Tras el último suicidio acaecido en Barakaldo (Vizcaya) por parte de Amaia Egaña de 53 años, dos semanas después del ocurrido en Granada en el que José Miguel Domingo se quitó la vida debido a la ejecución forzosa de desalojo por impago de sus viviendas, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar vía Real Decreto Ley un acuerdo con medidas urgentes al objeto de salvaguardar principalmente los intereses de tres colectivos vulnerables: ancianos discapacitados y familias numerosas.
Desde el pasado lunes 12 de Noviembre hasta el miércoles 15 del mismo mes, Gobierno y oposición han mantenido tres reuniones para llegar a un acuerdo en este sentido. Dichos encuentros llegaron a su fin en la madrugada del jueves sin que PSOE y PP no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo total. […]Desde el pasado lunes 12 de Noviembre hasta el miércoles 15 del mismo mes, Gobierno y oposición han mantenido tres reuniones para llegar a un acuerdo en este sentido. Dichos encuentros llegaron a su fin en la madrugada del jueves sin que PSOE y PP no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo total. Esto no ha impedido que el Gobierno firmara el Real Decreto con medidas para frenar los embargos a las familias que ingresen una cantidad inferior a los 19.000 euros anuales.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha podido confirmar, tras finalizar las reuniones, que los puntos de acuerdo con el Gobierno han sido “enormemente positivos” ya que se han producido grandes avances habiendo de lamentar que no hayan sido suficientes, puesto que quedan “algunos escollos por aclarar”.
Entre otras medidas de urgencias aprobadas en la reunión del consejo presidido por el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, se prevé: una prórroga de dos años en los desahucios de los colectivos más vulnerables, aumentar el umbral en el código de buenas prácticas en las entidades bancarias para que los afectados puedan renegociar sus hipotecas y aquellas familias con todos sus miembros en paro podrán evitar el desahucio si el valor de la vivienda no supera los 200.000 euros.
Desde que comenzó la crisis en el año 2008 el número de desahucios ha sobrepasado ampliamente los 400.000, siendo este año 2012 en el que se han producido casi la mitad de ellos con una previsión al finalizar el ejercicio de más de 180.000.
Por comunidades las más azotadas por esta lacra social han sido: Cataluña con 15.000 desahucios a la que le sigue Madrid con 8.400, Andalucía y la Comunidad Valenciana con 7.500.
Como movimiento social de protesta ha surgido La Plataforma de Afectados por la Hipoteca que comenzó su andadura en el año 2009 en Barcelona, defendiendo el derecho a una vivienda digna a través de su campaña “Stop Desahucios”. Dicha asociación ya ha realizado acciones de desobediencia civil y resistencia ante los agentes judiciales que procedían a desalojar a los propietarios de sus inmuebles, quienes previamente habían recibido alguna notificación de desahucio. A través de dicha asociación los afectados han encontrado un gran apoyo a la hora de enfrentarse a las autoridades y han sido un engranaje clave en el acuerdo que han llevado a cabo Gobierno y oposición.
En este sentido el sector de la banca ha reaccionado ante las últimas protestas por las ejecuciones hipotecarias por lo que la Asociación Española de Banca (AEB) anunció el pasado lunes 12 de Noviembre el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años siempre y cuando concurran circunstancias de extrema necesidad, situaciones que el ejecutivo ha acotado con una serie de requisitos, como que la casa hipotecada deba ser la residencia habitual de la familia y que su valor no supere los 200.000 euros en las grandes ciudades ni los 120.000 en poblaciones de menor tamaño.
