UNIR Revista
El derecho y la administración pública están en continuo cambio para adaptarse a la sociedad y hacer que la relación entre los servicios públicos y los ciudadanos sea cada vez más cercana.
De forma general, denominamos administración electrónica a todos los servicios públicos estatales (desde Hacienda hasta las relaciones con los tribunales de justicia) que se encuentran en proceso de digitalización y que realizan procedimientos administrativos con los ciudadanos o entre distintas instituciones a través de medios electrónicos.
El objetivo de digitalizar la administración electrónica tiene varias vertientes relevantes. Por una parte, adaptar las labores públicas y los procesos administrativos a los nuevos tiempos y a la forma de relacionarse de los ciudadanos. Por otro, dinamizar y hacer más fluidos y flexibles esos procesos para que puedan estar optimizados.
Sin embargo, como todos los servicios públicos, la administración electrónica tiene como deber garantizar determinadas situaciones de seguridad, verificación de datos y accesibilidad, que hacen que sea muy importante que el proceso de digitalización esté debidamente regulado. La normativa que regula la administración electrónica es diversa, ya que a día de hoy casi todos los organismos públicos disponen de servicios electrónicos que se encuentran descritos en sus respectivas normativas.
Además de la normativa estatal, hay que tener en cuenta la legislación autonómica al respecto, además de la que emana de la Unión Europea.
Normativa que regula la digitalización
Sin embargo, centrándonos en las normas y leyes básicas que regulan la administración electrónica y siguiendo, de forma orientativa, la clasificación que el Gobierno de España recoge en su Portal de Administración Electrónica, encontramos varias normas relevantes para el desarrollo digital de los servicios públicos.
Procedimiento administrativo electrónico
Se encuentra regulado a través del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, además de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y los Reales Decretos 3 y 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Normas técnicas de interoperabilidad
El Real Decreto 4/2010 del 8 de enero, regula además el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica y en él se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento entre las administraciones públicas y los ciudadanos.
Órganos responsables de la administración electrónica
Varias legislaciones recogen la organización de la administración electrónica. A modo ilustrativo, el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Identificación, firma electrónica y representación
Una de las normativas más relevantes para los ciudadanos es la que regula su identificación electrónica y representación digital. Con esta normativa se pretende asegurar la identidad de los ciudadanos en su contacto con las administraciones públicas. Como ejemplo encontramos la Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, que regula la Plataforma Cl@ve; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en la que se incluye el DNI electrónico; o la Resolución SGAD, de 14 de julio 2017 que regula las condiciones de uso de la firma electrónica no criptográfica.
Acceso de los ciudadanos a servicios públicos
La última normativa aplicable se encuentra en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Además de esta legislación, que podríamos considerar las leyes básicas para el funcionamiento general de la administración electrónica, encontramos otras normativas relevantes como las que regulan los sistemas de verificación de datos de los ciudadanos, los puntos de acceso a la administración general y de justicia, el registro Electrónico General, las facturas electrónicas y la accesibilidad.
Seguridad y evolución de la administración electrónica
En cuanto a la seguridad, se trata de uno de los ejes que vertebra todo el sistema de la administración pública electrónica. Dentro de este grupo normativo encontramos las leyes de protección de datos, las que regulan las instrucciones técnicas de seguridad y las que regulan la ciberseguridad dentro del sector público. Por ejemplo, podemos destacar el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Como podemos observar por lo recientes que son algunas de estas disposiciones, la digitalización de las administraciones públicas es un proceso que lleva en marcha varios años y cuya evolución es constante. Además, a medida que se amplía el acceso a Internet y evolucionan los servicios electrónicos, se amplía también el catálogo de servicios públicos accesibles online para los ciudadanos.
En el Grado en Ciencias Políticas online de UNIR se estudia esta vertiente del derecho público, la de la digitalización, que se ha convertido ya en un objetivo muy importante de la administración pública: adaptarse a los tiempos y acercarse a los ciudadanos por medio de la administración electrónica, pero sin renunciar a la garantía de derechos básica en un estado democrático. Concretamente, estas temáticas se abordan en las asignaturas Administración Electrónica, y Política, Internet y Sociedad de la Información.
