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La cooperación jurídica internacional: definición, legislación y aplicación

La cooperación jurídica internacional es fundamental para abordar delitos transnacionales, garantizar el cumplimiento de acuerdos y promover la justicia global al compartir información, pruebas y recursos entre naciones.

Socios de negocio saludándose
Abogados saludándose cordialmente.

La globalización actual, con un incesante flujo de bienes y personas, acaba provocando el aumento de litigios susceptibles de incluir aspectos transfronterizos, lo que determina la necesidad de establecer nuevas soluciones en materia de cooperación jurídica internacional.

Estos conflictos de carácter internacional surgen a la par que se desarrolla el comercio internacional, pero también acaban afectando a personas de distintos estados, lo que trae aparejado un sinnúmero de retos en donde deben primar los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ecológicos, entre otros.

Por lo tanto, más allá del conocimiento de legislaciones internacionales se hace prioritario saber gestionar conflictos donde están en juego personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social. Un Máster en Cooperación Internacional online como el de UNIR permite realizar una gestión integral en materia de desarrollo humano y comprender las realidades de los diferentes contextos.

¿Qué es la cooperación jurídica internacional?

La cooperación jurídica internacional es un mecanismo jurídico mediante el que los estados —a través de acuerdos públicos traducidos en convenios y/o tratados— asumen responsabilidades y deberes los unos con los otros en materia judicial.

En ámbitos internacionales, este instrumento suele conocerse también como cooperación procesal internacional, cooperación judicial internacional, asistencia jurídica internacional o asistencia judicial mutua, entre otros términos.

Dicho de otra forma, esta herramienta judicial permite la colaboración legal recíproca entre naciones, con la finalidad de realizar las diligencias que sean necesarias para el desarrollo de un proceso que se realiza en el territorio de otro estado.

Esta cooperación entre países es vital para garantizar la tutela judicial efectiva y, por esto, los órganos judiciales de un territorio solicitan formalmente la colaboración con otros países para desarrollar actuaciones jurisdiccionales fuera de su ámbito territorial, a lo que se denomina auxilio judicial internacional, tanto en materia penal como civil y mercantil.

Legislación vigente en materia de cooperación judicial internacional

España

En lo que respecta a España, en la actualidad existen diversos convenios y tratados, bilaterales y/o multilaterales, de los que el Estado Español es parte y por los que contrae un acuerdo de colaboración para diversos fines.

Una de las principales legislaciones sobre este particular es la Ley 29/2015, de 30 de julio; de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil que regula la “cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras” y “se aplica en materia civil y mercantil”.

Ámbito internacional

En el ámbito internacional, hay algunos acuerdos y tratados ampliamente reconocidos y utilizados para facilitar la cooperación judicial entre países como:

  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Tratado que promueve la cooperación en la lucha contra la corrupción e incluye la extradición de personas acusadas de corrupción, el intercambio de información y la asistencia legal mutua.
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Aborda la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
  • Convenio de Estrasburgo sobre la Transferencia de Personas Condenadas. Permite la transferencia de personas condenadas a su país de origen para cumplir sus penas.

Carta del Convenio de los derechos humanos con la bandera europea y el mazo de la justicia

Los derechos humanos en la cooperación jurídica internacional

Tal y como se comentó anteriormente, es importante no desvincular del ámbito judicial de cooperación la aplicación de mecanismos relacionados con la cooperación internacional, como pueden ser en España la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, una norma que según recoge el propio BOE busca promover  “una reforma profunda y amplia de la cooperación española para el desarrollo sostenible”.

Y es que los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el proceso de cooperación jurídica internacional y son un componente esencial de este proceso, uniéndose en aspectos como:

  • Extradición y asilo. La cooperación jurídica internacional juega un papel importante en la protección de estos derechos, que por una parte buscan asegurarse que no se someta a torturas, tratos inhumanos o degradantes a un individuo en el país solicitante; y, por otra, que se garantice el derecho al asilo cuando existan riesgos por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política en el país de origen
  • Crimen transnacional. La cooperación jurídica internacional es básica en crímenes relacionados con el tráfico de personas, de drogas o el terrorismo, garantizando que las medidas tomadas respeten derechos como el de tener un juicio justo.
  • Protección de refugiados y migrantes. Asimismo es fundamental para velar y salvaguardar los derechos de los refugiados y de aquellos que se ven obligados a desplazarse por conflictos, persecuciones u otras razones.

¿Cuándo se aplica la cooperación jurídica internacional?

La aplicación de este instrumento puede darse en una amplía gama de situaciones como extradiciones, tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo, ciberdelincuencia… Se aplicará dependiendo de si está ligado al ámbito civil o penal.

En materia civil se suelen solicitar: notificaciones y traslado, colaboración en materia de sustracción de menores, entre otros.

En lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley de cooperación jurídica internacional en materia penal lo más demandado son: procedimientos de extradición, comisiones rogatorias (citaciones, obtención de pruebas…) y la ejecución de sentencias (traslado de condenados y reconocimiento y ejecución de  sentencias). Pueden intervenir profesionales del Derecho especializados a través de estudios como el Máster en Derecho Penal Internacional o el Doble Máster en Abogacía y Derecho Penal Internacional.

Algunas otras actuaciones que se pueden solicitar que se apliquen son: localización e identificación de personas y bienes; recepción de testimonios o interrogatorio de imputados, testigos o peritos; secuestro o decomiso de bienes, entre otros.

Balanza de la Justicia y en el medio de las balanzas las naciones del mundo

La importancia de la cooperación jurídica internacional para el desarrollo

En este punto queda más que claro que la cooperación jurídica internacional es clave para:

  • Establecer legislaciones que garanticen cuestiones fundamentales como los derechos humanos.
  • Ayudar a la resolución de conflictos internacionales como son actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos entre Israel y Gaza.
  • Impulsar y aunar esfuerzos enfocados en la gestión de proyectos de cooperación internacional .

En lo que se refiere a los derechos humanos en situaciones transfronterizas, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva dependen en gran parte de la efectividad que tenga la cooperación jurídica internacional, ya que mediante esta los individuos podrán hacer aquellas diligencias que necesiten en el extranjero, las cuales resultan en muchos casos vitales para la concreción de la justicia en el caso.

En la protección de la niñez, la Convención de los Derechos del Niño, en sus artículos 11, 21, 27, 34 y 35, promueve el desarrollo de la cooperación jurídica internacional para lograr la efectiva protección internacional de los niños.

No cabe duda de que la cooperación jurídica internacional desempeña un papel fundamental. A través de acuerdos y tratados internacionales los estados pueden colaborar en el diseño de normativas que marquen estándares comunes para defender los derechos fundamentales, permitan la mediación pacífica entre disputas y la coordinación de esfuerzos para abordar desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad ambiental.

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