Román Rodríguez Curbelo
La Asociación de Psicología Forense (APF) de la Administración de Justicia reclama que se apruebe esta rama de la psicología como especialidad profesional.
El término “forense” suele traer a la cabeza imágenes de cadáveres, autopsias y aspectos netamente corporales y físicos. Estereotipos más propios de la ficción que de la realidad. La vicepresidenta de la Junta Directiva de la APF, Amaya Nagore, confirma que estos prejuicios son efectivamente falsos.
“Forense proviene de la palabra latina foro, es decir, lugar público donde se impartía justicia en la antigua Roma. Cualquier profesional que actúe en el foro puede apellidarse forense, venga de la ciencia que venga”, explica.
La psicología forense, por lo tanto, evalúa a personas o a grupos de personas involucradas en un procedimiento judicial de los que se precisa conocer aspectos psicológicos o conductuales específicos. Aunque también puede encargarse de realizar autopsias psicológicas o análisis de testamentos de personas ya fallecidas, por ejemplo.
Son funciones, grosso modo, de asesoramiento a operadores jurídicos como jueces, fiscales o abogados. De esas evaluaciones periciales se derivan informes psico-legales, así denominados por tratar asuntos de índole psicológica encuadrados en el ámbito judicial.
“Nuestros conocimientos acerca del marco legal en el que nos movemos también han de ser sólidos”, reconoce la vicepresidenta de la APF.
Y aunque estos dictámenes no son vinculantes, sí resultan en muchas ocasiones determinantes para dictar y argumentar sentencias conforme a la ley, tanto en jurisdicciones civiles como penales.
Un acuerdo y una asociación necesarias
La Universidad Internacional de La Rioja, consciente de la relevancia de destacar el importante papel de estos profesionales, firmó el pasado 4 de abril un acuerdo de colaboración con la APF en diferentes áreas con el que se han establecido condiciones preferentes de acceso a las titulaciones de UNIR para los asociados a la APF que alcanza al primer grado de consanguinidad de familiares.
Los interesados accederán así a los estudios de grado y posgrado ofertados por UNIR con unas condiciones económicas especiales. Y, por otro lado, también incluye colaboraciones conjuntas en congresos, seminarios, talleres, jornadas y demás eventos, entre otras actividades previstas.
La Asociación de Psicología Forense (APF) de la Administración de Justicia se fundó en 2012 para aglutinar a los psicólogos que trabajan para la Administración de Justicia. Según Nagore, esta primera década ha aportado continuidad a un trabajo en los tribunales que iniciaron los pioneros en esta materia en España hace más de 40 años.
La APF ha visibilizado y divulgado la labor de estos profesionales, y más allá de la transferencia de las competencias en justicia de cada autonomía, ha cumplido con la búsqueda de objetivos laborales de los empleados públicos en las diferentes administraciones de justicia.
“La Asociación ha cumplido un importante papel en la cohesión y en la creación de una identidad de grupo entre los profesionales de la Psicología Forense contemporánea”, destaca Nagore.
Se ha asegurado la independencia y la autonomía de los profesionales vinculados a ella a lo largo de los años, y se han solventado ciertos riesgos, como el intrusismo laboral. Nagore define al deber de objetividad y al rigor en las valoraciones de casos como otras áreas fundamentales “bien protegidas” hasta ahora.
Reclaman, además, la aprobación de la especialidad profesional de los psicólogos forenses. De hecho, esta reivindicación llegó a comienzos del pasado abril de 2022 a la Comisión de Justicia del Senado de España.
“Se trata de señalar la conveniencia de obtener la especialización profesional para la creación de un cuerpo específico de profesionales, procesos de acceso y promoción laboral ajustados a los contenidos de nuestra responsabilidad profesional. Y con vistas a obtener el reconocimiento de nuestra rama profesional específica para su desarrollo en general”, añade la psicóloga.
Exigencias que parten de la unión de todos los colectivos de profesionales que ejercen su trabajo en la psicología jurídica y forense en España: el Consejo General de la Psicología, la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense o la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, además de la propia APF, entre otras.
Una labor que mejora a la sociedad
Nagore asegura en esa línea que en España se ha consolidado un sólido itinerario formativo y una oferta universitaria sobre esta materia que es diversa y que goza de calidad y prestigio, sobre todo en el mundo latinoamericano.
Aún hay margen de mejora, no obstante. Según Nagore, habría que aclarar la división de competencias entre el psicólogo forense y otras áreas de conocimientos afines, y determinar los procesos de acceso y promoción a plazas de empleo públicas.
La Justicia adapta sus normas civiles o penales gracias, entre otras disciplinas, a la psicología forense
La vicepresidenta de la APF recalca asimismo la carencia de visibilidad de la profesión y la falta de sensibilidad de los poderes públicos hacia la creación y la implementación de políticas sociales y sanitarias que incorporen estos conocimientos en un sentido amplio. Las competencias de estos expertos van más allá de lo que normalmente se piensa.
Porque un psicólogo forense también es, en esencia, un investigador. No solo en un entorno académico, sino también en sus métodos de trabajo: ha de leer, estudiar, indagar y razonar para profundizar y actualizar su conocimiento en las diversas áreas que se le soliciten.
La sociedad exige incluso una rápida “puesta a punto” ante los cambios que experimenta y que poco después se incorporan al ámbito legislativo, afirma Nagore.
La científica ejemplifica: nadie oía hablar del ciberacoso hace unos pocos años, ni se discutían cuestiones de calado como el derecho a la muerte digna, ni se reconocían las distintas violencias que se ejercen y se padecen.
Gracias a la psicología forense, junto a otras ciencias forenses y de la seguridad, la Justicia adapta entonces sus normas civiles o penales a estos cambios más o menos rápidos.
UNIR es partícipe fundamental en esa reconocida oferta académica que España contribuye a esta disciplina con el Máster Universitario en Psicología Forense.
