Yohan Campos Martínez
El trabajo de la UE en la aplicación de políticas medioambientales que generen un cambio en favor de un desarrollo sostenible y ecológico no ha dado los frutos esperados.
Muchas críticas se vierten en el desarrollo de las denominadas medidas de incentivo ambiental -tributación ecológica, compra pública verde y ayudas públicas-, con ocasión a la disparidad en muchos de los criterios técnicos, la complejidad en el entramado de competencias normativas y la falta de una estructuración integrada de los diversos instrumentos, que han terminado impidiendo el cumplimiento de los objetivos y que parecen desvirtuar su efectividad.
No obstante, debido a la crisis derivada del COVID-19 y el impacto generado a nivel del sistema económico europeo, la UE ha visto la oportunidad de rehacer el modelo de producción y consumo dentro de su mercado interno
Lo hará a través de dos grupos de inversiones que conforman el esfuerzo presupuestario supranacional para los próximos años: el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP 21-27) y el Next Generation European Unión (NGEU). Dentro de ellos, las medidas de incentivo medioambiental y social jugarán un papel trascendental en la canalización de los recursos a aplicar, no solo para salir de la crisis, sino que también para la transición digital y ecológica de todo el sistema económico europeo.
Tres pilares del presupuesto post COVID-19
El montante total suma más de 1.8 billones de euros y tiene su fundamento en estos 3 puntos:
El NGEU
Integra recursos por 750.000 millones de euros, es de aplicación temporal -hasta 2023- y tiene un enfoque en la recuperación de las economías de los estados. Lo consigue mediante la transformación de estas hacía un entorno digital y ecológico, en donde las regiones jueguen un papel importante en el desarrollo y la creación de empleo.
El MFP 21-27
Es el verdadero presupuesto a largo plazo en la UE, mediante el cual se asignan más de 1.075 billones de euros. Se aplicará en 6 grandes rubros, donde el mayor peso lo llevan las partidas de ‘mercado único, innovación y digitalización’, ‘cohesión y valores’ y ‘recursos naturales y medio ambiente’.
La modificación del sistema de financiación de la UE
En especial, los recursos obtenidos a través de la partida de ingresos propios, que incluirá la transformación de algunos de los ingresos tradicionales y la creación de nuevas fuentes (tales como impuestos). En ellas, se evalúan exacciones relacionadas directamente con la evolución de la economía digital y la protección al medio ambiente, a través de tributos ambientales europeos (por ejemplo, tributo por envases plásticos, entre otras figuras impositivas).
Por otro lado, también encontramos la emisión de los denominados “eurobonos” o “coronabonos”, mediante los cuales se financiaría la inversión en el NGEU.
Tres políticas para llevar a cabo esta transformación
Estas son las leyes que ayudan a asentar el marco general que determina el destino de los recursos:
- La transición digital propiciada por la “Agenda Digital para Europa”.
- La transición ecológica generada por el “Pacto Verde europeo”.
- El desarrollo de políticas de cohesión que integren los dos valores anteriores y que tengan como objetivo el desarrollo económico sostenible y la lucha contra el desempleo juvenil.
La importancia de estas tres políticas se ven reflejadas, en primer lugar, dentro del NGEU, en donde solo el Fondo de Recuperación y Resiliencia abarca el 89% de la inversión total del programa. Se estima que, al menos, el 37% de estos valores se designará al desarrollo de la transición ecológica, enfocando su esfuerzo en acciones sobre el cambio climático y sostenibilidad medioambiental. Por otro lado, al menos un 20%, estaría destinado a la transición digital. Así, las cantidades restantes irán a las otras políticas consagradas en el plan, con lo cual, casi un 60% de los recursos destinados al NGUE tendrían como destino la transición digital y el pacto verde.
En segundo lugar, el MFP 21-27, presenta el mismo enfoque pues, tal y como vimos en la integración de sus rúbricas, políticas y programas y a pesar de su minoración, las partidas destinadas a cohesión y valores absorben el 35% de los recursos; mientras que las partidas de ‘recursos naturales y medio ambiente’ (siendo la PAC la más significativa), obtendrían un 33% del marco presupuestario, dejando a las partidas del ‘mercado único, innovación y digitalización’ en tercer lugar, con una cobertura del 13% del total del presupuesto a largo plazo de la UE.
Aquí volvemos a encontrar que más del 80% del MFP 21-27 tiene como destino programas que tiene relación directa e indirecta con las 3 políticas anunciadas: transición digital, transición ecológica y las políticas de cohesión orientadas al desempleo juvenil y al desarrollo sostenible. Con ello, el esfuerzo presupuestario europeo para los próximos años va a generar que una gran cantidad de recursos se encuentren disponibles para que los Estados miembros, los actores económicos y los particulares, ayuden a la transformación del sistema económico europeo hacia uno más sostenible y ecológico.
Las medidas de incentivo medioambiental y social jugarán un papel trascendental en la canalización de los recursos a aplicar, no solo para salir de la crisis, sino que también para alcanzar los objetivos marcados por la transición digital y ecológica de todo el sistema económico europeo
Con ello, políticas, técnicas o instrumentos de incentivo, que son objeto de estudio en el Máster de Derecho Ambiental de la UNIR, tales como la tributación ambiental, la compra pública verde (CPV) y la política de ayudas públicas, son las herramientas que, integradas adecuadamente, permitirían acceder al uso de esos recursos y replantear los modelos de producción y consumo en relación al medioambiente, sin perder de vista el desarrollo económico.
