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El Estatuto de la víctima es una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito que pone de relieve los derechos que tiene una víctima y sus familiares tanto dentro de un proceso judicial como fuera de él. Entró en vigor en España el 28 de octubre de 2015.
El modelo de justicia penal está en un proceso constante de transformación; lo cual está siendo más destacado en lo que respecta al tratamiento de la víctima y su visibilización. Fruto de esta evolución existe el Estatuto de la víctima, que tiene como objetivo principal reconocer y proteger los derechos de las personas que han sido víctimas de delitos.
El conjunto de normas y disposiciones legales del Estatuto de la víctima se abordan al detalle en el Máster en Criminología y Victimología de UNIR. Además, esta formación abarca dos de las dimensiones fundamentales en el análisis del crimen y el delito: el tratamiento hacia la víctima y la prevención de la criminalidad desde un modelo práctico.
¿Qué es el Estatuto de la víctima?
El Estatuto de la víctima es una ley general de los derechos que tiene una víctima, tanto dentro de un proceso judicial como fuera de él. Este se recoge en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
En el texto legal se señala que el Estatuto de la víctima del delito nace con vocación de ser un catálogo de derechos, procesales y extraprocesales tanto del afectado como de personas indirectas (como familiares), con especial interés en las víctimas con necesidades específicas o con especial vulnerabilidad.
El Estatuto de la víctima no solo es utilizado por profesionales del derecho como abogados o jueces. Este texto legal también es de utilidad para profesionales del campo de la criminología, como victimólogos o analistas criminales, ya que en él, además de definir jurídicamente qué es una víctima, se establece cómo esta puede verse perjudicada durante la investigación de un delito o en el momento de prestar declaración.
Claves del Estatuto de la víctima
Con este estatuto jurídico de la víctima los poderes públicos buscan dar una respuesta integral y efectiva a las víctimas de delitos. Entre las claves de esta norma figura la definición del concepto de víctima, el establecimiento de sus derechos básicos, las medidas de protección y la definición de cómo es la participación de la víctima en el proceso penal. Estas son las claves más importantes.
Concepto de víctima del delito
En términos generales se entiende por víctima a aquella persona que ha sufrido daño, ya sea físico, psicológico o emocional, como consecuencia de un delito. El estatuto establece que la víctima puede ser directa, es decir, que haya sufrido el daño en primera persona, o indirecta, que afecte a familiares y personas cercanas.
Derechos básicos de la víctima
El Estatuto de la víctima establece una serie de derechos fundamentales que buscan protegerla tanto dentro como fuera de un proceso judicial. Los derechos básicos se enumeran en el título primero de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima. Estos son los más importantes:
- Derecho a la traducción e interpretación. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete. Este derecho también se extiende a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.
- Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones públicas.
- Derechos de la víctima como denunciante. En el momento de presentar una denuncia, las víctimas tienen derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada, y a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada.
Participación de la víctima en el proceso penal
El artículo 11 de la citada ley establece que toda víctima tiene derecho a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Este es uno de los aspectos más relevantes del Estatuto de la víctima y se puede resumir en que la víctima tiene derecho a ser informada sobre las actuaciones judiciales, a presentar pruebas, a formular peticiones y a ser escuchada en todas las fases del proceso.
Medidas de protección del perjudicado
Otro punto clave del Estatuto de la víctima es que busca garantizar la integridad física, psicológica y emocional de la víctima. Para ello, contempla diversas medidas de protección que pueden ser adoptadas durante el proceso penal.
Estas medidas pueden ir desde que se evite el contacto directo entre víctima e infractor o que se tome declaración a la víctima en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin y con profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima. Estas medidas pueden llegar incluso a que se establezcan medidas cautelares para evitar intimidaciones y proteger a la víctima.
Aplicación temporal
El Estatuto de la víctima tiene una aplicación temporal que establece que los derechos reconocidos en este estatuto son aplicables a las víctimas de delitos a partir de la fecha en la que entró en vigor la citada ley, el 28 de octubre de 2015, sin que supusiera una retroacción de los trámites en casos que ya hayan sido juzgados.
En conclusión, el Estatuto de la víctima representa un avance muy importante, no solo porque da más visibilidad a la víctima y la protege, sino porque a su vez asegura que el proceso judicial es más garantista.
