UNIR Revista
La Ley Concursal de 2022 traspone la Directiva europea aprobada en 2019 sobre esta materia y pretende abordar las limitaciones del sistema de insolvencia vigente en España.
El buen rumbo de un negocio depende de muchos factores. A veces se presentan problemas de insolvencia y falta de liquidez que es necesario abordar mediante un proceso de concurso de acreedores. La reforma de la Ley Concursal ha hecho avances significativos en este procedimiento jurídico para aquellas situaciones en que un profesional o una empresa no puede hacer frente al pago de sus deudas y necesitan abordar la situación con sus acreedores.
La Ley Concursal es el conjunto de normas que regulan el procedimiento concursal para todos los tipos de deudores, tanto personas físicas como jurídicas. Los concursos de acreedores o sistemas de insolvencia persiguen un objetivo económico: procurar que los recursos productivos se reasignen de forma eficiente.
Cuando un empresario o una compañía se encuentran en dificultades financieras puede darse que su actividad sea viable, por lo que son necesarios procedimientos que faciliten una reestructuración del pasivo para que la compañía sanee su situación con los acreedores al tiempo que continúa operando su negocio. En cambio, en otras situaciones la actividad de esa empresa no es viable, por lo que los procedimientos deben ser ágiles y extraer el mayor valor de los activos para que los acreedores recuperen el mayor porcentaje de sus créditos, siempre siguiendo un orden de prelación.
En septiembre de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley Concursal que traspone al ordenamiento español la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
Como explica el preámbulo de la Ley Concursal 16/2022, la ambición de la norma es abordar las limitaciones del sistema de insolvencia vigente en España que afectan tanto a los instrumentos preconcursales, como a la excesiva duración de los concursos o la escasa utilización de la figura de la segunda oportunidad. Para ello, la ley aprobada en septiembre plantea “una reforma de calado” que:
- Introduce los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal que busca evitar o superar la insolvencia, permitiendo tomar medidas ante las dificultades financieras de un profesional persona física o una empresa antes de lo que permitían los anteriores instrumentos preconcursales. Esto ayuda a evitar el estigma asociado al concurso e incrementa su eficacia incentivando la reestructuración más temprana del pasivo y contribuyendo a la descongestión de los juzgados.
- Suprime los actuales instrumentos preconcursales a los que el deudor solo puede acogerse en una situación de insolvencia inminente.
- Reforma el procedimiento concursal para incrementar su eficacia, introduciendo modificaciones procedimentales para hacerlo más ágil, facilitar que se apruebe un convenio cuando una empresa sea viable y lograr una liquidación rápida cuando no lo sea.
Modificaciones que introduce la reforma de la Ley Concursal
La norma ha hecho una gran modificación de la Ley Concursal, introduciendo, por ejemplo, conceptos como:
- Los planes de reestructuración.
- La alerta temprana.
- Un procedimiento especial para microempresas.
- Novedades en el derecho a una segunda oportunidad.
- La modificación del convenio concursal.
Entre estos cambios, cobra especial relevancia el concepto de plan de reestructuración, que es “una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumentos preconcursales, sin el estigma asociado al concurso y con características que incrementan su eficacia”. La introducción de este plan elimina los actuales acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago.
Otra de las novedades que destaca es el procedimiento especial para microempresas. Se trata de un mecanismo de “insolvencia único y especialmente adaptado” a las características y necesidades de estas empresas y que propone una mayor simplificación procesal. El acceso a este procedimiento excluye, en tanto, la posibilidad de un plan de reestructuración y está dirigido a trabajadores autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y supone una reducción en trámites y costes que facilita la continuidad de empresas cuya actividad pueda continuar.
La alerta temprana, en tanto, otorga al deudor la posibilidad de actuar “para evitar o para encauzar la insolvencia”, detectando cuándo el rumbo del negocio complica la viabilidad de la actividad y evitando tener que llegar a una insolvencia inminente para utilizar los mecanismos preconcursales que marcaba la anterior Ley Concursal.
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