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El derecho positivo es la materialización escrita de las normas que emanan de la autoridad competente y que dicha autoridad reconoce y aplica en un momento determinado.
El derecho positivo es toda aquella norma que está escrita en un Estado o comunidad que esté vigente en un momento dado, independientemente de su fuente. Es decir, es el conjunto de normas jurídicas que emanan del Poder Legislativo y que, como tal, quedan plasmadas por escrito una vez cumplidas las condiciones que marca cada Estado para su aprobación, ratificación, promulgación y sanción, según corresponda, siempre dentro del marco que establece la constitución de un país.
El derecho positivo o derecho constituido, por tanto, está formado por el conjunto de reglas o normas que, por estar en vigor, deben aplicarse cuando sea pertinente con la garantía del Estado. El derecho positivo es, en consecuencia, la materialización escrita de las normas que emanan de la autoridad competente y que dicha autoridad reconoce y aplica en un momento determinado. Esta materialización escrita se realiza a través de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, jurisprudencia y doctrina, y cualquiera que tenga un interés jurídico que proteger puede exigir su aplicación por encontrarse vigentes.
La vigencia del derecho positivo se refiere a que la norma sea válida, eficaz y aplicable en un momento concreto, no habiendo sido derogada por otra norma posterior y, por tanto, sea obligatorio seguir su mandato. Es decir, la norma puede desplegar los efectos jurídicos para los que ha sido aprobada y los jueces y tribunales deben aplicar su contenido. El derecho positivo abarca las normas vigentes y las no vigentes, pero solo las vigentes serán de aplicación. Por ejemplo, una ley promulgada que ya no se aplica por haberse legislado la misma materia con posterioridad o, como en el caso del derecho romano, que son preceptos históricos no vigentes, pero forman parte del derecho positivo también.
El conjunto de normas que forman el derecho positivo y que aplica la autoridad pública se agrupan en ramas del derecho, conocidas como derecho privado y derecho público. Estas hacen referencia a las normas que regulan los asuntos privados de las personas, como el derecho civil, el mercantil o el penal; o que establecen el marco jurídico para la vida pública del Estado, como son el derecho administrativo o el constitucional. Cada una de estas ramas tiene su independencia y sustantividad legislativa.
Derecho positivista
El derecho positivista deriva de la corriente filosófica del iuspositivismo o positivismo, que considera que el único derecho que es válido y puede aplicarse es el que ha sido creado por el ser humano. Así, los positivistas defienden que la norma escrita que nace del consenso social, a través del órgano legislativo que corresponda, respetará las necesidades de la comunidad en ese momento histórico con un objetivo: alcanzar el bienestar social.
De acuerdo con el positivismo, el derecho debe plasmarse por escrito para que sea legítimo aplicarlo. Esta legitimidad es la característica del derecho que permite garantizar la convivencia pacífica dentro de una comunidad que se ampara bajo el marco legislativo que establece un Estado.
Para muchos juristas, el derecho positivo se contrapone al derecho natural y consuetudinario. El primero es el conjunto de normas y principios jurídicos que emanan de la naturaleza misma del ser humano, son universales e inmutables y no procede de ningún legislador. Es, además, anterior al derecho consuetudinario, que es el grupo de normas y principios cuya fuente es la costumbre, es decir, un comportamiento que se repite durante el tiempo suficiente para convertirse en práctica obligada que debe aplicarse cuando no hay una norma escrita.
Es decir, la principal diferencia entre la corriente del iuspositivismo y el iusnaturalismo es la distinta creencia sobre el origen del derecho: mientras que para los naturalistas, la ley es natural al ser humano y es inmutable; para los positivistas, el derecho es una creación del ser humano que obedece a un pacto social y tiene como objetivo garantizar la convivencia en armonía. El hombre crea el Estado y, con él, los poderes desde los cuales expresa la soberanía del pueblo y su voluntad de crear un marco jurídico que lo gobierne.
Este origen hace que el derecho positivo tenga capacidad de transformación, que sea mutable: si las circunstancias de un Estado cambian, bien por evolución social o por circunstancias económicas o políticas, el marco jurídico puede evolucionar también mediante la aprobación de una nueva norma.
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