Lorena Varela
La lucha contra esta lacra tan antigua como el ser humano implica a todos los ciudadanos del mundo más allá de los programas oficiales de los Estados o las corporaciones del mercado. Una labor en la que la formación especializada resulta determinante.
“Unidos contra la corrupción” es más que un eslogan, es una misión universal que tenemos todos los ciudadanos del mundo más allá de los programas oficiales del Estado o corporaciones del mercado.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recoge entre sus medidas preventivas la participación de la sociedad civil. En su artículo 13º establece que cada Estado parte adoptará medidas adecuadas para fomentar la participación ciudadana y sensibilizar a la opinión pública acerca de la existencia, gravedad, prevención y lucha contra la corrupción, así como también para garantizar que la sociedad conozca acerca de la existencia y funcionamiento de las instituciones públicas orientadas a afrontar este grave fenómeno criminal.
En el Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción abordamos las medidas preventivas contra la corrupción entre las que se encuentra la participación de la sociedad, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso con una formación de calidad como base esencial en la lucha contra este gran problema criminal.
La sociedad como protagonista
Los Estados y sociedades contemporáneos son conscientes de que para alcanzar objetivos óptimos y razonables en la cruzada contra la corrupción se deben emplear de forma organizada todos los recursos técnicos, económicos y humanos posibles.
La lucha contra la corrupción ya no es solo un cometido de los gobiernos o empresas, sino también de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Es una estrategia conjunta, pero también una tarea individual y personalizada.
En esta línea, la convención mencionada insta a los Estados parte a fomentar la participación activa (no ya meramente pasiva-espectadora) de grupos y personas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales y asociaciones privadas. Usualmente, los mecanismos empleados por los Estados suelen incluir entre sus políticas públicas un programa de iniciativas e incentivos para que la sociedad se movilice, acompañadas de campañas de concientización sobre las consecuencias lesivas de la corrupción para los intereses comunitarios y los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.
La participación civil en tareas de alto interés colectivo como la lucha contra la corrupción, la mejora de la democracia, la defensa del medio ambiente, la tutela de los derechos humanos, etcétera, no es una casualidad política ni un descubrimiento de los compromisos internacionales entre Estados. Por el contrario, la participación civil tiene una raíz más profunda que se identifica con el cambio de paradigma del papel de la sociedad en los asuntos de Estado dentro de las democracias modernas. Es lo que se conoce con el nombre de auditoría social o control social como parte del movimiento del gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades públicas (sobre el papel de las organizaciones civiles como intermediarias entre los Estados y la sociedad civil, véase, Ibarra, 2017).
Asociaciones y grupos unidos contra la corrupción
Actualmente, en el ámbito internacional existen cientos de organizaciones de carácter cívico que se inscriben en la caravana global contra la corrupción. Desde estas agrupaciones de ciudadanos, abogados, economistas, académicos, periodistas, etcétera, se ejecutan políticas de sensibilización y concientización social (sectorial o general) sobre la existencia y gravedad del fenómeno de la corrupción en el sector público, en las corporaciones y en todos los estratos de la comunidad, así como también políticas de denuncia de hechos de corrupción conocidos o padecidos.
Estas organizaciones que operan como grupos de interés de diversas tendencias políticas o apartidistas son un claro ejemplo de la participación social en la lucha contra la corrupción. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado el primer registro de grupos de interés (asociaciones no gubernamentales y fundaciones), entre las cuales se encuentran algunas especializadas en anticorrupción y ética pública:
- Alertadores contra la Corrupción Whistleblower (AcC): entre sus objetivos esta asociación promueve campañas de denuncia contra la corrupción; ejercita acciones legales pertinentes; propone medidas de neutralización de la corrupción ante organismos competentes; estudia las medidas de mejora en la legislación, el sistema educativo y otros subsistemas para apoyar la ejecución de nuevas soluciones al problema; asiste a la ciudadanía en temas relacionados con denuncias y otro tipo de actividades e informaciones sobre la lucha contra la corrupción.
- Asociación Española de Compliance (ASCOM): esta asociación profesional tiene como objetivo profesionalizar la función del cumplimiento normativo dentro del mercado, así como la finalidad de operar como un canal de comunicación entre instituciones, reforzando las políticas de control interno dentro de las corporaciones y sector público para prevenir malas prácticas y la corrupción.
- Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas: este organismo tiene la misión de contribuir a la mejora de la credibilidad de las instituciones públicas y reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos comunitarios, destacando así su labor preventiva de la corrupción.
- Fundación Ciudadana Civio: asociación independiente y sin ánimo de lucro que monitoriza a los poderes públicos, comunica a los ciudadanos y ejerce presión sobre las instituciones para alcanzar la transparencia de las Administraciones públicas; promueve y defiende la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los gobiernos.
- Fundación Compromiso y Transparencia: entre sus objetivos se encuentra el impulsar la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y privadas, mecanismos nucleares de prevención de la corrupción.
- Tactital Whistleblower: esta asociación tiene como misión la promoción de la ética pública y la seguridad en las instituciones públicas y privadas en la lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación pública y en la detección de monopolios y cárteles en el mercado.
Existen en el territorio español, asimismo, otras entidades no contempladas en este registro oficial, pero con iguales o similares cometidos de luchar contra la corrupción:
- Asociación Cívica contra la Corrupción (ACC): esta entidad independiente y sin ideología política de la sociedad civil facilita su estructura para que profesionales del derecho de cualquier ciudad española pueda personarse como acusación popular en procesos judiciales por desvío de fondos públicos. Su principal objetivo es colaborar con los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía Anticorrupción en el esclarecimiento de la verdad en casos de corrupción política, así como lo es promover e instar a las Administraciones públicas a la creación de las agencias y oficinas antifraude en las diferentes comunidades autonómicas y concientizar a la sociedad en la lucha contra la corrupción.
- Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS): el objetivo esencial de esta asociación es la lucha contra la corrupción y la regeneración social tal como lo indica su nombre. En la consecución de este objetivo, la asociación denuncia situaciones de corrupción pública siempre que tenga conocimiento, demanda a los órganos responsables de los partidos políticos el posicionamiento de los mismos contra la corrupción, reclama de empresas y trabajadores en su gestión profesional un compromiso en la lucha contra la corrupción, así como propone mejoras legislativas a los poderes públicos en materia de transparencia y buenas prácticas y sensibiliza a la ciudadanía sobre la materia, promoviendo su participación activa.
- Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial (AVCJ): agrupación de ciudadanos sin tendencia política que promueve la defensa del derecho fundamental a una justicia imparcial y que protege y contiene a las víctimas de corrupción judicial.
- Plataforma x la Honestidad y Apuestas (PLxH): se trata de una asociación apartidista que se orienta a promover la integridad y combatir la corrupción en la sociedad, especialmente, en el ámbito deportivo. Para ello la asociación ofrece asistencia y asesoramiento para canalizar denuncias en procesos por corrupción, así como presta colaboración a las instituciones públicas en el impulso de normativas pro derechos humanos y de prevención de prácticas corruptas.
A escala internacional o regional también se presentan otras organizaciones no gubernamentales con la encomienda de atajar las graves consecuencias de la corrupción a escala planetaria. A modo de ejemplo:
- Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF): esta entidad sin fines de lucro tiene como finalidad la de profesionalizar en el ámbito hispanoparlante la prevención y gestión del fraude desde un enfoque multidisciplinar tanto en el sector público como en el privado, conformando redes colaborativas entre profesionales y organizaciones.
- Civicus: esta alianza global agrupa organizaciones de la sociedad civil y movimientos activistas dedicados a fortalecer y reforzar la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Desde este objetivo general el grupo realiza labores de prevención de la corrupción a través de la defensa de las libertades cívicas y los valores democráticos, del fortalecimiento del poder de las personas para organizarse y movilizarse y de la promoción de una sociedad civil más responsable y eficaz.
- Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL): esta plataforma opera a nivel internacional y se compone de diversos centros de estudios e investigación, que tienen como finalidad la generación del conocimiento técnico para proponer el diseño de políticas públicas en materia de prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción en los países de América Latina.
- Transparencia Internacional (TI): esta organización no gubernamental es un referente en la lucha contra la corrupción a escala mundial y cuenta con cientos de sedes y capítulos en Iberoamérica y en otros Estados de la comunidad internacional. Además, de publicar anualmente su reconocido Índice de la Percepción de la Corrupción, esta organización realiza todo tipo de campañas y eventos para concientizar acerca de la gravedad de la corrupción a la ciudadanía, empresas y gobiernos. Cuenta también con una dependencia llamada Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, que asiste a los denunciantes e informantes de hechos de corrupción en todo el mundo, empoderándolos en el conocimiento de sus derechos y garantías ciudadanos.
- World Compliance Association (WCA): este organismo con vocación internacional tiene como objetivo agrupar a todas las organizaciones y profesionales del mundo del compliance para difundir la cultura del buen gobierno corporativo y la ética en los negocios. Para ello, la entidad realiza actividades de formación continua entre sus asociados y colaboradores.
Lo que queda por hacer y lo que estamos haciendo desde el MAPC
Para nuestro Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción la enseñanza de las estrategias de lucha contra la corrupción en el sector público y en el sector privado constituyen uno de los aspectos nucleares de la formación de los futuros agentes anticorrupción; figura que los Estados de derecho y empresas de la familia iberoamericana vienen demandando cada vez más para alistarse en las filas de esta cruzada global contra la corrupción.
(*) Lorena Varela es directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR.
Fuentes
– Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003).
– Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, Registro de Grupos de Interés: https://rgi.cnmc.es/
– Ibarra, Paulina, “El papel de la sociedad civil en la autoría social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”, en Desde el Gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 2017, pp. 177-187.
Otros artículos de la serie:
Esta es la vigesimosegunda entrega del Abecedario de la Corrupción, una serie de artículos que la directora académica del Máster en Análisis y Prevención de la Corrupción de UNIR, Lorena Varela, publica cada mes en torno a temas de actualidad política mundial y corrupción. Cada titular comienza por una letra del abecedario: enero por la a, febrero por la b, marzo por la c… Así hasta completar las 27 letras del alfabeto.
- Enero: Agenda 2030: la UNIR fortalece su compromiso con la ONU desde la lucha contra la corrupción.
- Febrero: Botar prácticas corruptas del poder electoral.
- Marzo: Canales de denuncia de la corrupción.
- Abril: Del cabildeo y las puertas giratorias como prácticas de corrupción.
- Mayo: Ética: una disciplina de moda en un mundo donde la corrupción está al alza.
- Junio: Fiscalías contra la corrupción.
- Julio: Gobernanza global y corrupción.
- Agosto: ‘Habemus corruptio’.
- Septiembre: Intereses en conflicto y riesgo de corrupción.
- Octubre: Justicia transparente contra la corrupción.
- Noviembre: ‘Kickback’: ¿sobornos penales o comisiones legales?
- Diciembre: ‘Lawfare’: batalla jurídica y corrupción
- Enero: Medidas de regulación, gobernabilidad y represivas contra la corrupción
- Febrero: Nepotismo como fuente de corrupción.
- Marzo: Ñagazas contra la corrupción: el agente encubierto.
- Abril: Obstrucción a la justicia como delito de corrupción.
- Mayo: Practicar lo que se predica: el liderazgo ético como freno a la corrupción.
- Junio: ¿Qué es la corrupción?
- Julio: Recuperación de activos como bastión contra la corrupción.
- Agosto: ¿Sesgos políticos en favor de la impunidad de la corrupción pública?
- Septiembre: Transparencia: un mecanismo anticorrupción eficaz.
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