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La guerra entre Rusia y Ucrania ha destapado problemas de centenares de empresas atrapadas en medio de esta cruenta disputa geopolítica. Armando Alvares, profesor del Máster en Arbitraje Internacional analiza la situación.
En una conferencia de prensa celebrada el pasado 19 de enero de 2022 fueron exhibidas fotografías tomadas por satélites en que se visualizaba la concentración de tropas rusas junto a la frontera ucraniana. Debido a eso, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a la Federación de Rusia de que tanto Estados Unidos como sus aliados adoptarían medidas enérgicas contra el país en el caso de que se verificase una incursión militar en el territorio vecino.
Dos días después, su secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró las amenazas ante Sergéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. A su vez, siguiendo la estela norteamericana, la Unión Europea ha adoptado, con sus habituales conflictos internos, decisiones que van desde el apoyo logístico y armamentístico a Ucrania hasta la reducción drástica del gas y el petróleo importados de Rusia.
A pesar de las innumerables sanciones llevadas a cabo, especialmente en el ámbito financiero (por ejemplo, la congelación de 300.000 millones de dólares de las reservas rusas de oro y divisas en bancos y entidades occidentales, la desconexión de entidades bancarias del sistema de mensajería financiera Swift, etc.), la economía rusa sigue aún potente, con una tasa de desempleo de solo el 4% y, por el momento, sin problemas de desabastecimiento.
Rusia exporta hoy mucho más hidrocarburos a China y a India (sus socios del BRICS), mientras la Unión Europea ahora importa más gas licuado de los Estados Unidos (mucho más caro) y paga aún más -mucho más – por sus importaciones de energía procedente de Rusia, apalancando notablemente la inflación en sus Estados miembros. Además de exhibir de forma socialmente terrible las limitaciones actuales del mecanismo energético europeo -y obligar a la Comisión Europea a barajar propuestas de reforma del mercado energético de la Unión Europea-, la búsqueda de nuevos proveedores de energía está reforzando regímenes como el iraní y el saudí, entre otros. Todo un éxito diplomático europeo contra las autocracias.
Sin embargo, uno de los más importantes y olvidados protagonistas de ese conflicto, en el que países y bloques de países se enzarzan en una disputa geopolítica, es la empresa o, para ser más precisos, muchos centenares de empresas comerciales de diferentes países.
Vista de la tienda después del bombardeo ruso del 15 de marzo de 2022 en Kharkiv, Ucrania.
Sea para criticar la postura rusa o para mostrar ante sus clientes una cara más acorde con la opinión pública occidental, grandes compañías multinacionales han cerrado sus negocios en el territorio de ese país afectando repentinamente a sus diversos socios comerciales (proveedores, etcétera).
En Ucrania el cierre de empresas también ha ido aumentando por razones obvias relacionadas con la inseguridad inherente a un conflicto armado. En ambos casos, buena parte de esas entidades tenían relaciones mercantiles con el exterior (importaciones o exportaciones de materias primas, productos, granos, aceite de girasol, maquinaria, equipos informáticos, etc.).
Los problemas mercantiles causados por la guerra como, por ejemplo, la imposibilidad de efectuar pagos y transferencias internacionales relacionados con la importación/exportación de bienes y productos diversos, la destrucción de almacenes, centros logísticos, o vías de comunicación, así como el bloqueo y desconexión del sistema financiero internacional, la inconvertibilidad de monedas o el cierre de actividad por diversas razones (desde la presión política, pasando por la inseguridad, las razones ideológicas o el lavado de imagen, entre otros) pueden ser solucionados legalmente mediante dos opciones básicas:
- Mediante las demandas internacionales cursadas ante órganos jurisdiccionales (normalmente tribunales del país asignado en el contrato).
- A través de los procedimientos afectos a los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), entre los que destacaría el arbitraje comercial internacional.
La primera es particularmente difícil de llevarse a cabo (¿qué empresa española o de otro país de la Unión Europea acudiría a un tribunal ruso o ucraniano en este momento?), mientras la segunda es mucho más factible, puesto que las partes pueden elegir, por ejemplo, un foro arbitral en Londres, París, Milán, Madrid, Sao Paulo… Incluso elegir el idioma, los árbitros y los procedimientos, por ejemplo, además de beneficiarse, cada vez más, de los recursos online impulsados con mayor vigor durante la primera fase de la pandemia del COVID-19. Todo eso y mucho más se puede hacer a través tanto de arbitrajes ad hoc como de arbitrajes institucionales.
En el Máster Universitario en Arbitraje Internacional de la UNIR profundizaremos en todas estas cuestiones, especialmente en la asignatura Arbitraje Comercial Internacional.
Autor: Armando Alvares García Júnior, consultor jurídico internacional y de política internacional. Posee másteres y cursos de especialización en Derecho, Economía y Relaciones Internacionales por Harvard, Lund y Ginebra, entre otros.
