UNIR Revista
Diferenciando entre la vertiente pública y la privada, cada país regula las relaciones, derechos y deberes que se desarrollan en el mar. En UNIR abordamos el derecho marítimo y su ámbito de aplicación.
Las imágenes de grandes cruceros como medio de transporte entre Europa, Asia y América son parte de la cultura popular. Los barcos en que partieron los conquistadores europeos en el siglo XV, los lujosos cruceros que salían del viejo continente en el siglo XIX hacia la naciente América, los buques mercantes encargados de traer valiosas mercancías desde los lugares más remotos de Asia e, incluso, las batallas históricas que han tenido lugar en el mar para controlar sus recursos o conquistar territorios.
Las relaciones y obligaciones derivadas de los distintos usos del mar han impulsado el desarrollo de distintas normas nacionales e internacionales para proteger los intereses de todas las partes.
¿De qué se encarga el derecho marítimo?
El derecho marítimo aborda la vertiente privada de las relaciones que pueden desarrollarse en el mar, es decir, es la rama jurídica que se encarga de regular el comercio y la navegación en alta mar y en las aguas navegables de un país. Se considera una rama especial derivada del derecho mercantil y su corpus legislativo principal nace del propio Código de Comercio, evolucionando hasta la actual normativa específica sobre navegación marítima.
Como decíamos, el uso del mar tiene también una vertiente jurídica de orden público. El derecho internacional público se encargará de regular las relaciones entre los distintos Estados soberanos y entre la Administración y los ciudadanos, nacionales y de otros países, que puedan surgir en el mar. Así, el conjunto de normas que abordan lo que se conoce como derecho del mar y, a diferencia del derecho marítimo, establecen los derechos y deberes que rigen sobre el espacio marino que corresponde a cada Estado y cómo afecta a las relaciones con otros Estados. Conforma el marco jurídico fundamental para aspectos como la soberanía y la jurisdicción de cada país de cara a realizar actividades como la navegación, sobrevuelo, pesca, investigaciones científicas en el lecho marino o la protección del medioambiente en los diferentes tramos territoriales en que se divide el mar en función de su distancia a la costa.
Esta doble vertiente pública y privada ha hecho que España acumule a lo largo de los años un amplio conjunto de instrumentos jurídicos que regulan distintos aspectos de las relaciones en el mar, desde convenios internacionales que se centran en el derecho del mar hasta la propia normativa interna para regular el comercio. Los juristas coinciden en destacar que el corpus legislativo español se había quedado obsoleto y que la multiplicidad de fuentes generaba contradicciones con compleja resolución práctica.
Ley de Navegación Marítima y su ámbito de aplicación
La regulación del derecho marítimo español alcanzó un punto de inflexión en 2014 con la entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima. Esta norma, que tardó más de una década en elaborarse y tramitarse, nació no solo para reformar y actualizar la legislación que se aplica a este ámbito, sino con el objetivo de unificar y despejar las contradicciones que se producían en algunos aspectos debido a la vigencia simultánea de convenios internacionales que España ha suscrito y la aplicación de preceptos del Código de Comercio y otros dispersos en distintos cuerpos legislativos.
Desde su entrada en vigor, la Ley de Navegación Marítima se ha convertido en el marco regulador de todas las actividades propias del tráfico marítimo, dejando atrás los preceptos del Libro III del Código de Comercio de 1885 que regía hasta el momento de forma principal. Su carácter unificador ha hecho que la norma aborde prácticamente todos los aspectos de la navegación, con aspectos que conciernen tanto al derecho público como privado.
El ámbito de aplicación del Derecho marítimo será, por tanto, todas las actividades propias del tráfico marítimo realizadas por empresas y particulares, entendiendo por tal desde el propio medio geográfico y los espacios físicos que lo hacen posible, así como los instrumentos, personal y vehículos necesarios.
Por ejemplo, pensemos en el comercio moderno de mercancías y en las grandes navieras internacionales que trabajan para mover cargamentos entre los distintos continentes. Las empresas o particulares al frente de un buque de pasajeros o de carga necesitan interactuar con las autoridades de un país para realizar su labor: desde cumplir con las normas para pedir el acceso a un puerto y utilizar sus instalaciones para transportar su mercancía, hasta respetar los trámites de aduanas, seguridad y gestión de pasajeros. Además, pueden surgir accidentes en alta mar o en las zonas costeras de un país y será necesario establecer responsabilidades.
La norma marítima actual se encargará de abordar estos aspectos y redirigir hacia las normas internacionales pertinentes en caso necesario. La Ley de Navegación es eficaz frente a buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en alguna de las aguas sobre las que España tiene soberanía, sin perjuicio del respeto a las normas que ha de respetar cada navío en función de su bandera de pabellón, y se extiende hacia las aguas interiores (ríos, canales, lagos o embalses naturales o artificiales) que sean accesibles por buques desde el mar hasta puertos de interés general.
El derecho marítimo es una especialidad de gran relevancia en las relaciones económicas actuales. Si has estudiado Derecho y quieres ejercer como abogado especializado en esta rama, una de las sendas de formación adecuadas es el Máster Universitario en Derecho del Comercio Internacional. Este programa de postgrado ofrece una visión global de las áreas involucradas en los negocios internacionales, capacitando a sus alumnos para ejercer como expertos tanto en despachos de abogados como en empresas exportadoras, aduanas, aeropuertos, puertos, navieras o como consultores en firmas especializadas en comercio internacional.
