Beatriz Romero Flores
En las últimas décadas la Criminología está cobrando un protagonismo muy especial en los medios de comunicación. Es un hecho constatado que el fenómeno de la criminalidad atrae a la audiencia y prueba de ello es el éxito de series televisivas y documentales sobre serial killers y escenas de crímenes famosas.
En las últimas décadas la criminología está cobrando un protagonismo muy especial en los medios de comunicación. Es un hecho constatado que el fenómeno de la criminalidad atrae a la audiencia y prueba de ello es el éxito de series televisivas y documentales sobre serial killers y escenas de crímenes famosas.
Este interés provoca que cada vez más la ciudadanía reclame a los poderes públicos una respuesta-reacción ante la delincuencia de la que tienen noticia. El conjunto de medidas y pautas tanto jurídicas, sociales, como educativas, que vienen aprobadas por el poder público con el fin de reaccionar y prevenir el delito es lo que se conoce como Política Criminal.
Las áreas de actuación de la Política Criminal son muy amplias y variadas. Citemos únicamente algunas: seguridad ciudadana, derechos de sospechosos y procesados, sistema de justicia penal y modelo de justicia juvenil.
La expresión “Política Criminal” se utilizó por primera vez en el siglo XVIII por Kleinschrod, quien la definió como “conocimiento de aquellos medios que el legislador puede hallar, según la especial disposición de cada Estado, para impedir los delitos y proteger el Derecho natural de sus súbditos”.
Esta definición, trasladada a nuestros días, se refleja en la misión de la “Dirección de Política Criminal” de la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
En un Estado como el actual, social y democrático de derecho, la prevención del delito constituye el objetivo esencial de la política criminal. Sin embargo, este objetivo estará siempre limitado por el respeto de los derechos fundamentales.
De vital importancia para conseguir resultados eficaces es que la Política Criminal se apoye en la investigación criminológica, con el fin de que se propugnen programas de prevención de la delincuencia y de la reincidencia que vayan más allá de la intervención del Derecho Penal. Nos referimos, claro está, a la implementación de medidas sociales y/o educativas.
En primer lugar, habrá que estudiar el fenómeno criminal que se pretende prevenir, incluyendo un análisis de las causas del delito. En una segunda fase será necesario analizar los mecanismos de prevención del delito. Todo este proceso se verá impregnado por una crítica de la normativa penal vigente, proponiendo nuevas reformas. Finalmente, se evaluará la política criminal para comprobar si es eficaz a la hora de prevenir la criminalidad.
Cibercriminalidad
Otros modelos de prevención de la criminalidad en general serían la prevención situacional, que supone una intervención sobre la seguridad del entorno, tanto físico como virtual (ciberespacio), si hablamos de la cibercriminalidad. En cambio, la prevención social se centrará en las condiciones de vida en determinados entornos.
En un Estado social y democrático de derecho se entiende que el delito no solo es un problema jurídico, sino que también es un problema social. Como decía Von Liszt: “La mejor política criminal es una buena política social”. Desde esta perspectiva, la política criminal utilizará políticas reactivas cuando la política social, a través de políticas proactivas, de promoción social, no haya funcionado.
Un buen ejemplo de política criminal exitosa la encontramos en Ecuador. Recordemos que América latina es la región de mundo con más homicidios violentos (un 19.3 por 100.000 habitantes). Los últimos datos, de febrero de 2019, arrojan un 5.8 en Ecuador, siendo el segundo país de América latina con menos homicidios violentos, después de Chile. ¿A qué se debe esta reducción de homicidios en Ecuador? El programa de control de armas ha sido fundamental para conseguirlo, pero también habría que hablar de la mejora en los recursos técnicos y humanos.
Política criminal conjunta
Las actividades propias de la criminalidad organizada siembran un gran número de asesinatos en cualquier país de la América latina. Ecuador se encuentra en medio de los dos países productores de cocaína más informantes del mundo: Colombia y Perú. Con este tipo de criminalidad, resulta imprescindible hablar de una Política criminal conjunta entre los países productores y aquellos en los que transita y/o se vende la droga, con el fin de que la actuación sea eficaz.
El Plan Nacional de Seguridad Integral de los últimos años ha provocado una reducción significativa de los homicidios violentos en Quito, de manera que en otras grandes ciudades del país se ha replicado este modelo.
Como vemos, una buena política criminal puede dar óptimos resultados siempre que no se legisle a golpe de encuestas electorales, como suele ocurrir en algunos países europeos. Se habla, en estos casos, de punitivismo populista. La falta de reflexión cuando se acometen reformas en el Código penal, tanto introduciendo nuevos delitos como aumentando la duración de las penas de prisión no conlleva necesariamente una disminución de la criminalidad, ni muchos, menos de la reincidencia. La única consecuencia cierta es la falta de confianza en los poderes públicos y la sensación permanente de inseguridad de la población, que contempla impotente cambios legislativos de dudosa eficacia.
