UNIR Revista
Un derecho básico como la tutela judicial efectiva garantiza que cualquier persona pueda iniciar un proceso legal con tal de solicitar que se repare la vulneración de sus derechos.
La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos españoles recogido en la Constitución Española de 1978. “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, recoge el artículo 24.1 de la Carta Magna.
La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia, con la correspondiente intervención de los órganos judiciales. Toda vez que una persona considera que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir a los tribunales para que analicen la situación y, si es pertinente, le restituyan en sus derechos o reparen los daños sufridos de la manera en que indique la ley.
Como derecho del ciudadano, la tutela judicial efectiva configura la obligación de los órganos judiciales de velar por su cumplimiento para evitar la indefensión de una persona ante la vulneración de sus derechos. La tutela judicial efectiva se entiende satisfecha una vez que el juez o tribunal han resuelto sobre el caso, siguiendo un proceso justo y que cumpla con todas las garantías procesales dispuestas legalmente.
Pero la tutela judicial efectiva no implica que el juez deba reconocer las pretensiones de la persona que inicia las acciones legales, sino que ha tenido la ocasión de esclarecer ante la ley la situación mediante un proceso legal y justo. Para que este derecho se entienda satisfecho, la ley impone la obligación a los jueces y magistrados que conocen de una causa de motivar suficientemente su decisión.
Es decir, en el fallo deben recoger de forma detallada las razones y motivos en que se apoyan para adoptar una u otra resolución. La motivación sirve para que el juez muestre que no actúa con arbitrariedad. Si se considera que una sentencia no está suficientemente motivada, otro órgano jurídico puede determinar que se haya vulnerado el derecho fundamental de tutela judicial efectiva del ciudadano.
Materialización de la tutela judicial
El derecho a la tutela judicial efectiva se materializa en los siguientes derechos concretos:
- El derecho de una persona a acceder a la justicia en defensa de los derechos e intereses legítimos que se vean vulnerados.
- El derecho a que el proceso judicial que se inicia cumpla con las garantías procesales y, por tanto, se puedan aportar las pruebas y declaraciones que expongan y muestren la vulneración por la que se busca resarcimiento.
- El derecho a que los jueces y tribunales den una respuesta motivada sobre las pretensiones, fundada en derecho y en un plazo razonable.
- Derecho a recurrir el fallo obtenido ante el órgano jurisdiccional pertinente en tiempo y forma cuando la resolución se considere desfavorable.
- Derecho a que se ejecute el fallo recogido en la sentencia para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales.
Al tratarse de un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva incluye a todas las personas, ciudadanos españoles o extranjeros, que vean vulnerados sus derechos o intereses. Como recoge una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, es un derecho que “pertenece a la persona en cuanto a tal, y no como ciudadano”.
A la hora de ejercer como abogado, conocer en profundidad los derechos fundamentales que protegen los derechos de la persona será clave para litigar con éxito ante los jueces y tribunales. Los graduados en Derecho en UNIR obtienen una formación completa y actualizada que les permite realizar una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
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