Francisco Oleo
El compliance officer de UNIR analiza una profesión clave y con gran recorrido laboral. “En una universidad global el cumplimiento de las normas debe ser máximo, y más ahora con una exigencia regulatoria cada vez más estricta y una realidad en la que todo está conectado”.
El Congreso de los Estados Unidos promulgó en 1977 la ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) después de que se revelaran una serie de actos de corrupción globales en el contexto del escándalo de Watergate, el mismo que terminaría con la presidencia de Richard Nixon.
Ese mismo año, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores norteamericana, había informado sobre que más de 400 compañías registradas en Estados Unidos habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos y otros actos de corrupción a funcionarios públicos y a distintas autoridades de países extranjeros.
Los directivos de la aeronáutica Lockheed, una de las compañías afectadas, se declararon culpables de haber sobornado a altos funcionarios del Gobierno japonés para potenciar las ventas de aviones en ese país.
El 16 de junio de 2002, Arthur Andersen, una de las cuatro auditoras más grandes del mundo, fundada en 1913 en Chicago por Arthur Andersen y Clarence DeLany, fue condenada por obstrucción a la justicia por el caso Enron, una empresa estadounidense de energía que casi un año antes había provocado la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos hasta entonces al ser descubiertas sus pérdidas reales, su ocultación de deudas y sus proyectos fallidos.
Arthur Andersen (sus socios en España eran conocidos como “los arturos”), que no supo ver la falsificación en las cuentas de los antiguos directivos de la energética, fue absuelta en 2005, pero ya no pudo recuperarse de la pérdida de prestigio y de capital humano.
Un año después, la Fiscalía alemana denunciaba a Siemens por sobornar a funcionarios en el extranjero para conseguir numerosos contratos, una actividad ilícita en la que gastó cerca de 420 millones de euros, pero que acabó costándole más de 1.500 millones sin contar el agujero reputacional que le causó.
“El compliance moderno surge a raíz de escándalos relevantes como estos, que pusieron de manifiesto la necesidad para los Gobiernos de seguir legislando para evitarlos y, por parte de las empresas, la exigencia de aumentar los controles internos”, explica Rubén Alexander Domínguez Oberst, compliance officer de UNIR y del Grupo Proeduca.
Tras estudiar Derecho, hacer un máster en Derecho Fiscal y Tributario y estar una temporada en EY, Domínguez Oberst aterrizó en Lidl y tuvo la oportunidad al poco tiempo de descubrir el mundo de la protección de datos y el compliance, que empezaba entonces a asomar en algunas compañías. Encontró su pasión profesional y la apuntaló con un posgrado en Compliance en la UPF. “Descubrí que era realmente lo que me gustaba y decidí centrarme ya solo en esto”.
La World Compliance Association, la principal asociación del sector, define el compliance (o cumplimiento normativo en su traducción literal) como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan con el fin de “identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”.
Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), el organismo encargado a nivel mundial de regular y supervisar la solvencia de los bancos, aclara que el compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas.
De esta forma, se puede considerar el compliance como una función específica dentro de las empresas, encaminada a detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias bajo las que opera.
En España, el delito de cohecho de funcionario público en el extranjero lleva tipificado desde 2000, con modificaciones en 2003, 2010 y 2015. Desde el año 2010, se reguló la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de algunos delitos (entre ellos este). A partir de ahí se ha ido desarrollando el compliance de los sectores regulados, como la banca, los seguros y la industria farmacológica, y después ha ido extendiéndose a todos los demás.
Domínguez Oberst puso en marcha hace tres años el Departamento de Compliance en Proeduca ante la salida a bolsa del grupo en el mercado secundario bursátil español. “Mi primer año estuvo dedicado casi exclusivamente a la pandemia, y también hemos actualizado y modernizado en este tiempo las normativas internas y las buenas prácticas dentro del grupo”, comenta.
Conflictos de interés, contratación con funcionarios públicos, política de regalos… Cada dos años hacen un ejercicio de análisis de riesgos y se ha desarrollado un canal interno de denuncias nuevo. También se llevan a cabo cursos online y presenciales, con una importante labor de comunicación.
La labor de formación y comunicación del compliance es muy importante en las empresas
“La verdadera función de un departamento de compliance en las empresas es la prevención, o al menos esa debería ser su función principal. Diseñar los sistemas y procedimientos de tal manera que prevengan la comisión de un delito, una práctica ilícita o un simple incumplimiento de la normativa interna, como puede ser el código ético de la empresa”, subraya Domínguez Oberst.
Aunque le suena muy bien, no se ve a sí mismo como uno de esos policías de Asuntos Internos que aparecen en muchas películas de acción, sobre todo si Clint Eastwood está de por medio. “Es cierto que hacemos investigaciones de puertas adentro, pero nuestras capacidades legales están muy limitadas en ese sentido, sobre todo si hablamos de protección de datos. No podemos hacer lo mismo que un policía o un detective privado, porque no tenemos su mismo régimen legal”, aclara.
Lo bueno del compliance es que no entiende de departamentos, ni de niveles jerárquicos, ni de rangos salariales o responsabilidades. Es una bocanada de aire fresco que afecta a todos y a todo. “El cumplimiento normativo y las buenas prácticas corporativas implican a todo el mundo en la empresa, desde el CEO pasado por todas las personas trabajadoras e incluso a terceros con las que podamos tener una vinculación meramente mercantil, y todavía más a aquellos empleados que tienen poder de decisión”, destaca el compliance officer del Grupo Proeduca, que considera que, por eso mismo, es importante que todos lo conozcan, sobre todo para que puedan levantar la mano.
Las estadísticas no dejan lugar a dudas y dicen que la mayoría de los incidentes son descubiertos por canales de denuncia internos. Esa es la principal vía y una directiva europea va a exigirlo muy pronto en nuestro país a las empresas con más de 50 empleados y a los organizaciones y organismos públicos. Está previsto que su transposición se lleve a efecto en marzo de 2023.
Según Domínguez Oberst, “en España tenemos grandes expertos en compliance, no en vano fuimos uno de los primeros países en adoptar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estamos muy avanzados doctrinalmente si nos comparamos con Europa, sobre todo en la prevención de delitos, aunque nuestro gran reto es la cultura del cumplimiento. El compliance es una cuestión de años y no basta con un mero discurso o declaración del CEO”.
Pero el cumplimiento normativo y las buenas prácticas en las organizaciones no tiene que ver solo con la corrupción, es una cuestión que llega bastante más lejos. “En UNIR lo entendemos como algo que va mucho más allá, aunque tengamos asignada la prevención de la comisión de delitos, entre los que se encuentra la corrupción, el cohecho y todos aquellos que recoge el código penal”.
De hecho, en UNIR y el Grupo Proeduca, el Departamento es de Compliance e Integridad tiene entre sus cometidos, garantizar la prevención de los incumplimientos del código ético y de conducta. “En UNIR, por ejemplo, gritar a un proveedor es totalmente contrario a las normas internas por las que nos regimos. No se puede hacer porque no es como nos queremos presentar en el mundo”.
Es un trabajo que aporta valor, que forma parte de la marca y de cómo te ven fuera, es decir, de la reputación
Para Domínguez Oberst, la misión del departamento que dirige es la de ser los guardianes del alma corporativa de la compañía. “Somos los que fomentamos esa cultura ética y de buenas prácticas más allá del mero cumplimiento de la ley. Nuestro objetivo es que todos hagamos bien las cosas y de manera acorde con los principios y valores de la empresa. Es un trabajo que se hace porque aporta valor y que forma parte de la marca y de cómo te ven fuera, es decir, de la reputación”, destaca.
La labor de un buen departamento de compliance también genera una seguridad jurídica que es muy interesante para terceros.
La tipología de casos e infracciones generales es amplia y normalmente está relacionada con la corrupción y el soborno de funcionarios públicos o proveedores, aunque también con el fraude interno. “Las leyes hay que cumplirlas porque lo que está en juego es la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Porque las multas se pagan, pero los daños organizativos y reputacionales son incalculables, y más ahora con las redes sociales y en una realidad en la que todo está conectado. El riesgo, más que económico, que también, es reputacional y sobre todo operativo, de poder seguir desarrollando la actividad. Por eso, para una universidad, como es nuestro caso, la exigencia es máxima”.
La sanción en algunas ocasiones, como en lo relativo a la protección de datos, va en función de lo que factura la empresa y es un porcentaje de sus ingresos. Google o Facebook, por ejemplo, han tenido que pagar multas millonarias por distintos incumplimientos. “La protección de datos es hoy la primera línea del compliance. La normativa es muy moderna, de 2018, y ha bebido mucho de la norma alemana”, afirma.
Un compliance officer debe conocer muy bien la empresa en la que trabaja y la actividad de negocio. “Estamos formados para diseñar planes, identificar los riesgos, la normativa que aplica a la organización y cómo le puede impactar”.
A los que quieran hacer del compliance su profesión, Domínguez Oberst les recomienda una cierta capacidad de resiliencia, de paciencia, de moderación, tener mucho temple y ser capaces de pensar a largo plazo. “El compliance es una cuestión de lustros o décadas, no de tres meses”, dice.
El compliance es una cuestión de años y no basta con un mero discurso o declaración institucional
En plena evolución de esta área cada vez más importante dentro de las empresas y en pleno cambio de la legislación, la demanda de profesionales expertos en compliance no para de crecer. “Ha aumentado sustancialmente la demanda de la posición, porque se está viendo el valor añadido que aportan. Y no solo por el análisis de riesgos y controles”.
No hay un perfil concreto y depende de las necesidades de cada empresa, del sector de actividad, de si se trata de un departamento grande o pequeño, etcétera. “Es una función multidisciplinar. Incluso conozco alguna empresa que tenía a una persona que se dedicaba solo a formar y era licenciada en Magisterio. Diseñaba las formaciones, las impartía y hacía el seguimiento. Pueden ser abogados, licenciados en ADE y hasta ingenieros”.
Para ser compliance officer se necesita cierta capacidad de análisis de la normativa, comunicar bien, mucha mano izquierda para navegar en la política de la empresa y conocer quién es quién y poder influir. Es un profesional multidisciplinar que bebe del derecho y también del mundo de los recursos humanos. “Hay que estar dispuesto a realizar investigaciones internas, que a veces son muy desagradables, o también poder representar a la empresa en un momento dado. Son perfiles que van a más en las empresas y que cada vez se van a necesitar más”.
UNIR todavía no tiene un curso específico en compliance, pero sí es una materia que se imparte en distintos títulos de la Facultad de Derecho, como el Máster Universitario en Derecho Penal Económico, donde se aborda en profundidad. “Estamos a la vanguardia en la formación de estos conocimientos y buscamos la transversalidad, qué cualquier especialista tenga conocimientos de compliance. Ese es nuestro objetivo principal como universidad”.
