María Victoria Ochando Ramírez
Profesora del Máster Universitario en Dirección e Intervención Sociosanitaria María Victoria Ochando Ramírez nos habla de la importancia y los cambios de la atención a las personas en situación de dependencia durante los años.
A lo largo de la historia, la atención a las necesidades de la población ha ido cambiando en función de las circunstancias, acontecimientos históricos, políticos y sociales de cada momento. El desempleo, los cambios en las familias, la incorporación de la mujer al mercado laboral y, especialmente el progresivo aumento de la esperanza de vida, han traído consigo nuevas formas de cuidado que se han reflejado en los catálogos de servicios de entidades públicas y privadas.
La atención a los miembros más vulnerables de la sociedad, que había recaído fundamentalmente en las familias, progresivamente va combinándose con otros recursos públicos y privados. Es evidente que cada vez más el Estado va asumiendo y ampliando sus responsabilidades y la oferta de servicios. Sirva como ejemplo el compromiso de los países por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; o el marco de derechos y prestaciones que impulsó en el caso de España la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Derecho a una atención de calidad
La administración pública se está transformando. Se está avanzando hacia fórmulas más permeables al contexto, con menos peso del Estado, y con una mayor participación de la ciudadanía, tercer sector y empresas en el bienestar.
De igual forma, el Estado se está interesando en mayor medida por satisfacer a la población en los servicios que presta. La ciudadanía y su opinión empieza a considerarse. Para ello, las propias políticas y servicios públicos ponen en valor la evaluación y la transparencia, que se evidencian en la publicación de informes, memorias de actuación, convocatorias públicas para licitaciones de servicios, presupuestos, etc.
Este afán de proteger a la población se refleja cuando establecen condiciones de obligado cumplimiento para los servicios de los cuales son responsables. Quieren que sean accesibles para todas las personas y que se presten de una forma adecuada. Dichos servicios, de gestión pública o privada, han de disponer de las condiciones físicas y de los profesionales necesarios. De hecho, en gran parte de las regulaciones autonómicas españolas, ya se recoge como un derecho para la ciudadanía el recibir servicios de calidad.
Protección a colectivos vulnerables
En el caso de los centros sociosanitarios, la manera en la que se prestan dichos servicios cobra más importancia si cabe. Por una lado, es evidente la preocupación que puedan tener las familias sobre cómo acceder a los recursos sociales disponibles y, en concreto, sobre qué tipo de atención se les proporcionará a sus personas mayores, en situación de dependencia u otras.
Es decir, la población se cuestiona si pueden confiar plenamente en las instituciones y en el personal que proporciona la atención a estas personas. Hemos de recordar que estos servicios se dirigen a personas o colectivos que no siempre disponen de autonomía para hacer frente a las actividades de la vida diaria, que a veces son invisibles para la mayor parte de la sociedad y que pueden estar en situación de exclusión social.
Es decir, estamos hablando de personas en situación de dependencia, personas mayores, personas con problemas de salud mental, discapacidad, adicciones, etc. En ocasiones, estas personas usuarias no disponen de red de apoyo ni nadie que les proteja ante posibles abusos o negligencias institucionales. De ahí, el rol protector del Estado y la necesidad de que la normativa esté alineada con la protección de estos colectivos especialmente vulnerables.
Por su parte, las últimas leyes de Servicios Sociales de España de las Comunidades Autónomas han reforzado significativamente la calidad como principio rector. Recalcan que la intervención ha de estar centrada en la persona, preservando la dignidad de esta en todo momento.
Requisitos para una gestión de calidad
Estas premisas que promueven la implantación de sistemas de gestión de calidad serán exigibles a todos los centros sociales especializados, independientemente de su titularidad, dada la responsabilidad pública de garantizar los derechos de la ciudadanía en materia de Servicios Sociales. Además, se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos en los centros en cuanto a instalaciones, equipamiento y, respecto a la cualificación de los y las profesionales y personal directivo de los centros sociales, y de los centros sociales con servicios sanitarios, como pueden ser las residencias de personas mayores, centros de día, centros especializados en la atención de la dependencia, etc.
No obstante, pese a este marco de derechos para la población usuaria de los centros y de los deberes establecidos legalmente hacia estos espacios, se aprecia que el despliegue del Estado del Bienestar presenta algunas limitaciones a las que hacer frente. Por un lado, se encuentran aquellos retos derivados de la planificación y gestión de recursos, y por otro, los desafíos que entraña un sistema mixto donde intervienen entidades variadas con diferentes motivaciones, objetivos, estructuras, etc.
A nadie se le escapa cómo la crisis económica ha afectado a los sistemas de protección; y en concreto, cómo las políticas de austeridad han derivado en notables recortes presupuestarios. Estas restricciones del gasto público han limitado el gasto por persona para los distintos servicios, pese a que las necesidades sigan siendo las mismas o incluso mayores.
Las prioridades políticas han mostrado qué colectivos son o no merecedores de atención en función de cada ciclo económico, y la universalidad de los servicios ha tenido días mejores. La ciudadanía ha mostrado su descontento, y por desgracia, en no pocas ocasiones, las prestaciones garantizadas no siempre han llegado a tiempo. Cuántos miles de personas en situación de dependencia han fallecido antes de que se resolviera el recurso que necesitaban (Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales, 2021), o cuántas otras se han quedado fuera del sistema.
En este contexto, se considera clave para el bienestar de la población que los centros sociosanitarios adquieran un compromiso firme con la gestión de la calidad que vaya más allá de los requisitos legales mínimos. Los acontecimientos de la pandemia han mostrado que las organizaciones deben de estar preparadas ante los desafíos emergentes.
Para lograrlo, tendrán que impulsar sistemas de gestión de calidad que pongan en valor la calidad de servicio y que estén orientadas a las personas. Sobre todo, porque prestan servicios a personas en situación de dependencia y a otros grupos sociales que requieren de apoyos. En definitiva, la calidad es un derecho, pero también una garantía de que se atiende a estas personas con la dignidad que merecen.
