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Líderes del cambio para acabar con la violencia en los centros educativos

La figura del coordinador de bienestar y protección es fundamental para prevenir y combatir la violencia que sufren niños y adolescentes en los colegios. La formación es la respuesta para incrementar su seguridad y la de sus familias.

El coordinador de bienestar y protección es una figura obligatoria dentro de los centros educativos.

Recientemente se han cumplido tres años de la promulgación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a través de la que el coordinador de bienestar y protección pasa a ser una figura obligatoria dentro de los centros educativos.

En esta denominación se engloban numerosas funciones determinantes para el bienestar de los menores y que, aunque algunas son recogidas en términos generales por la propia ley, no excluyen a otras que pudieran identificarse en el camino de la protección de niños y adolescentes.

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Es precisamente esta variedad y amplitud de funciones la que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del perfil profesional. Las diferentes comunidades autónomas, con las competencias en materia de educación transferidas, son de hecho quienes han de establecer los requisitos que los candidatos a coordinadores de bienestar y protección han de cumplir.

Las diversas circunstancias de cada territorio han marcado diferencias, pero lo que a día de hoy parece que no se ha alcanzado es una regulación al respecto (más allá de las funciones mínimas que la ley determina). Esto ha generado en no pocas situaciones una cierta inquietud e inseguridad para aquellos que por unas u otras razones han acabado asumiendo dicha figura.

“¿En qué se traduce o a qué situaciones habré de enfrentarme como coordinador de bienestar y protección dentro de mi centro educativo? ¿Cuento yo, como maestro o profesor con las competencias necesarias para desempeñar una serie de funciones de tal amplitud y envergadura?”.

Funciones de una figura de referencia dentro y fuera del centro

Las funciones recogidas por la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia tienen un carácter muy genérico. Sin embargo, estas pueden traducirse en situaciones de un alto riesgo y gravedad, como por ejemplo: posibles situaciones de maltrato en cualquier entorno; situaciones de acoso o ciberacoso escolar; situaciones de exclusión por razones de discapacidad o diversidad; posibles trastornos de conducta alimentaria, entre otras.

Y derivado de ello, el coordinador de bienestar y protección ha de erigirse como una figura de referencia dentro y fuera del centro educativo. Brindará apoyo y orientación a sus compañeros (personal docente y no docente), pero también a familias y apoyos naturales y por supuesto a otros agentes que puedan intervenir ante situaciones de este tipo: servicios sociales o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.

Los niños y adolescentes de hoy en día se desarrollan y se van acercando a la vida adulta en un contexto complejo. Nos encontramos en sociedades llenas de oportunidades, pero también de viejas y nuevas amenazas que hemos de ser capaces de identificar y por supuesto sobre las que hemos de intervenir de la manera más adecuada. No hay duda de que la prevención y la intervención precoz es una máxima ante cualquiera de las situaciones en las que un menor pueda estar en riesgo o sufriendo algún tipo de vulneración. Evitar, minimizar o reparar el daño es fundamental para que las consecuencias en el corto, medio y largo plazo sean las menores posibles.

Las preguntas que en muchos momentos sobrevuelan son: “¿qué perfil profesional puede ser el coordinador de bienestar?, ¿quién podría asumir esta responsabilidad de la manera más adecuada?”. Bajo nuestro punto de vista no hay una única respuesta, no hay una única titulación que cuente (de base) con la formación necesaria para asumirlo. Pero sí hay una respuesta a la inseguridad y la incertidumbre frente a todo ello: la formación.

Problemas más frecuentes en los centros educativos

Como educadores, como maestros o profesores, contamos con una formación mínima que sienta las bases necesarias, aunque no suficientes. Somos responsables de acceder a formación que nos permita conocer (y gestionar) las problemáticas más frecuentes que se producen en los centros educativos: dificultades propias del momento evolutivo; violencia entre iguales (acoso y ciberacoso escolar, violencia de pareja en jóvenes); dificultades derivadas de la diversidad; manejo de los conflictos a través de herramientas como la mediación, las prácticas restaurativas, etc.

Además, defendemos la necesidad de acercarnos al niño y al adolescente con una mirada amplia, contemplando su entorno inmediato: su familia, su entorno social, su cultura, sus valores, etc. Cuando un niño o un adolescente entra a formar parte de nuestro centro educativo también lo hace su familia o sus figuras de referencia. Hemos de facilitar su implicación y ser un referente para ellos, contribuyendo a incrementar su seguridad en el rol que desempeñan como padres y creando una alianza de cuidados que favorezca esa protección y ese bienestar de niños y adolescentes.

Cuando un menor entra a formar parte de nuestro centro educativo también lo hace su familia o sus figuras de referencia. Hemos de facilitar su implicación y ser un referente para ellos, contribuyendo a incrementar su seguridad en el rol que desempeñan como padres.

 

El coordinador de bienestar y protección contribuirá a conseguir entornos educativos más seguros en los que niños y adolescentes puedan desarrollarse a todos los niveles de manera óptima. Sin embargo, no podemos obviar la necesidad de estar preparados, no debemos pensar que ante la responsabilidad que supone este puesto, no es necesaria una mirada hacia nosotros como profesionales donde identificar nuestro potencial, pero también nuestros puntos de mejora. La formación es la respuesta y la llave para incrementar una seguridad que habremos de brindar a niños, adolescentes y sus familias en nuestro desempeño diario.

(*) Noemí García-Sanjuán es la directora de Desarrollo Académico Internacional de la Facultad de Educación de UNIR. Doctora en Ciencias Sociales y máster en Investigación sobre Familias. Experta en infancia y familia, ha dirigido en UNIR el Máster Universitario en Prevención y Mediación de Conflictos en Entornos Educativos.

  • Facultad de Educación

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