Fiscalías contra la corrupción

Lorena Varela

Las fiscalías contra la corrupción son unos organismos autónomos y especializados que luchan contra estos delitos cometidos en las Administraciones públicas y en el sector privado, incluidas todas las conexiones con la criminalidad económica de cuello blanco. Son los guardianes de la virtud y la buena salud social.

Las fiscalías que luchan contra la corrupción o fiscalías anticorrupción son, normalmente, órganos autónomos especializados en la materia, que se inscriben dentro de las fiscalías generales o nacionales de un Estado y reciben denominaciones diversas, aunque similares.

Por ejemplo: la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (España), la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción (Colombia), la Fiscalía Especializada de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Ecuador), la Fiscalía contra la Corrupción (Grecia), la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo (Italia), la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Perú) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (México), entre otras denominaciones en otros países del entorno europeo e iberoamericano.

A nivel comunitario, la Fiscalía Europea de reciente puesta en marcha (junio de 2021) tiene encomendado luchar contra la corrupción y el fraude cometidos contra los intereses económicos de la Unión Europea. Asimismo, las fiscalías de los Estados del mundo han ido conformando canales de apoyo y asistencia jurídica y logística en el plano de la cooperación internacional de lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales, institucionalizando redes y asociaciones sobre la materia. En este sentido, se presentan la Red Ibero Americana de Fiscales contra la Corrupción en la que participan países de Latinoamérica y de Europa y de forma más genérica la Red Judicial Europea en la que participan solo los Estados miembros de la Unión Europea.

En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción analizamos el fenómeno de la corrupción como delito penal tanto en el sector público (Administración Pública) como en el sector privado (empresas, fundaciones, sindicatos, partidos políticos, etcétera) y las conexiones que tiene con otros delitos penales relevantes, principalmente, con la criminalidad económica de cuello blanco (white-collar criminality). Asimismo, en el MAPC estudiamos los mecanismos y medidas que en el sector público y privado se contemplan no solo para prevenir la corrupción y los delitos conexos, sino también para reprimir la corrupción y decomisar las ganancias ilícitas obtenidas. Entre los mecanismos de investigación y persecución penal de la corrupción encontramos las dependencias del Ministerio Público Fiscal, como las fiscalías y delegaciones fiscales, encargadas de encaminar la lucha contra la corrupción en un Estado de derecho.

Fiscalía Anticorrupción en España

En España la Fiscalía Anticorrupción es la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dependiente del Ministerio Público Fiscal. En su ámbito de actuación esta fiscalía investiga y conoce de los procesos relativos a los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con la corrupción. Así también se ocupa de los delitos económicos cometidos por grupos y organizaciones criminales, que no sean competencia de las otras fiscalías especializadas (como la Fiscalía Antidroga o la Fiscalía de la Audiencia Nacional).

La fiscalía inició su cometido en el año 1995 (cumpliendo su veinticinco aniversario en el año 2020) con el objetivo de investigar el fenómeno de la corrupción y la criminalidad económica desde una especialización orgánica y funcional. Sus funciones vienen recogidas en el artículo 19.º apartado 4.º de la Ley 50/1981 del 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Así, de manera concreta, según este precepto legal, la Fiscalía Anticorrupción interviene directamente en los procesos relativos a los siguientes delitos: contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y delitos de contrabando; de prevaricación; de abuso de información privilegiada (insider trading); de malversación de caudales públicos; de fraudes y exacciones ilegales; de tráfico de influencias; de cohecho público; de negocios prohibidos a los funcionarios públicos; de defraudaciones; de insolvencias punibles; de alteración de precios en concursos y subastas públicos; de ilícitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores; de los societarios; del blanqueo de capitales; de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; de corrupción en el sector privado y de todos los delitos conexos con los anteriormente señalados.

Finalmente, también se asigna competencia a esta fiscalía sobre la investigación de todo tipo de negocio jurídico o transacciones económicas que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos criminales organizados, salvo que los mismos se encuentren vinculados con el tráfico de drogas o terrorismo donde ya deba intervenir en primer término la Fiscalía Antidroga o la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Unidades de asistencia de la Fiscalía Anticorrupción

Para garantizar el éxito de un organismo persecutor de la corrupción no solo se ha de prever contar con los medios y recursos materiales, tecnológicos, logísticos y de vertebración territorial necesarios, sino también con los recursos humanos idóneos y un acertado acompañamiento de la política criminal del Estado en esa materia.

Desde el punto de vista de la actuación, las fiscalías han de moverse proactivamente de manera continua no solo en las primeras diligencias procedimentales, sino también durante toda la instrucción y proceso judicial. Asimismo, las fiscalías no trabajan solas, sino que forman un gran equipo junto a los Cuerpos de Seguridad del Estado y diversas instancias de la Administración del Estado nacional y autonómico, que le sirven como unidades administrativas de apoyo y unidades ejecutivas y operativas adscriptas, dotando de mayor capacidad de investigación en las tramas de la criminalidad económica y la corrupción.

Solo por mencionar algunos organismos, entre las unidades de apoyo administrativo encontramos a la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mientras que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desempeñan como unidades adscriptas policiales.

• La Intervención General de la Administración del Estado ejecuta funciones de control para el desarrollo de la Hacienda Pública nacional, esto es, para la correcta gestión de los fondos públicos obtenidos a través del sistema tributario de los contribuyentes, de forma tal que puede prestar apoyo técnico a la Fiscalía Anticorrupción en materia económica en las tramas de corrupción.
• La Agencia Estatal de la Administración Tributaria opera también como una unidad de apoyo en el asesoramiento técnico-financiero, contable y tributario ante la Fiscalía Anticorrupción en materia de delitos económicos y de corrupción.
• La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asimismo colaboran activamente con las instancias del Ministerio Fiscal y el Poder Judicial en la persecución de la criminalidad organizada y la corrupción, siendo en este último sentido los mejores aliados en la estrategia anticorrupción del Estado.
• Otras instancias que pueden prestar información cualificada a la Fiscalía Anticorrupción en casos de relevancia: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas del Estado y los organismos de control externo de las Comunidades Autónomas, las Agencias y Oficinas Anticorrupción autonómicas y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

En suma, todas las entidades de la Administración Pública del Estado se encuentran en alguna medida a merced de la solicitud de información que el Ministerio Fiscal pueda requerir en su función de investigación y persecución de la criminalidad.

Cooperación europea e internacional

La Fiscalía Anticorrupción española y la Fiscalía Europea mantienen una estrecha relación en materia de persecución de la corrupción a nivel transnacional.

Entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentra la función promotora de la justicia, esto es, el mandato de “promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales” (artículo 3.º 15 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), función de suma trascendencia para la Fiscalía Anticorrupción, toda vez que la delincuencia económica y de corrupción se manifiestan usualmente como formas de criminalidad transnacional donde los diferentes ilícitos cometidos tienen como escenario diversos Estados del mundo.

Asimismo, se presentan como organismos de apoyo y de cooperación en la función de investigación de la corrupción, a nivel europeo, la EUROPOL o Policía Europea, que tiene como misión velar por la protección de todos los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente, por medio de la lucha contra la delincuencia internacional, la trata de personas, el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Y a nivel internacional, la INTERPOL que es una organización internacional e intergubernamental de Policía Criminal, cuya misión consiste en colaborar y asistir en materia de seguridad a las fuerzas policiales de los Estados parte, a las instancias de la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas, así como en colaborar en el esclarecimiento de hechos delictivos transnacionales. En materia de investigación y persecución de la corrupción, la INTERPOL cuenta con una sección especializada denominada Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción.

Lo que queda por hacer y lo que estamos haciendo desde el MAPC

Para nuestro Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción la enseñanza de cómo operan las políticas anticorrupción en los Estados de derecho es de suma importancia, no solo para conocer cuáles son los mecanismos normativos e institucionales de prevención y de represión existentes, sino también para involucrarnos activamente en la labor que estos mecanismos desempeñan en la práctica.

Así, a las instancias preventivas de la corrupción, le siguen las de persecución penal como las Fiscalías contra la Corrupción y demás instancias de enjuiciamiento penal como los juzgados y tribunales penales. En este sentido, la mayor parte de los Estados de derecho de la familia iberoamericana vienen demandando, cada vez más, la formación de agentes especialistas comprometidos en la lucha contra la corrupción.

*Lorena Varela es directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.

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Esta es la sexta entrega de Abecedario de la Corrupción, una serie de artículos en los que la directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, Lorena Varela, publicará cada mes en torno a temas de actualidad política mundial y corrupción. Cada titular comienza por una letra del abecedario: enero por la a, febrero por la b, marzo por la c… Así hasta completar las 27 letras del alfabeto.

• Enero: Agenda 2030: la UNIR fortalece su compromiso con la ONU desde la lucha contra la corrupción.
• Febrero: Botar prácticas corruptas del poder electoral.
• Marzo: Canales de denuncia de la corrupción.
• Abril: Del cabildeo y las puertas giratorias como prácticas de corrupción.
• Mayo:  Ética: una disciplina de moda en un mundo donde la corrupción está al alza.