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El derecho local aborda el estudio y funcionamiento de las entidades locales, es decir, de municipios, provincias, islas y otros territorios con este carácter.
El derecho local es el nombre que toma la rama jurídica que aborda el estudio del funcionamiento y régimen de las entidades locales. La Constitución Española de 1978 establece que la organización territorial del Estado se configura con municipios, provincias y comunidades autónomas, reconociendo y garantizando a cada unidad la autonomía para gestionar sus respectivos intereses.
Los entes locales son unidades territoriales administrativas con personalidad jurídica para obrar. Están reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconoce como entidades locales:
- El municipio.
- La provincia.
- La isla, en el caso de los archipiélagos balear y canario.
Además, tendrán también carácter de entidad local:
- Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de acuerdo a la ley y a su Estatuto de Autonomía.
- Las áreas metropolitanas.
- Las mancomunidades de municipios.
El principio de autonomía es uno de los pilares fundamentales de la estructura jurídico-administrativa del Estado español y, por ende, del derecho local. La Constitución recoge de forma específica esta autonomía de las entidades locales, señalando que tanto los municipios como las provincias disponen de personalidad jurídica propia y capacidad para gestionar sus intereses en su ámbito territorial, conforme siempre al marco jurídico vigente.
Los municipios son las unidades básicas de organización territorial del Estado. Para ser considerado municipio debe contar con un territorio sobre el que su ayuntamiento ejerce sus competencias, un grupo de vecinos que residen en ese territorio y un órgano de gobierno organizado que será elegido por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Así, el ayuntamiento, que forman el alcalde y los concejales, se encarga de gestionar de forma autónoma los intereses comunes de los vecinos que residen en su término municipal.
La provincia es el siguiente nivel administrativo en términos de entidades locales. Está formada por la agrupación de municipios y, como decíamos, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que utiliza a través de su órgano de gobierno, la diputación, para garantizar que se prestan de forma adecuada todos los servicios de competencia municipal y para actuar de eslabón en la coordinación de la Administración local con la comunidad autónoma a la que pertenece y con el Estado central.
En Baleares y Canarias encontramos también esta división territorial. Cada isla es una entidad local con personalidad jurídica propia que gestiona sus intereses. Cada isla cuenta con un consejo o cabildo insular como órgano de gobierno.
¿Qué competencias reconoce la ley a las entidades locales en el contexto del derecho local? Como administraciones públicas de carácter territorial, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que son competencias de municipios, provincias e islas aspectos como:
- La potestad reglamentaria y de autoorganización.
- La potestad tributaria y financiera.
- La potestad expropiatoria, de deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
- La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
Fuentes del derecho local
Además de la norma que regula las Bases del Régimen Local, hay una batería normativa que afecta a estas entidades locales como la Ley de Haciendas Locales o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Además, algunas materias recogidas en la Ley 7/1985 han sido desarrolladas vía reglamento, como es el caso del estatus de los bienes en posesión de las entidades locales, el régimen aplicable a su población, la demarcación territorial, la organización y funcionamiento de estas unidades territoriales.
Como podemos observar, el derecho local está formado por una amplia y compleja batería de normas que abordan parcelas específicas de la organización y funcionamiento de las entidades locales. Pero también incluye áreas comunes con la regulación administrativa de otras esferas del Estado, como por ejemplo lo referente al procedimiento administrativo o las vías de actuación de las entidades en el ejercicio de su autonomía en ámbitos como el urbanismo o el establecimiento de servicios.
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