En los casos de violencia de género, la víctima puede solicitar una orden de protección, que además de las consecuencias penales que correspondan, puede conllevar la adopción de medidas civiles.
Como consecuencia de las reformas operadas en nuestro Código Penal, especialmente la efectuada en 2015, es conocido que las personas jurídicas pueden cometer delitos. Sin embargo, en este artículo nos centraremos en una cuestión que merece especial atención, y es el régimen de responsabilidad penal de los administradores y representantes legales, tanto desde una perspectiva general como desde la derivada de las reformas citadas.
El conocido aforismo Societas delinquere non potest (una sociedad no puede delinquir), vigente en España durante siglos, dejó de estarlo por las leyes orgánicas 5/2010 y 1/2015, de reforma del Código Penal, que han introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso y sus consecuencias nos lo explica el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández.
La defraudación a la Seguridad Social no puede constituir un delito meramente formal, tras el cual no exista bien jurídico alguno. En nuestro sistema, todo delito debe comportar por necesidad una ofensa o lesión a un interés jurídico.
Como recogen Roger Fisher y Daniel Shapiro en su libro Beyond Reson; Using Emotions as You Negociate (Más allá de la razón), es fundamental expresar aprecio a lo que el contrario pretende transmitir a través de tres elementos: entender el punto de vista del que tenemos enfrente, encontrar mérito en lo que cada uno piensa, siente o hace, y comunicar nuestro entendimiento a través de palabras y acciones, incluido el dar las gracias.
Si el Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas estuvieran conectados, el solicitante de una denominación social que pretende constituir una sociedad podría conocer paralelamente si existe o no algún signo distintivo con el mismo nombre.
El interrogatorio de testigos constituye materia de esencial conocimiento y dominio por parte del abogado litigante sea cual sea el orden jurisdiccional en el que intervenga. Un interrogatorio mal planteado o deficientemente practicado puede acarrear consecuencias desastrosas para la defensa del caso. Vamos a centrarnos en aquellos errores, los más importantes, que el abogado nunca debiera cometer.
Ni del concepto de independencia profesional del abogado ni de la regulación normativa podemos deducir que su autonomía dependa del vínculo laboral que lo une con su cliente. Hacerlo sería como cuestionar la libertad de los letrados en grandes bufetes porque sus ingresos provengan sobre todo de clientes poderosos.
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Algunos estudios en los que imparte clase