Román Rodríguez Curbelo
UNIR ofrece un máster propio que es fundamental para poder ser mediador. Una figura imparcial, experta en la materia tratada, con grandes dotes comunicativas y que ayudará a aliviar la elevada carga que soportan los tribunales.
El Consejo de Ministros aprobó a mediados de abril el Proyecto de la Ley de Eficiencia Procesal en el Servicio Público de Justicia para descongestionar los juzgados, un problema, el del atasco judicial, que se ha cronificado en España.
El proyecto de ley exige que, antes de interponer una demanda, se intente resolver la controversia a través de la mediación, la negociación, la opinión de un experto independiente, una oferta vinculante o la conciliación. “La mediación es el sistema estrella”, reconoce la coordinadora del Máster en Mediación de UNIR, Rocío Sampere.
Otros mecanismos previos, como la negociación o la conciliación, han fracasado y de ahí quizá la excesiva judicialización. La mediación es otra cosa: “Los acuerdos de mediación tienen una estadística de cumplimiento del 98%, porque al estar consensuados por los interesados les dotan de autorresponsabilidad”, explica.
Sampere celebra la extensión paulatina de esta ley. La considera un método alternativo a un juicio de ventajas indudables a otros procedimientos. De hecho, ahora no se podrá acudir a los tribunales sin que se haya intentado antes una resolución del conflicto.
Y se sancionará el abuso de derecho, es decir, que no se haya procedido a un llamamiento o no se haya permitido un acuerdo que después se revele adecuado. “Los mediadores estamos firmemente preparados para conseguir este impacto necesario en el ciudadano”, apunta.
La importancia de la mediación familiar
Especial relevancia ha cobrado la mediación familiar. Está sobradamente probada en España tras más de 20 años a nivel autonómico y más de 10 a nivel estatal con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La nueva Ley de Eficiencia Procesal pone en valor esta figura y le otorga el componente de obligatoriedad en la resolución de conflictos de forma extrajudicial.
Sampere subraya que esta mediación trata todas las relaciones familiares, más allá de los clásicos conflictos de pareja. El propio concepto de familia se está transformando y, por lo tanto, los conflictos crecen, los factores cambian y, añade, los grandes protagonistas ya son los hijos e hijas, a los que se ha de garantizar sus relaciones y vínculos. “Solo así podremos tener una sociedad de futuro que se implique en valores”, recalca.
Hermanos que discuten por el cuidado de sus mayores, por el reparto de una herencia, por la gestión de una empresa familiar… Son circunstancias que pueden deteriorar las relaciones si no se tratan adecuadamente.
“La mediación familiar consiste en devolver el protagonismo a los interesados, ayudarles en la comunicación, visualizar los intereses de cada uno, sus necesidades, sus posiciones. Y en aras de evitar la confrontación y permitir la relación, cuando se necesita, adoptar decisiones, acuerdos, en los que todos ganen”, explica la docente.
Las necesarias virtudes de un mediador
El papel del mediador, en estos y otros casos, resulta fundamental. Debe ser una figura neutral, imparcial, experta en la materia tratada, por el precio que se acuerde y durante el tiempo pactado, porque la mediación no debe ser jamás una táctica dilatoria: ha de primar la buena fe.
Y debe igualmente poseer unas capacidades comunicativas notables. Es conveniente que domine las técnicas de escucha activa y de comunicación no violenta, que implique a todos en la empatía y la asertividad, y que maneje a la perfección el lenguaje no verbal para “escuchar lo que nos dicen y lo que no nos dicen”, observa Sampere.
Virtudes que se demuestran desde su inicial presentación profesional: debe contar quién es él y qué formación tiene, cómo funciona y a qué principios está sujeta la mediación, a cuánto asciende el coste y las consecuencias jurídicas del posible acuerdo.
“Una vez que las partes deciden someterse a mediación, procede una sesión constitutiva donde se acuerda el precio, la duración, la forma de hacer las sesiones (públicas o privadas, presenciales o telemáticas), y después las sesiones necesarias para conseguir el acuerdo”, añade la docente de UNIR.
La imparcialidad debe partir del propio mediador. Debe comprobar desde el principio si tiene o ha tenido alguna relación personal o profesional con alguno de los implicados. Si es así, debe informar y dar paso, llegado el momento, a otro mediador.
“Sus códigos éticos le impiden actuar si tiene interés. El mediado puede repercutir contra su seguro de responsabilidad civil obligatorio si, por no ser imparcial, o no mantenerse neutral, ocasiona daño a alguna de las partes”, cuenta Sampere.
¿Un exceso de reclamaciones judiciales no significa, en cierto modo, que el sistema judicial está colapsado? Sí. Al menos, eso cree Sampere. Y eso mismo se menciona en el prólogo del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
“No es solo una cuestión que se solucione con dotar más presupuestos o más planta judicial, es un tema de cultura y de atender lo que espera de la Justicia (con mayúscula) el ciudadano actual”, indica la experta.
Los ciudadanos precisan ser escuchados en un plazo razonable de tiempo, no una respuesta cara y tardía a sus problemas desde los juzgados. El exceso de litigiosidad, opina Sampere, es evidente. La sociedad se convierte por ello en un escenario de confrontación que no ayuda a la necesaria pacificación social.
Un máster práctico
Todas estas cuestiones se abordan en el Máster en Mediación online de UNIR de una manera eminentemente práctica. Sampere es categórica al respecto: “Todos los simulacros, todos los casos que sirven para evaluar a los alumnos, están basados en mediaciones reales”.
El posgrado, además, dispone de talleres dedicados al proceso formal de mediación para así mostrar y aportar seguridad a los estudiantes en la elaboración de actas y documentos. Las clases son en directo, aunque luego pueden verse en diferido cuando venga mejor.
“En ellas, los estudiantes pueden interactuar, preguntar, compartir. Y realizamos talleres de comunicación con expertos y simulacros en los que estos se posicionan en los casos que se plantean”, añade la experta.
Esta titulación está homologada en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, y es suficiente para ejercer como mediador porque cumple con lo que exige la ley.
