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El principio de legalidad es uno de los ejes que vertebran la construcción política y jurídica del Estado, el cual recoge cómo los poderes públicos están sometidos a la ley y el derecho.
El principio de legalidad es uno de los principios jurídicos que fundamentan la constitución de un Estado de derecho y en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho. Esta primacía de la ley le otorga superioridad o jerarquía respecto a cualquier otra clase de norma y también sobre cualquier actividad o función del poder público, construyendo así un Estado que se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos.
La Constitución Española establece cómo afecta el principio de legalidad a todo el ordenamiento jurídico, con varios preceptos que abordan su impacto sobre la ciudadanía y los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Así, el artículo 9 de la Carta Magna enuncia que:
- “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
- “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Otros preceptos constitucionales que ahondan en el alcance del principio de legalidad se encuentran en el Título IV, del Gobierno y de la Administración, y en el Título VI, del Poder Judicial:
- Así, en el artículo 103.1 encontramos que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
- Por su parte, el artículo 117.1 de la Constitución establece que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
¿Qué efecto tiene el principio de legalidad?
El principio de legalidad, como uno de los ejes que vertebran la construcción política y jurídica del Estado, supone a efectos prácticos que:
- La actuación de todos los poderes públicos está sujeta a la ley, ninguna persona u organismo está exento de la acción del Derecho.
- Se reconozca que, junto con la Constitución y las leyes que emanan del Poder Legislativo (el Parlamento) y del Ejecutivo, el ordenamiento jurídico lo conforman tanto las normas supranacionales (tratados y convenios) como otras normas de rango inferior a ley que son competencia de los legisladores y poderes ejecutivos autonómicos.
Este principio permea hacia las distintas jurisdicciones y toma forma concreta. Por ejemplo, en el ámbito civil, implica que una persona no podrá ejercer una acción contra otra si no está recogida en las leyes civiles. De igual forma, cualquier sanción administrativa debe estar regulada a través de una ley. En el ámbito tributario, supone que el Estado solo puede gravar aquellos bienes o rendimientos que estén regulados, ya que el contribuyente debe conocer sus obligaciones.
El principio de legalidad en el ámbito penal
El principio de legalidad tiene gran calado en el ámbito penal. El primer artículo del Código Penal consagra también el principio de legalidad al establecer que “no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración”.
En este ámbito penal, el principio de legalidad está relacionado con el principio de irretroactividad, que también viene regulado en el artículo 9 de la Constitución.
Por otro lado, la excepción al principio de legalidad penal, es el beneficio pro-reo, es decir, que si la ley es publicada con posterioridad a la comisión del delito y es más favorable para el reo, se aplicará ésta.
En el ámbito penal, el principio de legalidad abarca cuatro áreas, conocidas como garantías o subprincipios:
- Criminal: supone que solo será considerado delito aquello que recoja una ley.
- Penal: garantiza que el cumplimiento de las penas sea únicamente el que imponga la ley penal, no pudiendo cumplirse en forma distinta a la prevista por la norma.
- Jurisdiccional: supone que solo podrá juzgarse e imponerse una pena de acuerdo al procedimiento penal y ante el órgano competente.
- Ejecución: la ejecución de la pena debe seguir también lo que marque la ley del procedimiento penal.
Como vemos, el principio de legalidad es de gran valor en la configuración del Estado de derecho. Además del principio de legalidad, el texto del artículo 9 de la Constitución recoge los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y político español, es decir, los que configuran el Estado y los valores que dirigen tanto el texto de la propia Carta como la organización política, jurídica y del gobierno del país.
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