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Los derechos digitales protegen la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos en sus acciones e interacciones a través de Internet.
La tecnología e Internet han transformado la sociedad en la que vivimos, desde cómo nos relacionamos hasta la forma en que trabajamos. El entorno digital ha impulsado la adaptación de las normas existentes y la creación de otras nuevas con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos, personas jurídicas y las Administraciones públicas, dando lugar a una nueva esfera jurídica: los derechos digitales.
Una definición amplia de los derechos digitales es la que los interpreta como una extensión de los derechos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trasladada al entorno online.
En lo particular, entendemos por derechos digitales aquellos que, en íntima conexión con ámbitos como la libertad de expresión y la privacidad, permiten a las personas acceder, utilizar, crear y publicar medios digitales, y utilizar cualquier dispositivo electrónico y redes de comunicación.
El alcance de los derechos digitales
En general, los derechos digitales abarcan materias como:
Acceso universal e igualitario a Internet
Independientemente de la ubicación geográfica, ingresos o capacidades de una persona, ya que se considera esencial para garantizar la libertad de expresión.
Libertad de expresión, comunicación e información
Se trata de derechos humanos básicos expuestos a violación si los gobiernos bloquean sitios web, redes sociales o el acceso a Internet de los ciudadanos.
Privacidad y protección de datos
El uso de Internet implica con frecuencia para un usuario compartir distintos niveles de información personal. Una persona tiene que ser capaz de controlar quién almacena su información y elegir si desea eliminarla en cualquier momento.
Propiedad intelectual
La creación de contenidos, obra artística o desarrollo de software, por poner algunos ejemplos, debe estar también protegido en el entorno digital.
Derecho al olvido
Supone que una persona pueda borrar información privada de los motores de búsqueda, bases de datos y directorios.
Protección del menor
Los gobiernos velarán por la protección de la infancia en Internet y para que las compañías garanticen los accesos seguros sin infringir los derechos de los niños.
La protección de estas materias a través de los derechos digitales tiene como objetivo que los ciudadanos accedan de forma segura a Internet, evitar la brecha digital, y que los derechos y libertades de los individuos queden protegidos en el ámbito digital.
Regulación de los derechos digitales en España
En 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la norma promulgada por la Unión Europea que da protección a las personas físicas en el tratamiento y libre circulación de sus datos personales. Este reglamento europeo, que se aplica desde 2018 tras un periodo de adaptación para los Estados miembro y sus diversos actores económicos e instituciones, dejó obsoleta la norma española de protección de datos que estaba en vigor desde 1999. Para adaptarse al nuevo marco europeo, el Parlamento español aprobó a finales de 2018 la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Esta norma recoge derechos que ya estaban regulados anteriormente, como el libre acceso a Internet, la neutralidad de la red o el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y añade nuevos derechos digitales que abarcan tanto el ámbito privado como el entorno laboral. Además, especifica que los derechos y libertades incluidos en la Constitución Española y en aquellos Tratados Internacionales de los que España es parte son también plenamente aplicables a la esfera digital.
Los derechos digitales que regula la Ley Orgánica española pueden agruparse en tres ámbitos:
Derechos en Internet
Como el derecho al olvido; a la neutralidad de Internet; a otorgar testamento digital; a la portabilidad de los datos personales; a la libertad de expresión y veracidad informativa; el derecho al honor y a la propia imagen; y la propiedad intelectual.
Ámbito laboral
Derecho a la desconexión digital y el derecho a la intimidad en el uso de cámaras o sistemas de geolocalización.
Menores de edad
Derecho a la educación digital y consentimiento para tratar sus datos.
Estos derechos digitales son de aplicación para todos los ciudadanos y personas jurídicas, incluidos específicamente los proveedores y prestadores de servicios en Internet.
Además, en 2021, el Gobierno de España adoptó en 2021 la Carta de Derechos Digitales. Aunque este instrumento no tiene carácter normativo, sí sirve de marco de referencia para garantizar los derechos de la ciudadanía en el actual contexto digital. Su objetivo es, por tanto, subrayar los desafíos que implica adaptar los derechos actuales de los ciudadanos al entorno virtual y digital.
¿Cómo especializarte en Derecho digital?
La especialización en derecho digital ha ganado relevancia en los últimos años. El claro impacto que tiene Internet y la tecnología en las distintas esferas de la vida de una persona y cómo las empresas han de cumplir con ciertos aspectos para no vulnerar sus derechos, hace cada vez más necesario contar con un experto en esta rama jurídica capaz de proporcionar asesoramiento legal en ámbitos que van desde la contratación electrónica y el comercio electrónico hasta la transformación digital de industrias, compliance o prevención de la ciberdelincuencia.
Para especializarse en derecho digital, la opción más interesante para los abogados en activo o los graduados en Derecho que quieran optar por esta rama directamente es realizar un posgrado como el Máster en Derecho Digital de UNIR. Este programa tiene como objetivo profundizar de forma interdisciplinar y transversal en materias vinculadas a la Innovación Jurídica Digital y permite a sus estudiantes adquirir las habilidades, herramientas y conocimientos necesarios para participar en proyectos de innovación jurídica tecnológica.
