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El derecho penitenciario es una disciplina jurídica relativamente reciente y está orientado a la reinserción de los reos en la sociedad tras el cumplimiento de la pena impuesta.
El derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas y no privativas de libertad. El sistema penal español está orientado a la reeducación y reinserción social de las personas que son condenadas por la comisión de delitos, y el derecho penitenciario es el marco legal que impulsa y vela por el cumplimiento de medidas que persiguen estos objetivos. Es, por tanto, el conjunto de normas que regulan la relación jurídica que surge entre el Estado y los reos detenidos y presos.
El desarrollo de esta disciplina se intensificó durante el siglo XIX, cuando las penas privativas de libertad ganan relevancia y empieza a observarse la necesidad de regular la forma en que se cumplen esas medidas punitivas.
Para parte de los juristas, el derecho penitenciario es una parte del derecho penal o del derecho procesal penal, ya que entra en acción cuando acaba un proceso y el Estado tiene que velar porque el condenado cumpla la pena impuesta, sea pecuniaria además de privativa o no de libertad, y por el respeto de sus derechos fundamentales. Para otra parte de la doctrina, en cambio, se trata ya de una rama independiente del derecho.
El derecho penitenciario español actual encuentra su razón de ser en la Constitución y en la propia estructura del derecho penal, orientado a la reinserción de los reos en la sociedad tras el cumplimiento de la pena que el juez o tribunal le ha impuesto por los delitos cometidos.
La Constitución de 1978 lo establece así:
- Por un lado, como derecho fundamental de todas las personas, establece que nadie puede ser sometido a tortura, pena o trato inhumano, aboliendo expresamente la pena de muerte.
- Por otro, marca que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan siempre a la reeducación y reinserción social, prohibiendo los trabajos forzados y subrayando que, aunque una persona esté en prisión, gozará de los mismos derechos fundamentales.
Este mandato constitucional lo que hace es establecer un marco jurídico que el Estado, responsable de las personas encarceladas, ha de cumplir. Para ello, se debe garantizar que las personas que cumplen condena privativa de libertad tienen acceso a asistencia legal, educación, formación profesional, salud y toda aquella herramienta orientada al desarrollo de su personalidad con el fin de lograr que se reinserte en la sociedad y cese en su actividad delictiva. La privación de estos derechos mientras se cumple pena en la cárcel debe estar justificada mediante decisión judicial, como recoge la Ley General Penitenciaria.
¿Cuál es el ámbito de aplicación del derecho penitenciario?
A la hora de estructurar el sistema penal español podemos pensar en tres pilares básicos:
- El derecho penal, que es el código que establece los actos considerados delito y sus penas.
- El derecho procesal penal, que regula la vía para enjuiciar a las personas por la infracción de normas penales.
- El derecho penitenciario, que está compuesto por el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas y no privativas de libertad.
Esta rama jurídica, por tanto, abordará cuestiones como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, pero también aspectos paralelos que afectan a otros derechos del ciudadano —salud, derechos civiles y laborales que no hayan sido anulados por la sentencia penal, la forma en que deben realizarse los traslados entre dependencias penitenciarias, asistencia religiosa, etc.— y la estructura y tipos de establecimientos penitenciarios y las medidas que deben impulsar y respetar para dar cumplimiento a su fin primordial, la reeducación y reinserción social.
La defensa de los derechos de las personas condenadas en un proceso penal, estén o no internadas en un centro penitenciario, es quizá una de las ramas jurídicas menos conocida. Aun así, es una salida laboral a tener en cuenta para los graduados en Derecho, no solo como abogados especializados en esta materia o, por ejemplo, en Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, sino preparando la oposición para acceder a un puesto de juez de vigilancia penitenciaria. Estos jueces son los que tienen atribuciones para hacer que se cumpla la pena impuesta y quienes actúan para salvaguardar los derechos de los internos y corregir abusos que puedan producirse por parte de los órganos administrativos penitenciarios.
