abordó la modernización de la Administración, en un seminario en el que defendió la utilidad de los medios digitales para la evaluación de las políticas o la participación ciudadana.
“Si incorporamos el derecho digital a las administraciones como un derecho ciudadano, estas tienen el deber de digitalizarse”, afirmó Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en el seminario ‘Modernización y digitalización de las Administraciones públicas’, organizado por la Facultad de Derecho de UNIR.
Sevilla situó la importancia de la modernización de la Administración pública en el hecho de que se trata “del esqueleto que sostiene un Estado, una sociedad y, por lo tanto, también una democracia”, por lo que representa “una fábrica de derechos y una garantía de libertades”.
Habló de esta modernización como un “cambio global que se viene produciendo en los últimos años” y que coincide con un “cambio de paradigma en la concepción del papel del Estado. La idea de que cuanto más pequeño sea el Estado, mejor, ha saltado por los aires. La crisis financiera de 2008 y la pandemia nos han señalado que cuando los países y los ciudadanos tenemos problemas de verdad llamamos al Estado”.
“Pero -agregó- este no puede ser un agente pasivo, debe involucrarse en los procesos clave a la hora de hacer frente a los problemas globales. Ahora necesitamos un Estado emprendedor y, para ello, la colaboración entre el sector público y el privado es imprescindible”.
Evitar duplicidades para sumar
El presidente del Consejo Social de UNIR subrayó la importancia de definir las competencias de las administraciones públicas, que “deben interactuar en sus distintos niveles y tener claro cuáles son sus funciones, a fin de evitar duplicidades”.
Llamó la atención sobre la pertinencia de plantearse si el servicio se puede ofrecer desde lo público o si “la función de la Administración es simplemente garantizar el cumplimiento del derecho, con una gestión diferente a la pública”. Para ello, reclamó abordar “de una manera distinta la relación entre lo público y lo privado, como una relación de suma positiva y no de suma cero, como hasta ahora”.
Sevilla reflexionó también sobre los costes que se generan. “Obligarnos a entregar papeles y declaraciones significa costes para los ciudadanos y las empresas, aunque sea solo en tiempo. Hay que revisar e intentar rebajar permanentemente el coste de las obligaciones de las administraciones”.
El exministro resaltó la utilidad de la digitalización para simplificar y dinamizar la relación del usuario con las administraciones y también para evaluar “las decisiones tomadas, las políticas aplicadas. Hoy en día es imposible hacer casi nada sin el análisis de datos. La evaluación de los procesos es una manera de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración”.
Empleados públicos profesionales e independientes
También abogó por una evaluación del rendimiento del desempeño de los empleados de las administraciones. “Cada cual debe ser evaluado en su desempeño y tener una recompensa en función de ello, esto es una revolución en España, donde pese a estar recogido en una norma, no hemos sido capaces de hacerlo”, expresó Sevilla. “Los trabajadores de la Administración han de ser profesionales, independientes y tener unos sistemas de acceso imparciales”.
Se refirió finamente Sevilla al control de los ciudadanos sobre las administraciones a través de los procesos parlamentarios, pero también gracias a los medios digitales: “Los ciudadanos tienen el derecho de poder manifestar su opinión a las administraciones y esta participación se tiene que hacer a través de los medios digitales, porque si no participan los ciudadanos, lo hacen los grupos de interés”.
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