Ángel Guillén Pajuelo
Los directivos y gestores públicos deben atender las necesidades de una Administración en un mundo cambiante teniendo en cuenta los desafíos globales que inciden sobre los asuntos domésticos.
Desde diversas instancias de la sociedad, también desde la academia, se está siguiendo con mucha atención el proceso de transformación permanente que están viviendo el conjunto de Administraciones públicas. Sea cual fuere el ámbito de actuación de cualquier institución pública, se hace imprescindible que cuenten con las herramientas e instrumentos para afrontar los retos del (futuro más) presente: tecnología, talento, evaluación de políticas públicas y flexibilidad o capacidad de adaptación.
Es indudable que encontrándonos en el cuarto de siglo XXI el papel de la Administración pública ha dejado de ser eminentemente burocrático, es decir, certificaciones y sellos; debiendo erigirse, en la actualidad, en una lanzadera de actividad económica, innovación y transferencia de conocimiento.
La universidad, por ejemplo, es una clara muestra de trascendencia de las meras competencias administrativas para fomentar el conocimiento y desarrollo de personas, especialmente jóvenes.
Nuevas generaciones de servidores públicos
Para gestionar de manera eficiente el talento en las administraciones, la clave es, en primer lugar, tener la capacidad para atraerlo a las filas públicas. Tarea harto complicada habida cuenta de dos factores: la necesidad de retos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores con talento; y la excesiva complejidad del proceso de ingreso en la nómina de funcionarios públicos.
La mentalidad, por tanto, de los potenciales nuevos trabajadores públicos no es la de optar a un empleo de por vida, antes, al contrario, más bien ser protagonistas de constantes retos. Por otro lado, el engorroso proceso de una oposición con la cantidad de tiempo y recursos que se deben emplear no es (del todo) atractivo para muchos jóvenes con las ganas e ilusión de saltar al ruedo del mercado laboral.
En consecuencia, las nuevas formas de captación de talento por parte de las instituciones públicas suponen el primer punto de inflexión de cara al futuro más próximo. La principal razón estriba en la necesidad de renovar un estamento funcionarial ciertamente envejecido y que no cuenta, en su mayoría, con las competencias necesarias en estos momentos.
En la misma dirección, el manejo de la carrera y el desarrollo profesional una vez inmerso en la función pública debe tener un enfoque mucho más flexible y con una visión a medio – largo plazo. La excesiva jerarquización y los compartimentos estancos en los que, en algunas ocasiones, se convierten los departamentos, hacen que los trabajadores públicos con mayor proyección y potencial vean ralentizadas sus expectativas de promoción. Con el perjuicio, además, que eso supone también para las propias administraciones.
Los nuevos desafíos del talento están intrínsecamente relacionados con las competencias digitales y tecnológicas. Desde el ámbito privado ya está en el debate el papel que debe jugar la inteligencia artificial y su desarrollo; máxime cuando desde la Unión Europea ya se ha regulado tal situación.
Sin embargo, en la Administración pública iberoamericana aún estamos a vueltas con la digitalización en determinados procesos. Por lo que vamos aún un paso por detrás. En cualquier caso, es evidente que la utilización de los procesos tecnológicos en la Administración pública es una realidad y ha ayudado a la agilización de numerosos trámites. Una muestra de ello son las nuevas narrativas en torno a la administración electrónica, buen gobierno o accesibilidad, cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa al albur del desarrollo tecnológico en las instituciones públicas.
Competencias digitales previas
La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía y, en la misma instancia, a disposición de los trabajadores y directivos públicos para realizar una gestión más eficiente y eficaz de los recursos. El uso de herramientas tecnológicas y la correcta aplicación por parte de los funcionarios deriva en una gestión mucho más ágil y rápida para empresas y ciudadanos, al hilo del papel mencionado anteriormente que debe jugar la Administración como lanzadera de actividad económica, talento e innovación. Resulta evidente, entonces, que los trabajadores del servicio público deben contar con competencias digitales y tecnológicas de primer nivel previo al ingreso en la Administración o, por el contrario, someterse a un proceso de formación para adquirir tales habilidades.
Podría suceder lo mismo que con la inteligencia artificial: directivos públicos que programen herramientas tecnológicas eficaces para diseñar procesos de evaluación de políticas públicas, de participación ciudadana o de adquisición de datos para utilidad pública con la finalidad de obtener propuestas de mejora, innovación y adaptación a las demandas actuales.
Es cierto que la rigidez del derecho administrativo y los controles, por otra parte, lógicos en cualquier democracia consolidada, a los que se somete la gestión pública no permiten actuar con la rapidez, agilidad y flexibilidad de las empresas que operan en el sector privado.
Es por este motivo que cada vez más administraciones de todos los ámbitos están optando por el fenómeno de la huida del derecho administrativo, consistente en la búsqueda de fórmulas para sortear (en el buen término de la expresión) el férreo control del derecho público. Esto es, la creación de entidades societarias participadas por la Administración pública pero que desarrollan su labor en el mercado bajo el régimen de competencia, o bien la proliferación de organismos autónomos que permiten un mayor grado de potestad en su funcionamiento.
Otra vía extendida y utilizada en la gestión pública en Iberoamérica es la colaboración público – privada, donde la administración es la encargada de diseñar y garantizar la existencia de un servicio público pero el prestador de dichos servicios es una empresa privada. Siempre, eso sí, con la supervisión y garantía de lo público.
Entonces, la reflexión nos lleva a que, si no es la Administración pública ad intra la que cuenta con recursos tecnológicos de primer nivel, tendrá que buscar mecanismos de colaboración público – privada para beneficiarse de los avances y, por ende, también el conjunto de la ciudadanía. En consecuencia, elementos para el optimismo los hay y la gestión pública del siglo XXI es mejor, en términos objetivos, que la del siglo XX.
El rol del directivo público es fundamental
Dice y expresa con gran acierto Ramió que la Administración pública es un fenómeno poliédrico donde influyen diferentes factores y no todos en el mismo tiempo o a la vez. Y que, por tanto, las soluciones también deben ser innovadoras, con visión estratégica y permitiendo a la Administración pública dar el servicio a la ciudadanía para el que fue (y es) diseñada. Para ello el rol del directivo público es fundamental.
En este sentido, ¿cuál es el elemento central por el que pasa un buen desempeño del directivo público? La formación, en mayúsculas y sin duda. Una capacitación permanente y constante sobre habilidades, experiencias, competencia, conocimiento e innovación a nuestros directivos públicos nos permitirá, a ciudadanos y a empresas, disfrutar de más calidad en los servicios públicos esenciales para el fortalecimiento y desarrollo de un país.
(*) Ángel Guillén Pajuelo es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador Académico del Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
- Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
