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El derecho informático o tecnológico está compuesto por las normas que regulan desde los delitos informáticos hasta la protección de la propiedad intelectual o de los datos personales.
El derecho informático o tecnológico se refiere al grupo de normas que regulan el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la sociedad. La evolución de las TIC ha transformado la sociedad y la manera de gestionar las empresas y organizaciones de cualquier ámbito: desde la educación a la sanidad, pasando por la forma en que los ciudadanos se relacionan entre sí y con la Administración.
Para dar protección y respuesta legal a las situaciones y conflictos que puedan surgir es necesario que el marco jurídico evolucione también y así proporcionar a la Justicia y a las autoridades las herramientas para evitar, perseguir y castigar posibles abusos y delitos. Esta es la razón de ser del derecho informático o derecho de las nuevas tecnologías.
A diferencia del derecho civil o penal, que tienen su código específico como norma principal, el derecho informático no es una rama jurídica como tal, sino que se compone de un abanico de normas que regulan materias que van desde los delitos cometidos a través de medios informáticos hasta los derechos de propiedad intelectual o el tratamiento y protección de los datos personales.
Por eso, el ámbito de aplicación del derecho informático es muy amplio. Así, además de los delitos cometidos a través de medios informáticos, este grupo de normas buscará:
- Proteger la privacidad, el honor y la propia imagen de las personas en su uso y relación a través de Internet.
- Proteger los datos personales y sensibles.
- Establecer un marco seguro para el despliegue de publicidad online.
- Otorgar un espacio seguro para el uso de redes sociales, para la realización de operaciones de comercio electrónico y trámites telemáticos a través de firmas y certificados digitales, entre otros aspectos.
Una de las normas que forman parte del bloque que compone el derecho informático es el Código Penal, que se encarga de recoger aquellas acciones que se consideran delito informático.
Entre los delitos informáticos encontramos, por ejemplo:
- El fraude mediante el uso de ordenador.
- El uso no autorizado de datos y sistemas informáticos.
- La destrucción de programas y datos.
- El ciberacoso sexual.
La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales es otro texto fundamental en este ámbito. Esta norma se encarga de regular el tratamiento de los datos personales dentro y fuera de Internet, con el objetivo de reducir los riesgos de acoso o extorsión.
Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual se encarga de establecer los instrumentos para responder a las vulneraciones de estos derechos también en el entorno digital.
¿Cómo especializarte en derecho informático o tecnológico?
En la actualidad, tanto los despachos como las entidades públicas tienen una alta demanda de abogados especializados en derecho digital o de las nuevas tecnologías de la información. Estos profesionales están cualificados para asesorar en la implantación o el desarrollo de las nuevas tecnologías y dar una respuesta adecuada a cualquier conflicto o vulneración de los derechos de personas y entidades jurídicas.
Más allá de los conocimientos que se adquieren en el Grado en Derecho, los juristas pueden especializarse en derecho de las nuevas tecnologías con un posgrado específico como el Máster en Derecho Digital que ofrece UNIR. Este programa está orientado a abogados en activo, pero tratándose de un máster oficial, también pueden acceder los profesionales de otras disciplinas, siempre que cumplan alguna de estas condiciones:
- Acreditar una experiencia laboral mínima relacionada con el ámbito de conocimiento del Derecho Digital.
- Acreditar 6 ECTS de formación jurídica y cursar previamente una serie de materias como complemento de formación.
Si lo que buscas es actualizar tu formación jurídica orientándote hacia las potenciales aplicaciones de las tecnologías aplicadas al ejercicio del derecho y sus implicaciones, el Máster en Legaltech de UNIR es el programa a tu medida.
Este posgrado, de 16 semanas de duración, permite profundizar en conceptos como el blockchain y smart legal contracts, automatización de contratos, digitalización documental o las herramientas de gestión del trabajo con clientes que los despachos de abogado pueden implementar para su labor. Además, proporciona herramientas de gran utilidad para los abogados en activo como las técnicas de captación de clientes, creación de marca y posicionamiento para atraer al nuevo consumidor jurídico online; la aplicación de nuevas metodologías de innovación (legal design thinking y legal project management); o los nuevos métodos para buscar proveedores de servicios jurídicos.