Alberto Pascual García
Seis años después del Acuerdo de París la sensación general tras la Cumbre de Glasgow es la misma: los gobiernos no hacen lo suficiente por combatir los efectos de los gases de efecto invernadero.
La urgencia es extrema. O nos comprometemos seriamente por la lucha contra el cambio climático o no cumpliremos con el objetivo nº 13 de la Agenda 2030: evitar que el calentamiento global no exceda de 1,5 grados centígrados -ya vamos por 1,1ºC- y reducir en un 45% las emisiones de dióxido de carbono con respecto a 2010. Conseguirlo, implica que los gobiernos inviertan parte de sus presupuestos con inteligencia en políticas verdes. De no apostar por leyes más restrictivas a corto plazo, la huella de CO2 podría situarse en 2030 un 13,7% por encima de lo esperado, mientras que la temperatura aumentaría hasta 2,4ºC.
Para controlar con eficacia este ritmo, la ONU congregó a primeros de noviembre a los 197 países que conforman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Una reunión de la Conferencia de las Partes (COP), la número 26, que finalizó con cierto sabor amargo. Se llegó a un acuerdo, pero este resultó descafeinado, ya que en última instancia buscó satisfacer a todos por igual, por lo que hubo que ceder en favor de un cambio de terminología.
Lo que iba a ser un “abandono” del uso del carbón y las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles como medio para generar energía, acabó por convertirse en un compromiso por la “reducción” de las emisiones de forma gradual. Países como Arabia Saudí, India, Sudáfrica, Nigeria y Venezuela se mostraban en contra de la eliminación total, por lo tanto, presionaron en el último minuto para suavizar este punto. Significativo fue el momento en el que el presidente de la COP26, Alok Sharma, buscaba de un lado a otro dar con el acuerdo unánime, hasta el punto de verse obligado a pedir disculpas por no ser tan tajante en la referencia a la supresión definitiva del carbón.
Pero llegó la firma de un documento final que recomienda -no vincula- a llevar a cabo las acciones que sean necesarias para cumplir objetivos destacados como: limitar el calentamiento global, reducir la emisión de CO2 (45%) y de metano (30%), erradicar la deforestación, que países ricos dupliquen sus aportaciones para ayudar a los pobres desde 2025 o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.
Ahora son los diferentes países quienes deberán accionar medidas que desemboquen a tiempo en lograr estas metas. Lo primero, revisar en 2022 los objetivos que no han funcionado hasta el momento y reforzarlos con inversiones más realistas a través de planes a corto plazo, también llamados National Determined Contributions (NDC). Para valorar la eficacia o no de esta conferencia hemos consultado a diferentes docentes del Máster Universitario en Derecho Ambiental de UNIR, como Manuel Palomares, Alberto Olivares y Luis Felipe Granada.
Un ritmo demasiado lento
La hoja de ruta hacia la descarbonización se está demorando más de lo deseado. Tanto es así, que hasta la propia activista medioambiental sueca Greta Thunberg describió el encuentro de la ONU como un auténtico “bla, bla, bla”, en el que expresiones como “dar pequeños pasos, hacer pequeños progresos o ganar lentamente” solo indican el derrotismo frente a lo que se estaba debatiendo: el futuro climático. No fue la única en criticarlo, de hecho, organizaciones como Oxfam o Amnistía Internacional han denunciado que, a pesar de avanzar en la dirección correcta, las acciones son insuficientes.
Cuando leemos detenidamente cada una de las conclusiones del acuerdo de la COP26 de Glasgow contra el cambio climático, puede que parezca poco ambicioso o incluso etéreo, así que todo dependerá de cómo se implementen estas medidas en un futuro cercano. De esta manera, se podrá comprobar si fueron o no suficientes o si dieron lugar a una nueva etapa para la acción por el clima.
En este sentido, para el profesor Manuel Palomares, estos acuerdos deberían ser obligatorios y contar con un sistema de control: “La experiencia nos dice que la utilidad de estos eventos es indirecta, porque rinde más en la concienciación del individuo en el ámbito particular que en la actitud de los propios Estados. Esto es muy importante, pues crea una conciencia de voto ambiental que hace que los programas y gobiernos venideros sean los que aporten compromisos verdes”.
¿Y cómo de comprometido está el Gobierno español? Para el docente Alberto Olivares, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha tomado en serio la estrategia climática: “Con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se ha diseñado un marco general para el acompañamiento de la transición ecológica. Además, nuestro país ha dejado de otorgar nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, así como nuevos permisos de investigación, para todo el territorio nacional. En cuanto a medidas a corto plazo, el presidente del Gobierno anunció en la COP26 que aumentará la financiación climática hasta en un 50%”.
Mayor compromiso, mejores políticas
Si el Acuerdo de París, en su día, logró que tomáramos una mayor concienciación sobre la responsabilidad ante el cambio climático, ¿por qué los países no son capaces de anteponer estas políticas verdes en su agenda seis años después? Según el equipo docente del Máster Universitario en Derecho Ambiental es importante que exista una estrategia global clara que anime a los diferentes gobiernos a caminar en la buena dirección. Esto pasaría, por ejemplo, por incentivar o multar a las empresas según su conducta, ya sea adecuada o contraria al cambio climático.
No obstante, a juicio de Alberto Olivares, el tiempo juega en contra de esta política de incentivos para modificar hábitos: “Es necesario un marco jurídico internacional más robusto y que incorpore sanciones más graves para los países y las empresas que no inicien sus propias transiciones hacia un modelo de desarrollo sostenible con enfoque climático. Como sus normas no son vinculantes, la CMNUCC se centra en hacer más atractiva la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, que sea más rentable”.
Esa concienciación no es solo cuestión de leyes, sino también de educación, por lo tanto, es importante que los seres humanos seamos coherentes con la protección, preservación y conservación del planeta. Más aún, que sean conscientes de que existen países donde la defensa de políticas medioambientales pueden ser motivo de muerte, como nos cuenta el profesor colombiano Luis Felipe Granada: “Colombia es uno de los países con más alto índice de homicidios de líderes ambientales en el mundo. ¿Su pecado? Manifestarse para proteger los ecosistemas y toda la biodiversidad que allí se sustenta. Mi frustración se convierte en indignación y repudio ante los tomadores de decisiones en esta materia, que en mi opinión, se limitan a reprimir y acallar estas voces”.
Formación legal en Derecho Ambiental
Desde el Máster Universitario en Derecho Ambiental se busca que seas experto en todas las temáticas relacionadas con el cambio climático y la protección del medio ambiente, siempre desde una perspectiva colaborativa e integral. Por lo tanto, no existe ninguna asignatura del título en la que lo hablado en la COP26 pueda quedar fuera.
“Tanto mis compañeros de claustro como yo usamos a diario ejemplos reales de actualidad ambiental para dar ese plus de utilidad de la materia que impartimos. Los alumnos lo agradecen porque ven que el contenido trasciende del temario al día a día, y este es uno de los atractivos del máster”, explica Manuel Palomares.
Entre los perfiles que habitualmente llegan a las aulas virtuales de UNIR buscando este tipo de estudios nos encontramos con personas con un amplio y variado bagaje. Entre ellos:
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Lucha por los derechos ambientales desde UNIR.
