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Justicia transparente contra la corrupción

El conocimiento social de los casos de corrupción en los gobiernos, la política y los negocios es cada vez mayor en cualquier parte del mundo. Lorena Varela, directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, explica por qué esta criminalidad se visibiliza cada vez más.

La buena gobernanza está relacionada con la lucha global contra la corrupción.

La fuerte visibilidad de esta corrupción responde, entre otros factores, a la democratización de los mecanismos de investigación y escrutinio informal que realizan los ciudadanos por medio de las redes sociales, además del periodismo profesional y la información que los gobiernos facilitan a través de los portales de transparencia pública.

En España, por ejemplo, en relación con la puesta en marcha de la Estrategia Europea de Datos de la Unión Europea (2019-2024), es posible acceder de forma ordenada y transparente a la oficial base de datos vinculados con la Administración de Justicia y el Poder Judicial español desde el portal Justicia 2030: La Justicia en Datos. Además de otros sitios electrónicos oficiales como las páginas del Consejo del Poder Judicial (por medio del Centro de Documentación Judicial-CENDOJ), el Ministerio Fiscal o la Policía Nacional. En esta línea, evidentemente, la disponibilidad pública de la información sobre la gestión de la justicia ha permitido, permite y permitirá el control y auditoría de la sociedad sobre los actos del Estado de una manera más transparente y eficaz.

En el Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción analizamos las políticas públicas anticorrupción que los Estados comprometidos con su lucha vienen implementando desde hace años. Entre estas políticas encontramos la ejecución del modelo de la buena gobernanza que, sobre la base de ciertos principios y reglas, conforma un antídoto eficaz contra la proliferación de la corrupción tanto en el sector público como en el privado.

El modelo de la buena gobernanza como antídoto contra la corrupción

Los Estados de Derecho inteligentes son los Estados comprometidos con el desarrollo y el bienestar, los valores democráticos y los derechos humanos donde el modelo de la buena gobernanza es la plataforma idónea para el alcance de estos objetivos. El modelo de la buena gobernanza se basa en una serie de principios ejecutivos como el de gobierno abierto, la transparencia, el liderazgo ético, la rendición de cuentas y la integridad.

Por esta razón, puede señalarse que la buena gobernanza está estrechamente relacionada con la lucha global contra la corrupción por cuanto un Estado con capital humano deshonesto y administraciones deficitarias y de baja calidad institucional es seguramente un Estado enfermo de corrupción. Y un Estado así no proveerá de desarrollo económico, bienestar y seguridad a su ciudadanía.

En este sentido, para combatir eficaz y exitosamente la corrupción tanto pública como privada el Estado debe comprometerse con el modelo de la buena gobernanza, abierto y accesible a sus ciudadanos, transparente en sus formas, responsable ante sus actos por medio de la rendición de cuentas y anfitrión de la participación y colaboración ciudadana. En resumidas cuentas, el modelo de la buena gobernanza es el mejor antídoto contra la corrupción, y viceversa: la corrupción es la peor enfermedad para una gobernanza saludable.

La Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción de la organización Transparencia Internacional enseña que “la buena gobernabilidad se caracteriza por ser participativa, responsable, transparente, eficiente, receptiva a inclusiva, respetar el Estado de Derecho y reducir al mínimo las oportunidades de corrupción” (2009, p. 22).

La Agenda 2030 y el Plan de Justicia 2030

Una aplicación integral y correcta del modelo de la buena gobernanza en un Estado de Derecho conlleva la adaptación de sus principios rectores a diversas funciones y competencias asignadas a los distintos poderes constitucionales del Estado, como el poder burocrático, el poder legislativo y el poder judicial. En lo que se refiere al poder judicial en España, en consonancia con los cometidos de la Agenda 2030, el objetivo 16 sobre la Paz, Justicia e Instituciones sólidas ha abierto un canal relativo a la mejora y actualización del Sistema Público de Justicia por medio de tres ejes plasmados en el Plan Justicia 2030, que son la organización, la eficiencia y la digitalización de los servicios de justicia (GovTech).

En la era de las nuevas tecnologías, el big data y la inteligencia artificial, los gobiernos vienen implementando plataformas electrónicas en sus administraciones públicas para conseguir no solo una mejor gestión de los asuntos públicos, sino también para permitir un mayor acceso del ciudadano a los actos y procedimientos del Estado. En este sentido, solo con una justicia ordenada, eficiente y adaptada a los actuales procedimientos tecnológicos ese puede aspirar a una justicia más cercana, transparente e igualitaria para los ciudadanos.

Y una justicia de esta dimensión genera, sin duda, una herramienta asertiva de lucha contra la corrupción. El Plan Justicia 2030 es un proyecto de trabajo común o de cogobernanza a ejecutar en 10 años (2020-2030), impulsor de los valores del Estado de Derecho hacia un objetivo general, que es la transformación del Servicio Público de Justicia. Los tres objetivos específicos previstos para dicha transformación son:

  • El acceso al ejercicio de derechos y libertades.
  • La eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • La contribución a la sostenibilidad y la cohesión en el país y a nivel europeo (Ministerio de Justicia, 2020, pp. 5 y ss.).

A su vez, estos tres objetivos se componen en diferentes programas que son las maneras en cómo se irán plasmando y operativizando cada uno de ellos. La propuesta ya en marcha garantiza al ciudadano y a las futuras generaciones que el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales formarán parte de un sistema de justicia más eficaz y transparente, permitiéndose de este modo una paulatina purga de irregularidades y malas prácticas de las estructuras del Estado, así como un mayor bienestar social con el paso del tiempo.

No en vano se sostiene y reconoce por la propia edición escrita del Plan Justicia 2030 que “los sistemas de justicia sólidos y con seguridad jurídica impiden la corrupción y la mala gestión en el sector público” (Ministerio de Justicia, 2020, p. 21). Asimismo, entre las formas de plasmar los objetivos específicos se encuentra el programa orientado a potenciar la tutela de víctimas y denunciantes de delitos y el programa previsto para poner en marcha la nueva normativa sobre protección de los denunciantes de la corrupción.

Para finalizar, el Plan Justicia 2030 cuenta con un sistema de monitorización y seguimiento durante la década de su implementación. Acorde a ello, el plan ha previsto idear instrumentos de rendición de cuentas, que permitan de modo transparente el conocimiento público de la realización y avance de los objetivos de modo continuo.

Lo que queda por hacer y lo que estamos haciendo desde el MAPC

Para nuestro Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción la enseñanza de las políticas públicas y privadas en materia de conflicto de intereses es de suma importancia no solo para conocer cuáles son puntualmente los mecanismos normativos e institucionales de prevención existentes a nivel internacional y nacional, sino también para tomar conciencia de qué principios y valores orientan nuestra conducta laboral o profesional y, llegado el caso, saber cómo actuar y proceder ante una situación de intereses en colisión. En este sentido, la mayor parte de los Estados de Derecho de la familia iberoamericana vienen demandando, cada vez más, la formación de agentes especializados en políticas de integridad y de buen gobierno y de lucha contra la corrupción.

Fuentes

  • Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica, Justicia 2030. Transformando el ecosistema del Servicio Público de Justicia, 2020.
  • Transparencia Internacional, Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, 2009.

*Lorena Varela es directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.

Otros artículos:

Esta es la novena entrega de Abecedario de la Corrupción, una serie de artículos en los que la directora ejecutiva del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, Lorena Varela, publicará cada mes en torno a temas de actualidad política mundial y corrupción. Cada titular comienza por una letra del abecedario: enero por la a, febrero por la b, marzo por la c… Así hasta completar las 27 letras del alfabeto.


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