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En la UE cada país define la normativa aplicable en monedas virtuales. En el caso de España no existe por el momento legislación específica, pero se han dado unos primeros pasos.
Bitcoin, ethereum, ripple, dogecoin, binance… En los últimos años, las criptomonedas han ganado popularidad y, bien se utilicen como activo de inversión o como divisa digital, tanto los inversores como los ciudadanos las tienen cada día más presentes. Sin embargo, el Derecho aplicable a las criptomonedas está aún en desarrollo.
Una criptomoneda es una moneda virtual, sin soporte físico, creada al margen de los sistemas y reguladores tradicionales, por lo que no cuentan con el respaldo de un banco central ni están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como puede ser el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.
Bitcoin fue la pionera de las criptomonedas y, desde su nacimiento en 2009, no han parado de crecer ni en tipos ni en popularidad. Precisamente, al desarrollarse al margen del sistema, el derecho de cada país ha tardado en empezar a regular distintas facetas que afectan a los ciudadanos.
Regulación de los criptoactivos y derivados
En la actualidad, no existe una norma concreta desarrollada para regular los criptoactivos y sus derivados. El impacto que están teniendo en los últimos años ha hecho que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE) alerten de los riesgos de las finanzas descentralizadas, es decir, aquellas que se desarrollan sin la supervisión de un regulador y sin intermediarios financieros.
La opacidad con la que han sido creados estos activos digitales facilita su intercambio de forma anónima y sin que se pueda determinar el marco legislativo aplicable ligado, por ejemplo, al territorio de residencia del dueño de la criptomoneda.
Además de su elevada volatilidad o la ausencia de un regulador que fije las normas del juego y proteja a los inversores, las autoridades tienen su mira puesta también en la evasión de impuestos, blanqueo de capitales y su uso para financiar actividades delictivas. Estas razones están impulsando el desarrollo de distintas medidas que ayudan a componer el actual derecho de las criptomonedas a nivel europeo y español.
Mientras la Autoridad bancaria Europea (EBA) prepara la publicación del Reglamento MICA, la primera regulación sobre criptoactivos, las criptomonedas son activos legales en la Unión Europea y cada país miembro define la legislación aplicable a su tributación e intercambio entre la moneda fiat o dinero fiduciario y las criptodivisas.
Legislación aplicable a las criptomonedas en España
En España no existe por el momento legislación específica desarrollada para regular las criptomonedas, pero se han dado unos primeros pasos. En 2019, Hacienda alertaba a los ciudadanos en la Campaña de la Renta de que los beneficios obtenidos por la inversión en este tipo de activos digitales debía declararse e incluirse en la partida de otras ganancias patrimoniales.
Más tarde, en 2021, el Gobierno español traspuso al ordenamiento nacional la V Directiva contra el blanqueo de capitales aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2018.
Así, a través de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se señalan claramente las obligaciones de los contribuyentes respecto a las criptomonedas, así como las de aquellos que presten servicios relacionados con estos activos digitales, por ejemplo, los servicios de cambio o de almacenamiento como los monederos electrónicos.
Además, esta ley ofrece ya la primera definición de criptomoneda para el derecho español: “Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente”.
Esta norma ha sido de gran relevancia como primer paso para crear un marco legislativo aplicable a las criptomonedas porque, además de esa definición, especifica unas obligaciones para todas las entidades que desarrollen actividades ligadas con las criptomonedas. Así, la norma establece que los operadores de servicios de criptomoneda tendrán que establecer e implantar medidas de prevención de blanqueo de capitales y para hacerlo tendrán que:
- Identificar a sus clientes.
- Solicitar justificación del origen de los fondos con los que van a operar.
- Estar registrados como operador de criptomonedas en el Banco de España.
El vacío legal en el que viven las criptomonedas las convierten en activos de elevado riesgo y fuera del control de las autoridades. Para los expertos, su regulación permitiría ofrecer mayor seguridad jurídica a aquellos que decidan invertir o intercambiar dinero corriente para utilizarlas como medio de pago.
En una sociedad que cada día se apoya más en el entorno digital, contar con las habilidades y herramientas para ofrecer el mejor asesoramiento legal será un factor clave para el éxito como abogado. Por eso, la especialización en derecho digital está entre las más demandadas.
Desde el asesoramiento tributario y penal sobre las criptomonedas, hasta la prevención de la ciberdelincuencia, los alumnos del Máster en Derecho Digital de UNIR se preparan para desarrollar su actividad profesional con eficacia en los ámbitos con mayor proyección en el ámbito legal.
