Alberto Pascual García
El inspector jefe de la Policía Nacional, José Carlos Beltrán Martín, está a cargo del seminario especializado en personas desaparecidas del Grado en Criminología de UNIR. Descubre su trabajo.
En España existen hoy cerca de 13.000 denuncias tramitadas por desaparición. De ellas, un 43% son casos sin resolver anteriores a 2010, momento en el que se creó la base de datos de personas desaparecidas, cadáveres y restos humanos sin identificar (PDyRH). Por otro lado, existen 3.378 cadáveres sin nombre, de los cuales, más del 75% son previos a ese año, lo que complica su identificación. Para reducir estas cifras, España cuenta con un equipo especializado que trata de esclarecer las causas de estas ausencias, el por qué y el paradero de estas personas.
Para entender mejor el operativo de alerta y búsqueda que existe detrás de una desaparición y cómo afecta a todas las partes involucradas, desde los propios familiares hasta los investigadores, hablamos con José Carlos Beltrán Martín. Inspector jefe de la Policía Nacional y actual jefe de sección del Sistema Automático de Identificación Biométrica de la Comisaría General de Policía Científica, Beltrán imparte actualmente el seminario ‘Personas desaparecidas’ del Grado en Criminología de UNIR.
¿Cuáles son las principales alertas ante la desaparición de una persona?
Desde 2019, y tras una revisión de conceptos y denominaciones, se determinan dos variantes, la ‘Alerta AMBER’ para menores de edad y la ‘Alerta Mayor Desaparecido’ para mayores de edad.
En el primer caso, la persona debe tener menos de 18 años, deben existir indicios que pudieran revelar un riesgo imperioso por su integridad física o que se trate de una desaparición forzosa, y se necesitan datos suficientes sobre la persona ausente. Por otro lado, debe existir un consentimiento expreso y por escrito para la emisión de la alerta por parte de quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor, y la Fiscalía de Menores tendrá que recibir también notificación.
En cuanto a la alerta por casos de personas mayores de edad, las circunstancias de su desaparición tendrán que coincidir con casos específicos, como deterioros cognitivos, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, discapacidad, edad avanzada o situaciones de vulnerabilidad evidente.
Al igual que en el caso anterior, es necesario que haya indicios racionales que revelen un riesgo para su vida o que pueda tratarse de una desaparición forzosa. El denunciante tiene que indicar datos suficientes para identificar a la persona desaparecida y dar su consentimiento para la emisión de la alerta. En este caso, el Ministerio Fiscal recibirá la notificación siempre y cuando lo establezca la legislación vigente.
En ambas situaciones, las denuncias contendrán, además de la información básica, datos muy concretos denominados “indicadores de riesgo”, que nos servirán para orientarnos sobre la causa de la desaparición y valorar las circunstancias en las que se ha producido. Este informe se adjuntará al atestado y podrá variar a medida que avance la investigación.
En su reciente estudio publicado en la revista ‘Ciencia Policial’ habla de la necesidad de una alerta de impacto. ¿En qué consiste?
La gran mayoría de las desapariciones no tienen una difusión inmediata en nuestra sociedad para que el proceso sea suficientemente resolutivo y eficaz. Por ello, en dicho estudio, invito a tomar conciencia de que la mejor manera de aplicar una alerta debe ser siempre en el momento de la desaparición, haciéndose progresiva su difusión desde la localidad donde ocurre a todo el ámbito nacional, por franjas de tiempo.
Por lo tanto, esta alerta de impacto se debe difundir desde el mismo instante de la desaparición y directamente en el entorno geográfico más próximo al lugar donde se produce que, por regla general, es donde más vínculos sociales tiene el ausente y donde mayor respuesta social de colaboración se va a obtener.
Imagino que aún existe controversia sobre la preferencia de alerta de unos casos sobre otros.
El debate sigue abierto ya que la difusión de una alerta, normativamente hablando, requiere unas condiciones o requisitos previos, en la que no encajan la totalidad de las desapariciones. Algo que choca con el espíritu de ayuda y asistencia que todas las familias exigen del Estado por igual.
Actualmente, toda esta información y los diferentes protocolos están centralizados formalmente en el Centro Nacional de Desaparecidos desde 2018. La creación de este organismo ha sido vital para entender, comprender y afrontar esta problemática. Aún queda mucho por hacer, pero se está forjando, paso a paso, el camino para ofrecer alternativas resolutivas.
¿Qué equipos forman parte de todo este proceso de búsqueda?
En primera instancia, se encuentra el grupo de policía judicial del lugar donde se recibe la denuncia. Ellos inician la investigación y ponen en marcha el protocolo de actuación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Al estar especializados no solo en la investigación de personas desaparecidas, sino también en otras materias de tipo criminológicas, deben realizar un mayor esfuerzo al compatibilizar su labor y dedicación para desapariciones complejas, donde se requieren procesos, tecnologías y personal muy especializado, con ese apoyo complementario en otros casos.
De otra parte, entramos en la diferenciación de lo que es la dirección de la investigación, además de lo que implica la especialización, para abordarla desde otros puntos de vista técnicos. Por ejemplo, en los dispositivos de búsqueda: aquí, la dirección será asumida por los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no por otras instituciones autonómicas, locales o de carácter privado.
Sin embargo, en aquellos casos en los que la desaparición obedece, según los indicios, a causas forzosas de criminalidad, la dirección y operatividad de la investigación policial que se deriva hacia la averiguación del presunto autor y su detención será llevada a cabo por la unidad de investigación de la policía judicial, que es diferente de la que se deriva del dispositivo de búsqueda. Eso sí, ambos grupos estarán siempre coordinados.
Imagen: Encuentro del IV Foro de Familias de Desaparecidos (edición 2019) – QSD Global
¿Cuándo entra en juego la colaboración ciudadana u otros equipos especializados?
Será la unidad de la policía judicial la que lo estime necesario. Todo ello con el fin de que voluntarios y personas expertas en diferentes materias puedan participar en los diversos equipos que se conformen según las necesidades que genere la desaparición, y así desarrollar con eficacia el dispositivo de búsqueda.
En función del lugar de exploración, la unidad policial al cargo podría requerir de personal más especializado, como equipos de espeleología, escalada, guías caninos, helicópteros, drones… Por lo tanto, establecerá unos requisitos mínimos que deberán cumplir los colaboradores y personas voluntarias que deseen apoyar en la búsqueda.
Y los medios de comunicación, ¿qué papel juegan?
Realmente, en ciertos medios de comunicación, la forma, el contenido y la objetividad de la información proporcionada, no dependen tanto del hecho o tragedia acontecida, sino de lo mediático y rentable que pueda suponer la misma respecto a la audiencia.
Sin embargo, hay medios periodísticos absolutamente objetivos, coherentes y respetuosos con la noticia, asesorados en ocasiones con la presencia de investigadores policiales, contribuyendo a hacer visible la trascendencia que requiere el contenido y la forma en que se debe dar la información que se pretende divulgar.
¿Cómo se enfrentan al caso desde la perspectiva de los familiares y allegados?
Hay varios momentos trascendentes en el proceso de la investigación. El primero es el de la denuncia: los familiares, cuando deben aportar los datos del desaparecido, están desorientados, desesperados, y necesitan el apoyo de un equipo de profesionales para superar y estabilizar emocionalmente esos instantes.
Otro es cuando la policía científica recaba datos que afectan a la intimidad del desaparecido, como fotografías, recogida de muestras biológicas, recopilación del historial médico los cuales suponen unos instantes de recuerdo aflorado que conectan íntimamente con el ser querido y las emociones pueden desbordarse.
Y como tercer instante, también el más trágico, es cuando, al resolverse la investigación de la desaparición, esta concluye con la comunicación de que su familiar ha fallecido. En casos de desaparecidos de larga duración, esto implica una cascada de emociones, pero hay una que sobresale de las demás: el fin de la aflicción de una familia que pensaba que nunca podría hacer su duelo.
¿Qué habilidades sociales se presuponen a los investigadores en estos casos?
Desde un punto de vista psicológico y humano, cualidades como la empatía, la colaboración, la comprensión, el afecto, la proximidad, el entendimiento o la serenidad contribuyen a dinamizar la situación. Pero esto no resuelve ni hace superar esta crisis emocional de los familiares, a veces perpetua en el tiempo, por lo que se hace estrictamente necesario un seguimiento por psicólogos durante todo el proceso.
Durante el mismo, existen varios canales de comunicación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinado por medio de puntos de contacto, dentro de las unidades policiales, que dirigen la investigación de la desaparición. A través de ellos, se gestionan con las familias, aquellos datos sensibles y comprometidos, no solo para salvaguardar la eficacia de las investigaciones, sino también para no comprometer la integridad física de la persona desaparecida.
¿Y cómo afecta a los propios investigadores el transcurso de la búsqueda?
Vivimos nuestro trabajo con intensidad, dedicación y absoluto compromiso, pero además de profesionales, somos personas. Es aquí donde este factor es más determinante para vivir la experiencia desde un punto de vista más próximo a las familias y más empático con el compromiso social. Cuando el trabajo culmina exitosamente, tienes la satisfacción de cumplir con los objetivos propuestos, pero también somos conscientes de la cantidad de impedimentos y trabas a las que nos enfrentamos y tenemos que superar.
Si tuviera que recordar un caso que reflejara esta situación, mencionaría el de una persona fallecida hace unos 20 años en Sevilla, cuyo cadáver se encontró en la ribera del río Guadalquivir, no pudiendo ser identificado en el momento de su muerte. Recientemente, tras superar muchos escollos, logramos hacerlo y comunicárselo a su familia. Alfonso Martínez del Hoyo, abogado y hermano del fallecido, recientemente publicó esta experiencia a través del artículo Antígona siglo XXI, en el diario ABC, que recomiendo su lectura.
¿Puede adelantarnos detalles del seminario que imparte en el grado?
El seminario incluido dentro del Grado en Criminología de UNIR dura un cuatrimestre, con una sesión de una hora semanal online, con vídeos extraídos de las redes sociales que refuerzan la parte teórica del curso. En él tratamos todas las investigaciones que deben desarrollarse según el protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas. Además, se acompaña de dinámicas operativas, no especificadas, que utilizamos las policías.
También contamos con entrevistas con profesionales, como el periodista Paco Lobatón (en imagen, dentro del IV Foro de Familias de Desaparecidos), representantes del Centro Nacional de Desaparecidos o de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), entre otros.
Para quienes estén interesados en su profesión, ¿qué les recomendaría?
Buscar personas desaparecidas no solo requiere de preparación, sino que también debes estar plenamente integrado en esta problemática. Te tiene que gustar tu trabajo y ser consciente de esa labor humanitaria que confiere este tipo de investigación. El esfuerzo va a ser siempre permanente y constante, y transforma tu vida no solo como buen profesional, sino como persona comprometida por el bien de la sociedad.
