Manuel Palomares Herrera
El docente del Máster en Derecho Ambiental de UNIR Manuel Palomares Herrera analiza los porqués de un fenómeno que ha marcado el verano en España y cuyas causas son muy variadas.
El incremento de temperaturas de estas últimas semanas genera un verdadero riesgo que hemos de entender más como consolidado y al alza que como ocasional. El cóctel “ideal” para la aparición de fuegos se produce en condiciones, sobre todo durante el verano, que denomino los terribles 30: menos de 30% de humedad relativa, más de 30 grados centígrados de temperatura y vientos de 30 km/h, condiciones que se generan en más de media estación estival.
Valle del Jerte, Ateca, Lugo, Cebreros, Zamora… Aunque registramos 30.000 hectáreas quemadas con muchos focos de generación antrópica, antes de septiembre llegaremos en la península a las 50.000 hectáreas incineradas, si no más. Estas condiciones empeoran con temperaturas de 40 grados, que provocan incendios de nueva generación y con capacidad de propagarse a 400 hectáreas por hora; es decir: unas 6 veces por encima de la velocidad media de un incendio convencional. Cifras muy superiores a la capacidad de extinción con los recursos actuales.
Los estragos ya no se quedan en la superficie calcinada. Ya crecen vertical y horizontalmente cuando se crean pirocúmulos o tormentas de fuego y ceniza. De esta manera, el incendio crea su propio clima, lo que multiplica la magnitud de los daños y el peligro en viviendas aisladas o núcleos urbanos próximos a zonas montañosas o boscosas.
En definitiva, podemos afirmar que ahora mismo los fuegos nos están ganando el pulso en la península porque han crecido en número e intensidad, y nosotros no hemos reaccionado en recursos humanos y materiales, ni en aspectos jurídicos.
Las causas de por qué España arde como nunca
El origen del actual plantel es muy variado. La excesiva compartimentación de competencias dificulta la coordinación y causa, por ejemplo, que haya bomberos urbanos y forestales no comunicados: unos de acción municipal, otros de área provincial y de otras lides autonómicas, y sin contar la UME, nuestro buque insignia. Los planes de prevención están anticuados, la normativa, dispersa. También incluye la despoblación y el éxodo rural, que deja al libre albedrío de la naturaleza lo que antes se cultivaba o pastaba.
Y es que la política agraria y forestal tradicional trabaja sobre la España de la década de los 90 y, sin embargo, ahora se ha optado por restringir el acceso libre al monte a retirar piñas, leña, forraje. No se ha dinamizado el pastoreo de ganado ovino y caprino, se prohíbe la caza del lobo y no se incentiva la trashumancia. Esas actividades invernales dejaban un monte regenerado, cíclico y limpio de cara al verano.
Pero la la excesiva regulación dificulta la actividad forestal. A esto hay que sumarle la falta de efectivos, la escasa inversión en promover el pastoreo como empleo prioritario y, especialmente, unos planes de extinción y contingencias que se redactaron hace lustros y no se corresponden con la nueva realidad climática.
¿Consecuencias? La carencia de acondicionamiento y de equipos de extinción y de respuesta rápida suficientes ha ocasionado que brigadistas, bomberos voluntarios, agricultores, ganaderos y lugareños del medio rural hayan ocupado el lugar del bombero. Han asumido así la protección de su entorno mediante cortafuegos improvisados, acudiendo al frente del fuego e intentando cambiar su rumbo.
¿Hacia dónde debemos ir para poner remedio el año que viene?
Ante este escenario, sabiendo la causa y el resultado, creo que podemos extraer dos grandes conclusiones. La primera es que hay que cambiar el modelo nacional de prevención porque los riesgos que se preveían eran menores que los que nos estamos encontrando. Esto implica una respuesta comunitaria con la que cooperar ambientalmente, y se ha aportar recursos a los países de la cuenca del Mediterráneo y a Portugal.
Aparte de las soluciones propuestas desde el punto de vista práctico, no podemos obviar la importancia de preparar a profesionales especialistas que valoren el nuevo contexto de riesgos, que sepan de coordinación pública, de planes maestros de prevención o que conozcan la normativa, entre otras competencias. Esto convertirá a cualquier abogado, político, ingeniero o arquitecto en un especialista ambiental capaz de abarcar todos los aspectos medioambientales y de proponer con fundamento soluciones eficaces ante todos los retos que se presentan en la actualidad.
En el Máster de Derecho Ambiental de UNIR impartimos materias como “Régimen Jurídico del la Lucha contra el Cambio Climático” o “Prevención y Gestión Medioambiental” que abordan todas estas casuísticas.
