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El perito social realiza informes sobre aspectos sociales de una persona para que estos puedan ser valorados en procesos judiciales como separaciones, accidentes de tráfico o tutelas de menores.
En adopciones, tutelas de menores o determinar un grado de minusvalía. Estos son algunos de los casos en los que puede ser necesaria la intervención de un perito social, un profesional del ámbito social encargado de realizar un informe detallado sobre una persona y su ámbito más próximo que podrá ser utilizado en un proceso judicial.
El peritaje social incluye la realización de informes por parte de personal ajeno a los procesos judiciales —de forma independiente y en base a sus conocimientos técnicos— con tal de que estos puedan ser valorados por el juez o tribunal pertinente (no tienen carácter vinculante) en un determinado procedimiento o litigio. Hay dos modalidades diferentes: por el nombramiento de las partes o ser designado por el juzgado.
¿Cuándo interviene un perito social?
De modo resumido, la principal función de un perito social es investigar y analizar sobre los aspectos sociales de una persona y su entorno más cercano para realizar un estudio detallado de sus condiciones familiares, laborales, socieconómicas, vivienda, etc.
En concreto, un perito social puede intervenir en:
Procedimientos familiares
Especialmente en casos de separación y divorcio, tanto en matrimonios como parejas de hecho, para determinar la custodia y manutención de los hijos, el régimen de visitas, el uso de la vivienda habitual… El perito social realizará un informe en el que prime el bienestar y protección de los menores.
Menores
Procedimientos en los que estén implicados menores, como tutelas en caso de desamparo o situaciones familiares graves o trámites de adopción. El perito social también intervendrá en casos de menores que hayan cometido algún delito para realizar un seguimiento de los mismos y adoptar aquellas medidas que contribuyan a su reinserción.
Dependencia
Dictámenes para evaluar el grado de dependencia de una persona con el objetivo de determinar a qué ayudas sociales tiene derecho.
Discapacidad
Un perito social analizará la situación de una persona en casos de minusvalía para determinar su grado, posibles incapacidades o necesidad de una tutela.
Violencia contra las mujeres
Peritajes sociales para incluir en procesos judiciales de violencia de género.
Ámbito laboral
Los informes de los peritos sociales van encaminados a evaluar situaciones asociadas al trabajo como accidentes laborales, mobbing… Un perito social también entraría en casos de negligencias médicas.
Accidentes de tráfico
Para analizar los daños y necesidades derivados de los mismos como estancias en el hospital o ayuda a domicilio y lograr una indemnización que sea acorde al daño sufrido.
Ámbito médico-forense
Informes para evaluar si es conveniente realizar una esterilización, en procesos de cambio de sexo, etc.
¿Cómo ser perito social? Formación necesaria
Para ejercer como perito social, la formación de base más habitual es la del Grado en Trabajo Social. De todas maneras, también es posible dedicarse a esta profesión tras haber estudiado Derecho, Educación Social o Psicología. Además, es necesario realizar cursos específicos de peritaje social de forma generalista o especializada (familias, menores, accidentes laborales, etc.).
Los juzgados de cada provincia abren plazos de inscripciones a inicios de año para realizar listados de peritos sociales. Entre los requisitos habituales figura el de pertenecer a un colegio profesional o entidades análogas. A este procedimiento se añade el de poder ser contratado a título particular por una de las partes. Es decir, el perito social puede ser reclamado por el juzgado cuando considera que es necesaria su intervención para realizar un informe, pero también ser contratado de forma privada en caso de no estar de acuerdo con las conclusiones iniciales para que emita otro informe diferente o de que el juzgado no lo haya pedido.
Un perito social debe combinar sus conocimientos jurídicos con los sociales para analizar de forma detallada y objetiva aquellas cuestiones que afectan a un individuo, pareja, familia o grupo en relación a un determinado problema o procedimiento.
Deberá aportar información técnica y precisa, sin posicionarse e incluyendo todos los datos de valor que contribuyan a resolver esa situación y el bienestar de los implicados. Por eso, es un perfil en el que prima la rigurosidad, la capacidad de análisis y la actualización para estar al día en materia de leyes del ámbito social.
