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Cuando se agota la vía administrativa, este recurso es la clave para reclamar ante la Justicia el menoscabo de un derecho que haya realizado la Administración.
Un recurso contencioso-administrativo es el que se interpone en contra de una resolución dictada por la Administración que pone fin a la vía administrativa. Este procedimiento judicial puede dirigirse contra disposiciones generales o contra actos expresos o presuntos dictados por una administración, sea de ámbito local, autonómico o estatal.
Cabe recordar, antes de profundizar en los requisitos y la forma de interponer un recurso contencioso-administrativo, que el Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que se encarga de regular la actividad de las Administraciones públicas y sus relaciones jurídicas con otros sujetos, sean personas físicas o jurídicas.
En el marco de estas relaciones entre la Administración y los ciudadanos o las personas físicas, puede darse una situación de menoscabo de derechos y la necesidad de acudir a la vía judicial e interponer un recurso contencioso-administrativo para solicitar la restitución del derecho.
El recurso contencioso-administrativo está regulado en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y, como recoge esta norma, se trata de un “instrumento útil para una pluralidad de fines”: desde la defensa del interés personal, de los intereses colectivos y cualquier otro siempre que sea legítimo, abarcando materias que van desde la política, la defensa de la autonomía, defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones públicas y como mecanismo de control de la legalidad de las Administraciones de rango inferior.
La interposición de un recurso contencioso-administrativo puede perseguir varios objetivos:
- Impugnar actuaciones de la Administración.
- Solicitar la anulación de disposiciones o actos.
- Reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración.
- Solicitar el reconocimiento de determinados derechos.
A la hora de interponer un recurso de este tipo será necesario respetar la forma y los plazos marcados en la Ley.
En cuanto a la forma, el recurso-contencioso administrativo debe ser:
- Por escrito, ante el órgano judicial competente e indicando el acto que se impugna.
- Con la intervención de un abogado y, si la actuación se hace ante órganos colegiados, también la de un procurador.
Respecto a los plazos para interponer este recurso, la norma marca que dependerán de la naturaleza del acto que se vaya a impugnar:
- En el caso de actos expresos, el plazo es de 60 días, que empiezan a contar desde que se publica o notifica dicho acto.
- Cuando se trata de actos presuntos, el plazo es de seis meses desde el día siguiente al que se produce el acto.
Un ejemplo típico de recurso contencioso-administrativo es el recurso contra las sanciones de tráfico. Una multa de tráfico es un acto de la Administración, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, si la persona considera que no es correcta y genera un perjuicio (como son la pérdida de puntos en el carnet de conducir y la sanción económica), puede acudir al juzgado competente una vez agote la vía administrativa para exponer su caso e impugnar la actuación administrativa.
En la misma línea, también cabe este tipo de recurso ante decisiones de los ayuntamientos que tengan que ver, por ejemplo, con la concesión de licencias. Otro ejemplo son las situaciones de expropiación administrativa, que es la decisión por la cual una administración cambia el título de propiedad de un bien a cambio de una compensación económica. Si el afectado no está conforme con la decisión, puede agotar la vía administrativa y recurrir en vía judicial.
El recurso contencioso-administrativo es un instrumento jurídico clave para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos ante la actividad (o inactividad) de cualquier administración. Su funcionamiento y sus peculiaridades lo convierten en una de las piedras angulares del Derecho Administrativo y será clave contar con los conocimientos y la pericia para actuar correctamente ante casos así.
Los graduados en Derecho cursan durante la carrera las materias necesarias para manejar este tipo de casos, sin embargo, la especialización siempre será un valor añadido para los abogados, futuros o ejercientes. Algunos posgrados de utilidad para aquellos abogados que quieran profundizar en materias de utilidad para afrontar casos en contra de la Administración son el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, el Máster en Derecho Urbanístico o el Máster en Asesoría Fiscal.
