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Desde el derecho a trabajar y hacerlo en condiciones justas e igualitarias, hasta el derecho a la educación, los derechos sociales promueven la construcción de una sociedad más justa e integradora.
El Derecho Social es la rama jurídica que promueve unas condiciones de vida dignas para los ciudadanos, con el fin último de construir una sociedad más justa e integradora. Están diseñados, por tanto, para abordar las situaciones de desventaja social o económica, y garantizar un terreno mínimo en el que desarrollarse como individuo y en sociedad.
Los derechos sociales que se reconocen por la gran mayoría de los países en el mundo están recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este tratado multilateral, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y en vigor desde 1976, establece mecanismos para la protección y garantía de estos derechos, y los más de 160 Estados que forman parte del tratado se comprometen a trabajar para la concesión de derechos económicos, sociales y culturales a las personas, incluidos los derechos laborales, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
Este pacto, junto con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se denominan Pactos de Nueva York. Ambos tienen carácter vinculante y se encargan de desarrollar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), estableciendo las obligaciones jurídicas y los mecanismos para vigilar su cumplimiento por parte de los Estados parte.
Los tres instrumentos (PIDESC, PIDCP y DUDH) junto con sus protocolos facultativos son el conjunto de instrumentos que forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Apuntar que los Derechos Humanos se definen como facultades inherentes a la persona y son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables.
El grupo de derechos sociales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abarca materias como:
- Derecho a trabajar y a elegir libremente un empleo.
- Igualdad entre hombres y mujeres, también en el plano salarial.
- Derecho de sindicación y huelga.
- Derecho a la seguridad social (que se materializa en mecanismos como las prestaciones de desempleo o por baja laboral, las pensiones de jubilación o la cobertura de la maternidad y paternidad, por ejemplo).
- Protección de la infancia y la adolescencia.
- Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria.
- Libertad para establecer y dirigir instituciones de enseñanza.
- Libertad de los padres o tutores para escoger la escuela de sus hijos o pupilos y de hacer que reciban la educación moral o religiosa en línea con sus convicciones.
- Derecho a la salud a través de la asistencia sanitaria pública.
- Derecho a participar en la vida cultural, con libertad para realizar investigación científica y actividad creadora.
Con posterioridad a la aprobación del pacto se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que supervisa su cumplimiento y está formado por 18 expertos independientes. Los Estados parte del pacto tienen la obligación de informar al Comité sobre la aplicación del mismo y, sobre esa información, se elaboran recomendaciones.
¿Qué organismo vela por los derechos sociales?
En un plano más amplio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU es el organismo encargado de la promoción y protección de estos derechos. El Alto Comisionado se encarga tanto de apoyar las misiones de mantenimiento de paz en varios países como de realizar declaraciones sobre la situación que atraviesan diversos países y que ponen en riesgo su vigencia.
Además, en el plano nacional, el sistema jurídico de cada país cuenta con mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos o fundamentales que recoge su legislación en cumplimiento de estos tratados internacionales. En el caso de España, por ejemplo, la Constitución establece la vía para que cualquier ciudadano solicite la tutela de los derechos y libertades que recoge la Carta Magna. Según el derecho vulnerado, se acudirá a la jurisdicción civil, laboral, contencioso-administrativa o, directamente, al Tribunal Constitucional.
Los Derechos humanos como rama de especialización
La especialización en una materia tan compleja como relevante como son los Derechos Humanos abre la puerta a un amplio horizonte laboral tanto en el ámbito público como el privado. El contexto global en el que se desarrolla la economía y los vínculos sociales han puesto en primera línea a los expertos en Derechos Humanos capaces de comprender y desglosar las problemáticas actuales y proporcionar soluciones con distintos alcances, desde lo local hasta lo internacional.
Un Máster en Derechos Humanos permite a sus alumnos profundizar en este ámbito jurídico, en los sistemas de protección de estos derechos y prepararse para abordar desde el ámbito profesional los desafíos que plantean los conflictos sociales que pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos a nivel nacional e internacional. El plan de estudios abarca desde la problemática actual en materia de Derechos Humanos hasta los sistemas internacionales desarrollados para su protección y los mecanismos de justicia transicional.
Este título está orientado a los graduados universitarios en Derecho, Economía, Administración de Empresas o Ciencias Políticas, y ofrece una formación práctica e integral que dota de las competencias necesarias para que los egresados orienten su profesión hacia el asesoramiento en materia de derechos humanos.
