UNIR Revista
Estos funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia, son los encargados de asesorar y defender a la Administración Pública y sus organismos en juicio.
Un abogado del Estado es un funcionario público que tiene encomendada la representación, defensa jurídica y asesoramiento de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y de los órganos constitucionales ante cualquier jurisdicción, tanto en el plano nacional como internacional.
Estos funcionarios se integran en el Cuerpo de Abogados del Estado, que está adscrito al Ministerio de Justicia. Este cuerpo funcionarial está dotado de un uniforme que, mientras no sean separados del servicio, tienen derecho a usar como distintivo del Cuerpo. Además, cuando actúen en calidad de abogado del Estado ante Juzgados y Tribunales, deberán cumplir con el protocolo establecido y usar el traje de toca, llevar la placa y medalla y, en su caso, el birrete.
¿Qué hace un abogado del Estado?
La propia definición del abogado del Estado explicita las que serán dos de sus funciones clave:
La función contenciosa
Se trata de la representación y defensa en tribunales de la Administración y de cualquiera de sus organismos públicos. Los abogados del Estado pueden asumir también la defensa de las comunidades autónomas y las corporaciones locales; en ambos casos, en los términos que se establezcan reglamentariamente y en los oportunos convenios.
La función consultiva
Asesoramiento tanto a la Administración como a sus organismos públicos, incluyendo, en caso de Convenio de Colaboración, a las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y Administración Portuaria.
Además de estas funciones clave del abogado del Estado, estos profesionales se encargan de otros aspectos, como la creación de grupos de estudio y análisis sobre asuntos jurídicos o la administración del presupuesto del Servicio Jurídico del Estado.
Este cuerpo tiene, por tanto, atribuido de forma exclusiva las competencias de asistencia jurídica al Estado y a sus instituciones públicas. Una vez que ha sido nombrado y ha tomado posesión de su cargo, el abogado del Estado queda habilitado para el ejercicio de todas las funciones y el desempeño de todos los servicios propios de su cargo, tal como consta legalmente.
¿Cómo llegar a ser abogado del Estado?
Para ser abogado del Estado es necesario ser licenciado o graduado en Derecho y superar un proceso de oposición libre, convocado por el Ministerio de Justicia.
A la hora de acceder al proceso de oposición es necesario cumplir unos requisitos:
- Tener la nacionalidad española.
- Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
- Ser titulado o estar en condiciones de obtener el título de graduado en Derecho. Si la titulación se obtuvo en el extranjero, se deberá homologar o contar con el certificado de equivalencia.
- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con las funciones.
- No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
- Si se solicita cuota de reserva, acreditar la condición de discapacidad igual o superior al 33 %.
La oposición consta de cinco ejercicios eliminatorios. En los dos primeros se expondrán, de forma oral, temas que abordan diversas aristas en el ámbito del Derecho Civil, Hipotecario, Procesal, Mercantil, Laboral, Administrativo, Constitucional, Internacional, Comunitario europeo, Penal y de la Hacienda Pública. Después, se realizará un tercer ejercicio que consistirá en dos pruebas de idiomas, la segunda voluntaria y no eliminatoria. El cuarto y el quinto ejercicio son de carácter práctico, relacionados con funciones que se deberán desarrollar como abogados del Estado.
El primer paso para ser abogado del Estado es, por tanto, cursar un Grado en Derecho. Un programa online como el de UNIR permite a sus alumnos formarse con una metodología teórico-práctica con la que se garantizan el conocimiento necesario para llevar a cabo una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Y, aunque no es un requisito para acceder a los procesos de empleo público, los graduados en Derecho pueden dar un paso más en su formación con un Máster en Abogacía.
