Alberto Pascual García
La inversión en digitalización de las administraciones públicas en las últimas décadas ha permitido que España se encuentre en muy buena posición a la hora de impulsar políticas en pro del entorno virtual. ¿Son suficientes?
La Agenda España Digital 2025 recoge en su decálogo de acciones a llevar a cabo en los próximos años el impulsar la digitalización de las administraciones públicas, especialmente, en ámbitos clave como el empleo, la justicia o las políticas sociales. La idea es que, en 4 años, la mitad de los servicios públicos se encuentren accesibles desde la aplicación móvil, por lo que se requiere una actualización de las infraestructuras tecnológicas para que se simplifiquen y personalicen más los procesos entre la ciudadanía y la Administración Pública. Pero ¿en qué punto está realmente la administración electrónica en España?
Actualmente, la transición digital requiere de un plan para que la transformación llegue a toda la sociedad y ayude a relanzar el crecimiento económico. Desde el Gobierno, son conscientes de que la pandemia por la Covid-19 “ha puesto de manifiesto la urgencia y necesidad de desarrollar una Administración digital que pueda responder a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de una forma ágil y efectiva”. Llevar a cabo este plan implicaría, entre otros puntos:
- Transparencia y eliminación de trabas administrativas gracias a la automatización de las gestiones.
- Personalización de servicios y experiencia de usuario, superando así la brecha digital de la ciudadanía.
- Modernización e innovación de la tecnología.
- Garantizar la misma calidad y oferta de servicios en todo el territorio.
- Dar respuesta a los retos de los principales ámbitos tractores como son el Empleo (prestaciones y nuevas políticas públicas), la Justicia (acercarla a la ciudadanía y mejorar la atención y eficacia) y la Sanidad (gestión eficiente de documentación).
¿España va a buen ritmo?
“En los últimos años, la administración electrónica en España se ha transformado adquiriendo una relevancia sin parangón”. Así lo cree Belén Andrés Segovia, docente en el Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública de UNIR, con quien aprovechamos para conocer si España va por el buen camino.
Para ella, la necesidad de consolidar una administración que sea fácil, eficaz, eficiente y cercana a la ciudadanía ha motivado que cada vez sean más las administraciones que incorporan a sus sedes estos mecanismos o herramientas digitales: “La oportunidad de su implementación e innovación, que se encuentra en ciernes, ha sido constatada tras la llegada de la crisis sanitaria, poniendo de relieve algunas de las deficiencias que siguen azotando al servicio público y que podrían ser solventadas con la ejecución de la Agenda España Digital 2025, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia y el Plan de Digitalización 2021-2025, del Gobierno de España respectivamente. Es apresurado vaticinar si finalmente se lograrán alcanzar en plenitud los objetivos perseguidos”.
Con todo ello, existen algunos ejemplos que reflejan que se está trabajando en esta dirección y que, de cumplirse, darían lugar a una respuesta positiva. Al menos, la intención de la Comisión Europea es lograr una sociedad más digital y sostenible y eso se acabará materializando a través de fondos públicos europeos los cuales ya se están desembolsando. Por su parte, el Gobierno ya ha movilizado hasta 4.000 millones de euros de inversión público-privada para impulsar el crecimiento de empresas digitales y apostar por tecnología innovadora de alto impacto a través de su Fondo Next Tech.
Pero si nos centramos en los retos, Andrés Segovia tiene claro que todo pasa por la alfabetización digital de la sociedad que permita acabar con la brecha digital que existe en gran parte de nuestra ciudadanía: “De poco serviría que una administración tuviera digitalizados todos sus servicios si los ciudadanos no dispusieran de herramientas con las cuales poder dar respuesta a los mismos. Por ejemplo: sistemas de computación, telefonía o centros de operación de estas solicitudes o no conocieran sobre su manejo. Por ello, esta modalidad educativa se hace indispensable para que todos los ciudadanos sean provistos de los conocimientos necesarios para llevar a cabo cualquier acción administrativa por esta vía sin verse impedidos por la misma o que suponga una barrera que dificulte el ejercicio y la garantía de sus derechos”.
¿Y cómo podría mejorarse esta prestación de servicios? Andrés Segovia apunta 3 imprescindibles:
- Una correcta oferta de cursos formativos, accesible a todos los públicos.
- La entrega de guías de manejo esenciales para el usuario novel.
- Personal cualificado que, de forma permanente, pueda atender a cualquier cuestión, propia de la digitalización, que planteen los ciudadanos que, a modo de ejemplo, no sepan leer, etc.
En definitiva, la apuesta por establecer un sistema de formación digital, puesto a disposición de la ciudadanía, ayudaría a romper la brecha digital existente.
Objetivos digitales a largo plazo
Si bien es cierto que se trabaja para que en apenas 4 años hayamos dado un paso de gigante a nivel digital, existen aún retos que a juicio de Andrés Segovia deberían tenerse en cuenta si queremos avanzar aún a mayor velocidad y convertirnos en un referente. Estos son los 5 principales, a su juicio:
1. Inteligencia artificial y automatización de los datos
A diferencia de lo que señalaba el documento sometido a trámite de información pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, con fecha de 23 de mayo de 2018, titulado Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el resultante Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos no ha contemplado la regulación de la automatización de los datos de las Administraciones públicas.
En concreto, el borrador del 2018 señalaba, en su artículo 9.1.a), que la actuación administrativa deberá llevarse a cabo de forma: “a) Automatizada: cuando los criterios en los que se fundamente la decisión puedan ser objeto de tratamiento informatizado en relación con la información de soporte de la misma, no siendo necesaria la intervención directa de un empleado público”. De este modo, deja en el albur jurídico su regulación que deberá ser contemplada y abordada en textos normativos futuros.
2. Blockchain a nivel estatal
A diferencia de lo que sucede en algunas comunidades autónomas, tales como Cataluña (art. 58 Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital) y Aragón (art. 51 Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa), el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, no permite el uso del sistema blockchain en la identificación. Aspecto que ha sido reiterado en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3. La no responsabilidad de la administración frente al uso indebido de la plataforma por una identificación y/o firma efectuada por un individuo que no sea el autor
El artículo 15.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, resulta sumamente interesante en este punto. De su tenor observamos que, “la Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la exigencia de responsabilidad patrimonial”. De este modo, el Real Decreto exime de responsabilidad a la administración frente al uso indebido del sistema de identificación y/o firma efectuado por un tercero.
4. Ausencias respecto al Punto de Acceso General Electrónico
El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos hace referencia en todo momento a la Administración General del Estado. Cada ministerio disponía de su propia sede por lo que generaba inseguridad jurídica en la ciudadanía ante su heterogeneidad. Las Comunidades Autónomas tienen solventadas de forma dispar esta temática, por lo tanto, su interposición añade más opacidad a su aplicación.
5. Aumento de la carga burocrática para las administraciones y los ciudadanos
La carga burocrática es una realidad en la gestión pública que se ha visto acentuada ante la digitalización. En concreto, puede ser observada desde dos perspectivas, la que ofrecen: las administraciones y los ciudadanos.
Las administraciones enfocan sus esfuerzos en llevar a cabo la conversión de la documentación en papel al formato digital. El plazo previsto para su completa ejecución es de 2 años. Los ciudadanos, por su parte, deberán adaptarse a la inminente transformación del sistema clásico al formato electrónico. Es por ello necesario que se realice una oferta pública formativa que ayude, tanto a los ciudadanos como al personal que ocupa un puesto en la administración, a enfrentarse a los nuevos sistemas que propone el nuevo modelo de administración basada en medios electrónicos.
La carrera hacia ese reto en 2025 ha comenzado, ahora solo es cuestión de ir cumpliendo los hitos que se van dando por el camino y que nosotros, como ciudadanos, estemos al tanto de que se cumplen. Si estás interesado en verlo de cerca, puedes estudiar nuestro Máster Universitario en Gestión Pública y formar parte de este futuro que nos depara las nuevas tecnologías.
