Miguel González Inés
La adopción de estrategias en materia de GRC es esencial y debe implantarse mediante las tecnologías disponibles y con la implicación necesaria de los Consejos de Administración y de la alta dirección.
Desde principios de siglo, comenzó a despertarse entre los distintos gobiernos y organismos reguladores de las economías internacionales más desarrolladas, la necesidad de iniciar la construcción de un marco normativo que, por un lado, estableciese principios y directrices y, por otro lado, definiese limitaciones y responsabilidades a los gobiernos de las corporaciones.
¿Por qué se produjo el cambio?
La razón principal para impulsar este cambio de paradigma en la cultura legislativa encontró un claro detonante en los distintos escándalos financieros sucedidos en Estados Unidos (2000– 2010). También, en la posterior crisis económica global, desencadenante de graves consecuencias desde la perspectiva social y económica.
Esta nueva conciencia de los organismos reguladores se ha cristalizado en diferentes iniciativas y propuestas. Entre las leyes promulgadas por Estados Unidos encontramos la Ley Sarbanes-Oxley (2002) o la Ley Dodd-Frank (2010), que buscaban la protección de accionistas e inversores y la reorganización del sistema financiero.
Entre los principios publicados contamos con los de inversión responsable (2005-2006), propuestos por la ONU; los de Gobierno Corporativo elaborados por la OCDE y el G-20 (2015) y los principios éticos para guiar a las empresas en la era de la Cuarta Revolución Industrial (2020), desarrollados por el Foro Económico Mundial y en el seno de la Comisión Europea. Además, contamos con el Libro Verde del Gobierno Corporativo (2011) y el Pacto Verde Europeo (2020).
La necesidad de implementar políticas de GRC
Al impulso de esta corriente transformadora se unen otras fuerzas originadas por la presión de los distintos grupos de interés, que empujan a las corporaciones a la adopción de estrategias en materia de GRC (Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento).
Hablamos de la sociedad, los clientes, los accionistas y los grupos de inversión. Desde diferentes perspectivas, derechos e intereses, han desarrollado un alto nivel de conciencia y cultura de transparencia, ética y sostenibilidad, exigiendo a las corporaciones y a los organismos supervisores la salvaguarda de estos valores.
Las corporaciones necesitan implementar políticas de GRC que se adecuen a las exigencias.
En el informe 2021 Harvard Law School Forum on Corporate Governance, de la Harvard Law School Forum on Corporate Governance, se manifiesta que las corporaciones están experimentando un mayor escrutinio respecto a su rol en la sociedad. También, que las expectativas de los directores independientes que supervisan las corporaciones nunca han sido tan altas en este sentido.
Ante tal escenario, las corporaciones están experimentando una necesidad creciente de elaborar políticas de GRC e implementarlas a través de sistemas de gestión que se adecuen a dichas exigencias. Especialmente, las sociedades cotizadas o aquellas de gran volumen o concentración de mercado, las pertenecientes a sectores regulados o aquellas otras que desarrollan proyectos objeto de contratación pública o reciben subvenciones con este carácter.
Las tecnologías facilitan su aplicación
Es precisamente aquí donde la Inteligencia Legal y la Inteligencia Regulatoria están comenzando a desempeñar un papel crucial e indispensable de alto valor añadido. De hecho, tras el despegue de las industrias Legaltech y Regtech su crecimiento no ha cesado. Así lo demuestran distintos informes, como fue el dirigido por el Cambridge Centre for Alternative Finance y Ernst and Young (Japón) en 2019.
Las tecnologías pueden facilitar las funciones derivadas de los requerimientos legales y regulatorios.
En este sentido, según indica Thomson Reuters en su estudio Regtech The Governance Lifecycle 2021, las empresas tienen amplias expectativas de que estas tecnologías les faciliten determinadas funciones derivadas de los requerimientos legales y regulatorios.
Como ejemplos podemos señalar:
- La toma de decisiones estratégicas basadas en criterios de GRC.
- El aumento de la fiabilidad de los reportes regulatorios.
- La mejora de la eficiencia de la función de Compliance.
- El avance en la toma de evidencias de aplicación del sistema de Compliance.
- La mejora de los procesos de Onboarding y KYC (Know Your Customer).
- La detección e implementación de cambios regulatorios.
- La gestión del riesgo de proveedores y terceros.
La GRC requiere un sólido gobierno de la información
No obstante, existen claros desafíos en este proceso de transformación digital de los sistemas de GRC. Para que esta transición resulte altamente eficiente, es necesario un modelo organizativo maduro, apoyado en un óptimo diseño de procesos y en un sólido gobierno de la información por parte de las compañías.
De hecho, según se recoge en el informe de Thomson Reuters Fintech, Regtech, and the Role of Compliance Report 2021, algunos de los principales escollos que encuentran las empresas para impulsar este cambio son: la falta de inversión, la falta de habilidades apropiadas in-house y las inquietudes respecto al impacto de estas tecnologías, en términos de seguridad de la información y la protección y privacidad de los datos.
Por tanto, el desafío actual a resolver parece situarse en cómo las empresas enfocan su evolución y estrategia para desplegar estas soluciones y en definir cuál es el rol del regulador en dichas implementaciones.
Para ello, será crítica la implicación de los Consejos de Administración y de la alta dirección. Ambos deben tomar conciencia de la importancia de dirigir la estrategia tecnológica de las corporaciones hacia un modelo de gobernanza integral e inspirado en criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
Cuestiones claves como estas se abordan en el Programa Avanzado en Legaltech de UNIR, para formar profesionales capaces de asumir los retos que se plantean.
