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Los presupuestos públicos son documentos básicos de las administraciones en las que se recogen las previsiones de ingresos y gastos, proyectos y pronóstico de la situación económica general.
Los presupuestos públicos son las cuentas anuales que realizan las administraciones públicas en las que se recogen las previsiones de ingresos y gastos de la entidad pública para el año entrante. Los presupuestos públicos recogen, además, la previsión de la institución a la hora de hacer frente a sus obligaciones legales (servicios públicos) y a las políticas públicas que el gobierno crea conveniente invertir.
Igualmente se recogen determinados parámetros como la previsión de ingresos (vía impuestos, fondos, transferencias, emisión de deuda, etc.) y un pronóstico de la situación económica general en la que se basan dichas cuentas (no son iguales unos presupuestos en momentos de crisis económica que los planteados en época de bonanza). Los presupuestos públicos se dividen en partidas, que después se ejecutan. Son, por tanto, un instrumento político importantísimo, pues en ellos se plasman, negro sobre blanco, los proyectos concretos que se van a llevar a cabo, cómo financiarlos y, en general, el modelo de gobierno que plantean los gobernantes.
Tipos de presupuestos públicos
Todas las entidades (supranacionales, nacionales, autonómicas y locales) aprueban presupuestos una vez al año, aunque existen mecanismos para que si esto no ocurre, se puedan prorrogar las cuentas de años anteriores. Por ejemplo, la Unión Europea presenta sus propias cuentas anuales. El proyecto de presupuestos europeo es propuesto por la Comisión y aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Lo mismo hacen cada una de las 17 autonomías españolas, en la que sus respectivos gobiernos presentan las cuentas anuales a sus cámaras legislativas (las asambleas autonómicas, que tienen diferentes nombres y normativa según el territorio) que deben debatirlas, enmendarlas y aprobarlas.
Las entidades locales como ayuntamientos y diputaciones provinciales también presentan cuentas públicas. En función del tamaño y competencias del ayuntamiento estas cuentas son más o menos extensas y detalladas. En España hay 8.131 municipios que tienen sus propios presupuestos públicos.
Los presupuestos generales del Estado y su aprobación
Los presupuestos públicos que más trascendencia política tienen son los estatales y se conocen como presupuestos generales del Estado (PGE). Los PGE deben ser presentados, según la Constitución Española, antes del 1 de octubre, aunque este plazo rara vez se cumple. Además, tienen que estar aprobados antes del 1 de enero y, si no es así, se prorrogarán automáticamente las cuentas del año anterior hasta que la nueva norma salga adelante.
Los PGE tienen una tramitación parlamentaria propia y cuentan con rango de ley. Su contenido está acotado constitucionalmente y la doctrina lo ha ido modelando a lo largo de los años (por ejemplo, unos presupuestos no pueden crear tributos nuevos, aunque sí modificarlos). La tramitación de las cuentas tiene preferencia sobre el resto de trabajos de la Cámara y, además, debe aprobarse en el pleno.
Este es el proceso, de forma resumida, que siguen los presupuestos generales del Estado para su aprobación en España.
- La Mesa del Congreso publica el texto una vez recibido por el Gobierno y ordena la publicación del proyecto de ley y la apertura de un plazo de 15 días para que los grupos propongan enmiendas.
- Los secretarios de Estado, subsecretarios y altos cargos exponen las cuentas al detalle en las respectivas comisiones.
- Los grupos presentan enmiendas de totalidad o parciales. En el debate de totalidad, el ministro de Hacienda defiende el proyecto de ley frente al resto de partidos y si una de las enmiendas a la totalidad es aprobada por mayoría, el texto se devuelve al Gobierno.
- Luego, la comisión de Presupuestos elige a un grupo de diputados (ponencia) que estudian la norma y las enmiendas presentadas. Estas pueden ser sobre el articulado o sobre las secciones. La ponencia elabora un informe con las enmiendas acordadas por los grupos y después debate las modificaciones que no han sido incorporadas todavía, vota el informe y remite el dictamen al pleno.
- En el debate en el pleno cada ministro defiende su sección y debate con los partidos las enmiendas y votos particulares que siguen vivos. El texto aprobado tras el debate se envía al Senado.
- En el Senado vuelve a tramitarse el proyecto, que puede aprobarse sin cambios, vetarse (en ese caso vuelve completo al Congreso) o introducir modificaciones (regresa también al Congreso para que se pronuncie sobre las enmiendas).
En el Congreso, la votación se realiza por secciones y por mayoría simple (más síes que noes). Sin embargo, si el Senado veta el texto y este vuelve al Congreso, la Cámara Baja puede levantar el veto por mayoría absoluta (en primera votación) o simple (dos meses más tarde).
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