Bartolomé Borrrego Zabala
Emplea IA para mejorar la eficiencia, precisión y efectividad de los procesos fiscales. Un desempeño en el que existen consideraciones éticas y legales en torno a la privacidad y la protección de datos, que se tienen en cuenta en el uso de estas tecnologías.
La inteligencia artificial (IA) ha tenido un impacto significativo en la Administración tributaria, permitiendo a las autoridades fiscales mejorar sus operaciones y tomar decisiones más informadas. A continuación, se detallan algunas de las formas en las que se está utilizando la IA en este ámbito y cómo trabajan los algoritmos:
- Procesamiento de datos y análisis de riesgos: Las Administraciones tributarias manejan grandes volúmenes de datos sobre contribuyentes, transacciones y declaraciones de impuestos. La IA, a través de algoritmos de aprendizaje automático y análisis predictivo, puede procesar estos datos de manera eficiente, identificando patrones y señales de riesgo de evasión fiscal o fraude. Esto permite a las autoridades enfocar sus esfuerzos en casos sospechosos y optimizar los recursos.
- Auditorías inteligentes: Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de información financiera y contable de contribuyentes, detectando inconsistencias, transacciones inusuales o indicios de prácticas evasivas. Esto facilita la selección de casos para auditorías más exhaustivas, mejorando la eficiencia y la efectividad de las revisiones fiscales.
- Asistentes virtuales y chatbots: Se están implementando, y no solo en el ámbito tributario, asistentes virtuales y chatbots basados en IA para brindar soporte a los contribuyentes en sus consultas e inquietudes. Estos sistemas pueden responder preguntas frecuentes, guiar a los usuarios a través de procesos y procedimientos, y proporcionar información personalizada de manera rápida y accesible, y los resultados que se están obteniendo con su utilización son verdaderamente espectaculares.
- Automatización de procesos: La IA se está utilizando para automatizar tareas repetitivas y tediosas, como el procesamiento de declaraciones de impuestos, la verificación de datos y la generación de documentos. Esto reduce el tiempo y los errores humanos, aumentando la eficiencia y precisión de los procesos administrativos.
En cuanto a los algoritmos utilizados en este terreno, se emplean técnicas de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, redes neuronales, análisis de texto y minería de datos. Estos algoritmos se entrenan con grandes cantidades de datos históricos y ejemplos etiquetados para aprender a reconocer patrones, hacer predicciones y tomar decisiones.
Sin embargo, es importante destacar que, si bien la IA y los algoritmos avanzados pueden ayudar a detectar actividades sospechosas y facilitar la fiscalización, no necesariamente eliminan todos los secretos económicos o financieros. Los contribuyentes pueden recurrir a métodos sofisticados para ocultar información o realizar actividades ilícitas que pueden evadir las capacidades actuales de la IA. Además, existen consideraciones éticas y legales en torno a la privacidad y la protección de datos que deben tenerse en cuenta, y de hecho se tienen, en el uso de estas tecnologías.
En resumen, la IA está desempeñando un papel cada vez más importante en la Administración tributaria, mejorando la eficiencia, la precisión y la efectividad de los procesos fiscales. No obstante, su implementación debe equilibrarse con salvaguardas adecuadas y una supervisión humana para garantizar la equidad, la transparencia y el respeto de los derechos de los contribuyentes.
Privacidad y Administración electrónica
En este sentido, la privacidad de los datos y de las personas es un aspecto fundamental en relación con la Administración electrónica. Aunque las tecnologías digitales ofrecen beneficios en términos de eficiencia y accesibilidad, también plantean desafíos en cuanto a la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos. A continuación, se abordan los principales derechos y deberes de los ciudadanos, así como los límites en esta materia.
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Derechos de los ciudadanos:
- Derecho a la protección de datos personales: Los ciudadanos tienen derecho a que sus datos personales sean tratados de manera lícita, leal y transparente por parte de la Administración. Esto implica que los datos deben ser recogidos con fines específicos y legítimos, y que no se utilicen para fines incompatibles con los inicialmente previstos.
- Derecho de acceso, rectificación y supresión: Los ciudadanos tienen derecho a acceder a sus datos personales en poder de la Administración, a solicitar la rectificación de aquellos que sean inexactos o incompletos, y a solicitar la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios o cuando se haya retirado el consentimiento.
- Derecho a la limitación del tratamiento: Los ciudadanos pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias, como cuando se impugna la exactitud de los datos o cuando el tratamiento es ilícito.
- Derecho a la portabilidad de los datos: Los ciudadanos tienen derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin obstáculos.
Deberes de los ciudadanos:
- Facilitar información veraz y completa: Los ciudadanos tienen el deber de proporcionar información precisa y completa a la Administración cuando se les solicite, ya que esta información es fundamental para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
- Respetar las medidas de seguridad: Los ciudadanos deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la Administración para proteger la confidencialidad y la integridad de los datos personales, como el uso de contraseñas seguras y la adopción de buenas prácticas en línea.
Límites:
- Interés público y seguridad nacional: Aunque la privacidad de los datos es un derecho fundamental, puede estar sujeta a limitaciones por razones de interés público o seguridad nacional. En estos casos, la Administración puede acceder a datos personales sin el consentimiento del ciudadano, siempre que se cumplan los requisitos legales y se respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
- Obligaciones legales: La Administración puede tratar datos personales sin el consentimiento del ciudadano cuando sea necesario para cumplir con obligaciones legales, como la recaudación de impuestos, la prevención de delitos o la protección de intereses vitales.
- Tratamiento de datos sensibles: El tratamiento de datos sensibles, como los relativos a la salud, las creencias religiosas o las ideologías políticas, está sujeto a restricciones más estrictas y requiere un consentimiento explícito del ciudadano o una base legal específica.
Es importante destacar que los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los límites en materia de privacidad, están regulados por leyes y normativas específicas, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea o las leyes nacionales de protección de datos en otros países. La Administración electrónica debe cumplir con estas regulaciones y garantizar un equilibrio apropiado entre la protección de la privacidad y el interés público.
(*) Bartolomé Borrego Zabala es economista, blogger, especialista en administración electrónica y tecnologías disruptivas aplicadas al mundo tributario, aduanero y contable. Apasionado por la formación e interesado en todo todo lo que gira en torno a internet y con una clara vocación de servicio público en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde trabaja en la actualidad.
Artículos anteriores de la serie:
- Primer capítulo: La Administración electrónica en España: el estado de la cuestión.
- Segundo capítulo: La Administración tributaria, a la vanguardia de la transformación digital en la función pública.
- Tercer capítulo: Cómo afecta a empresas y profesionales el nuevo marco legal de la España digital.
- Cuarto capítulo: Qué hacer para impulsar la Administración digital en medio de los continuos cambios sociales y tecnológicos.
