Lorena Varela
La corrupción es un fenómeno criminal global que presenta estadísticamente una elevada cifra oscura respecto a otros hechos delictivos. El Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR quiere poner luz analizando las distintas formas de medir la corrupción y los instrumentos jurídicos que utilizan las entidades que intervienen.
La corrupción como fenómeno criminal presenta estadísticamente una elevada cifra negra o cifra oscura (dark figure o hidden figure of crime) en comparación con otros hechos delictivos.
La cifra negra es una fórmula que se emplea en los estudios de criminología para hacer referencia a la parcela de la criminalidad que no queda reflejada en las estadísticas oficiales del sistema penal y, por ende, no resulta finalmente contabilizada como criminalidad oficial, pero sí como parte del número final de la criminalidad real (Biderman y Reiss, 1967).
La cifra negra se produce por diversas razones: por falta de denuncias, por carencias del sistema policial en detectar o en perseguir hechos delictivos, por “desinterés” del sistema judicial de dar encause penal a determinados delitos, etcétera.
Normalmente, gran parte de la cifra negra de la criminalidad representa delitos graves cometidos contra bienes jurídicos colectivos, esto es, de víctimas difusas, como podrían ser los delitos económicos y de corrupción no denunciados, ni detectados, ni investigados, a diferencia de otros registros en relación con otro tipo de criminalidad, que por ser representativa de segmentos de la sociedad tradicionalmente criminalizados, sí que se encuentran registrados y hasta sobrerrepresentados, como la delincuencia juvenil (Hulsman, 2000) o la delincuencia callejera.
No obstante, a pesar de la existencia de una parcela oscura y oculta de la criminalidad que incluye delitos, delincuentes y víctimas, esto no impide que se conozcan otros datos y números de la criminalidad, que conforman la cifra blanca o cifra oficial de la criminalidad.
La cifra blanca arroja, usualmente, por medio de indicadores objetivos, los datos que formalmente se tienen registrados de delitos y delincuentes dentro del sistema penal o dentro de otros sistemas de medición formales. Tanto la cifra negra como la cifra blanca de la criminalidad se tienen en cuenta para conformar las cifras definitivas de la criminalidad real, y es a partir de la cual se asumen las políticas de prevención y castigo idóneas para combatir los diferentes tipos de crímenes y delincuentes.
En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción analizamos la corrupción como fenómeno global previsto y reprimido con diversos instrumentos jurídicos internacionales, regionales y nacionales, que diferentes y específicas entidades públicas y privadas ejecutan y hacen operativos.
La corrupción como delito penal contra la Administración pública o el mercado genera conexiones diversas con la criminalidad económica y la criminalidad organizada transnacional. Para conocer sus números y las políticas orientadas a su prevención y represión en el MAPC analizamos y estudiamos también algunos de los aspectos que hacen referencia a la medición de la corrupción como delito penal, así como las causas que impiden su detección, enjuiciamiento penal y condena.
Formas de medición de la corrupción
La corrupción puede y debe medirse. Para conocer qué aspectos de la corrupción es necesario abordar desde la prevención y la represión, y cómo y dónde debe neutralizarse su aparición y expansión, los Estados o corporaciones del sector privado necesitan contar con datos cuantitativos y cualitativos ofrecidos por organismos profesionales de confianza.
Estos organismos públicos y privados, de alcance nacional, regional e internacional, se encargan de medir actualmente la corrupción con métodos dispares, en distintos espacios de tiempo y respecto de niveles institucionales y espacios geográficos diferentes.
Las formas de medición usualmente empleadas suelen presentarse como indicadores objetivos (o directos), indicadores subjetivos (o indirectos) y modelos híbridos que combinan ambos. Los índices objetivos de corrupción suelen conformarse por medio de la técnica de la estadística, mientras que los datos subjetivos suelen recolectarse por medio de una serie de encuestas (de percepción social o de experiencia personal).
Un ejemplo del modo de empleo de estos métodos lo encontramos en el Manual de Encuestas de Corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2018 (UNODC por sus siglas en inglés), documento que se publicó con la finalidad de proporcionar orientación a los Estados en cómo alcanzar la meta 16,5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual reclama a todos Estados “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.
Los métodos de medición que el manual anuncia son el directo y el indirecto (UNODC, 2018, pp. 20-29). Mientras el método directo recopila datos basados en evidencias sobre la corrupción plasmadas en estadísticas y procedimientos estandarizados (medición fáctica, objetiva y real de la corrupción, que incluye encuestas por muestreo basadas en experiencias personales directas), el método indirecto se basa en percepciones, sensaciones y opiniones subjetivas de un determinado sector o grupo de la sociedad.
No mide de forma exacta la incidencia real del fenómeno, sino que apela a obtener sus conclusiones a través de encuestas a determinado sector social o desde cuestionarios y evaluaciones de expertos a los que se les solicita su criterio profesional sobre tendencias y patrones determinados.
Algunos índices objetivos de la corrupción se encuentran disponibles en la base de datos de las instancias oficiales del Estado, como las agencias policiales (teniendo en cuenta las denuncias formalmente presentadas), el Ministerio Público (según las diligencias emprendidas) o el Poder Judicial (considerando las investigaciones judicializadas), entretanto los índices subjetivos se pueden hallar en las bases de datos ofrecidas por instituciones varias.
Organismos medidores de la corrupción
Entre los organismos más reconocidos como medidores subjetivos de la corrupción se encuentran:
- Los indicadores nacionales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España, además de los índices ofrecidos por las agencias anticorrupción de algunas Comunidades Autónomas.
- Los indicadores regionales o comunitarios de la Unión Europea (por medio del Eurobarómetro), de la Organización de Estados Americanos (incluido el Latinobarómetro de la Corporación homónima) y el Afrobarómetro en África.
- Los indicadores ofrecidos por la organización de Transparencia Internacional (a través del Index de Percepción de Transparencia Internacional y del Barómetro Global de la Corrupción), del Banco Mundial (Índice de Gobernanza Mundial y la Encuesta Mundial sobre el entorno de Negocios) y del Foro Económico Mundial (Encuesta de Competitividad Global), entre muchos otros más.
Afortunadamente, gracias a todas estas investigaciones y estudios de medición de la corrupción, actualmente, los gobiernos y empresas cuentan cada vez más con datos concretos respecto a épocas anteriores sobre cómo encarar las políticas regulatorias sobre conflictos de intereses, prohibición de sobornos, medidas de buen gobierno, ética e integridad, lo que permite llevar a cabo una lucha cada vez más adecuada contra la corrupción.
La medición objetiva de la corrupción
La medición de la corrupción como delito penal depende de las técnicas y peculiaridades del sistema penal que se someta a consideración. No obstante, en general, se puede señalar que los indicadores de medición objetiva suelen tener en cuenta algunos o todos de los siguientes niveles o fases:
- Detección de la corrupción (que se mide a partir de denuncias, descubrimientos espontáneos, y otros); investigación de la corrupción (que se mide según los procesos y diligencias en curso de la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal y los Jueces de Instrucción).
- Enjuiciamiento de la corrupción (medida por los procesos afincados en instancias jurisdiccionales superiores); condena y castigo de la corrupción (considerando la base de datos sobre sentencias condenatorias).
- Ejecución efectiva de la sentencia condenatoria por corrupción (se considera la cuota de corrupción que efectivamente se encuentra dentro del sistema penitenciario, descontando la beneficiada por indultos u otras medidas de suspensión).
Asimismo, en cada uno de estos niveles, se puede ir contabilizando cuánta corrupción vuelve al circuito de la corrupción, es decir, retorna al camino de la criminalidad y no se encausa en el camino de la norma jurídica.
Ejemplos claros son las puertas giratorias entre el sector público y el sector privado que suelen emplearse estratégicamente para colocar en situación de “intocabilidad” a una persona bajo la lupa de la sospecha, así como los casos de encubrimiento sistematizado y cadena de favores entre sujetos implicados, que impide continuar con el saneamiento de este hecho criminal.
A partir del relevamiento cuantitativo de todos estos datos se pueden obtener conclusiones de calidad sobre el grado de eficacia del sistema penal en la lucha contra la corrupción y apreciar al mismo tiempo qué aspectos se deben mejorar de cara a optimizar el mismo.
Es decir, los indicadores de medición son una valiosa herramienta de trabajo para conocer y analizar las características más sobresalientes de la corrupción como hecho delictivo y a partir de los cuales se pueden postular políticas gubernamentales más asertivas de contención y neutralización de este fenómeno.
Razones de la elevada cifra de la corrupción como delito penal
En relación con la medición de la criminalidad, por regla general, las bases de datos no reflejan los índices de éxitos, ni de cuánto previenen efectivamente las normas jurídicas determinados delitos. Por el contrario, las mediciones, todas ellas, se relacionan con los fracasos del sistema y la sociedad, esto es, con la comisión del delito y no, en cambio, con la observancia a la norma y respeto al derecho.
En este contexto, el sistema de lucha contra la corrupción presenta en todo el proceso pocas tasas de éxito teniendo en cuenta los elevados índices de la corrupción, que surgen de los indicadores objetivos y subjetivos de medición y que conforman las diferentes cifras sobre este fenómeno: la cifra negra, la conocida por diferentes sondeos, pero no formalizada, y la cifra blanca, la oficialmente registrada.
En relación con la cifra negra de la corrupción existen dos puntuales razones que impiden el registro oficial de este fenómeno: una razón interna y otra razón externa. En primer lugar, una razón interna proveniente de las mismas personas que intervienen en el pacto ilícito de la corrupción, que obstaculiza su detección y descubrimiento no solo por parte de las autoridades sino también por parte de las propias víctimas, que ignoran su existencia.
La “extendida actitud de ocultación general” entre los partícipes de este tipo de ‘negocios recíprocos’ (De la Cuesta Arzamendi, 2003, p. 6, citando a Fabián Caparrós), conduce de forma implícita a obrar con cierta reserva, complicidad y lealtad.
Los llamados “pactos de silencio” son la base desde la cual los intervinientes de la operación o negocio corrupto mantienen el statu quo del éxito y perpetuidad del mismo, impidiendo que terceros ajenos a la red conozcan de la existencia de la trama delictiva.
Y, en segundo lugar, una razón externa que se relaciona con los múltiples obstáculos que se presentan desde las víctimas y damnificados, las autoridades de investigación en el proceso de detección y persecución de la corrupción y, en general, desde el mismo sistema policial y penal, a saber:
- Ausencia de denuncias de las víctimas o posibles cómplices de inferior jerarquía dentro de la misma red.
- Dificultades económicas y tecnológicas para proceder a obtener indicios claros y pruebas contundentes de los hechos y responsabilidad de las personas.
- Dificultades en el mantenimiento de la cadena de custodia del material recolectado que pueda operar como prueba válida en el proceso penal posterior.
- Lagunas en el conocimiento y especialidad de las personas encargadas de la investigación.
- La red de contactos sobornados dentro del sistema policial o penal, que obstruyen las investigaciones, entre otros obstáculos y desventajas.
En conclusión, a pesar de los ingentes mecanismos implementados para la erradicación de la corrupción, actualmente, todavía habemus corruptio a escala global; por lo que la corrupción sigue siendo un reto constante en todas las instancias públicas y privadas del mundo, que se esmeran y perfeccionan cada vez más para poder combatirla de manera eficaz.
Lo que queda por hacer y lo que estamos haciendo desde el MAPC
Para nuestro Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción, la enseñanza de cómo operan los indicadores de la corrupción y las políticas anticorrupción en las instancias públicas y privadas es de suma importancia, no solo para conocer cuáles son los mecanismos normativos e institucionales de prevención y de represión existentes, sino también para involucrarnos activamente en la labor que estos mecanismos desempeñan en la práctica.
En este sentido, la mayor parte de los Estados de derecho de la familia iberoamericana vienen demandando, cada vez más, la formación de agentes especialistas comprometidos en la lucha contra la corrupción.
Fuentes:
Biderman, Albert y Reiss, Albert, “On exploring the ´dark figure´ of crime”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 374, 1967, pp. 1-15.
De la Cuesta Arzamendi, José Luis, “Iniciativas internacionales contra la corrupción”, Eguzkilore, nº 17, 2003, pp. 5-26.
Hulsman, Louk, “El enfoque abolicionista: políticas criminales alternativas”, Criminología crítica y control social. El poder punitivo del Estado, Enrique Font (traductor), Rosario (Argentina), Editorial Juris, 2000, pp. 75-104.
UNODC y otros, Manual de Encuestas de Corrupción. Directrices metodológicas sobre la medición del soborno y otras formas de corrupción a través de encuestas por muestreo, Viena, 2018.
* Lorena Varela es directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.
Otros artículos:
Esta es la octava entrega de Abecedario de la Corrupción, una serie de artículos en los que la directora ejecutiva del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, Lorena Varela, publicará cada mes en torno a temas de actualidad política mundial y corrupción. Cada titular comienza por una letra del abecedario: enero por la a, febrero por la b, marzo por la c… Así hasta completar las 27 letras del alfabeto.
- Enero: Agenda 2030: la UNIR fortalece su compromiso con la ONU desde la lucha contra la corrupción.
- Febrero: Botar prácticas corruptas del poder electoral.
- Marzo: Canales de denuncia de la corrupción.
- Abril: Del cabildeo y las puertas giratorias como prácticas de corrupción.
- Mayo: Ética: una disciplina de moda en un mundo donde la corrupción está al alza.
- Junio: Fiscalías contra la corrupción.
- Julio: Gobernanza global y corrupción.
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