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En el ordenamiento jurídico no todas las normas son de la misma clase ni tienen la misma relevancia. Descubre en qué consiste el principio de jerarquía normativa, características y cómo se configura en España.
El ordenamiento jurídico de un país se compone de leyes y de otros tipos de normas de distinto rango que están ordenadas según el principio de jerarquía normativa. En este post explicamos en qué consiste esta jerarquía y los tipos de normas que integran cada escalón.
No todas las normas que componen el ordenamiento jurídico son de la misma clase, ni tienen la misma relevancia o se aplican sobre el mismo ámbito. Para organizarlas y determinar cuándo se aplica cada una, incluso en caso de conflicto porque hay varias posibilidades ante un mismo caso, es necesario organizarlas de forma jerárquica.
El principio de jerarquía normativa en la Constitución
Esta estructura de mayor a menor importancia es lo que define el rango de una norma. El principio de jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior, como establece el Código Civil. Esto supone, por ejemplo, que ninguna ley, decreto u otro tipo de norma que se promulgue en España, sea del contenido o ámbito geográfico que sea, puede contradecir o vulnerar los preceptos de la Constitución Española, que es la principal norma del ordenamiento jurídico.
La Constitución recoge el principio de jerarquía normativa y dispone que el orden de las fuentes en nuestro ordenamiento se establezca según la posición que ocupa en la estructura del Estado el órgano que la dicta. El poder legislativo o capacidad para elaborar normas reside en las Cortes Generales, pero es una potestad que se puede delegar en el Gobierno, ya sea el central, autonómico o local.
Eso sí, las normas que se dicten por órganos distintos a la Cortes no tendrán el mismo rango. Así, tendrá mayor rango una ley orgánica que un real decreto ley, por ejemplo, porque para promulgar la primera es necesario el apoyo por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, mientras que un real decreto lo promulga un Gobierno, no las Cortes Generales.
Claves de la jerarquía normativa
Que las normas tengan distintos rangos hace necesario ordenarlas para determinar cuál tiene preferencia y aplicar a cada caso la correcta. El principio de jerarquía normativa implica, por tanto, que:
- La Constitución es superior a cualquier otra norma jurídica.
- Una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior.
- Una norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango.
- Una ley especial prevalece frente a una ley general.
En base a estos principios, la jerarquía de las normas en España se configura como una pirámide en la que la cúspide es la Constitución y la base la forman las disposiciones reglamentarias. Esta estructuración se conoce como la pirámide de Kelsen o pirámide kelseniana por los principios establecidos por el jurista austríaco Hans Kelsen. En ella se diferencian tres niveles:
- Nivel fundamental: es la parte más importante de un ordenamiento jurídico, la punta de la pirámide. Incluye la constitución nacional de un país, la carta magna o el texto jurídico de referencia para el resto de leyes y normas.
- Nivel legal: engloba a las diferentes leyes por las que se rige un territorio. Es la parte intermedia de la pirámide.
- Nivel base: normas jurídicas que no tienen rango de ley, como reglamentos, sentencias, resoluciones, etc.
El principio de jerarquía normativa en España
De forma más detallada, la jerarquía normativa en España se configura de la siguiente manera:
Constitución Española
Aprobada en 1978, es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Está compuesta de un preámbulo y 169 artículos que, a su vez, se reparten en un título preliminar y diez títulos numerados. En su artículo 9.3 se menciona explícitamente a la jerarquía normativa.
Reglamentos y directivas de la Unión Europea
Los que sean directamente aplicables (no necesite trasposición al ordenamiento español) como, por ejemplo, el Reglamento sobre el régimen común para las importaciones.
Tratados internacionales ratificados por el Estado español
Acuerdos suscritos por diferentes países o con sujetos de derecho internacional como el Convenio sobre el Trabajo Forzoso o Protección de la Maternidad.
Leyes, emanadas de las Cortes Generales
Leyes orgánicas y leyes ordinarias del Parlamento y el Senado. En el primer caso están reguladas en el artículo 81 de la Constitución e incluyen las relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades públicas, los estados de alarma, las que aprueben los estatutos de autonomía… Para ser aprobadas, modificadas o derogadas es necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Por su parte, las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple del Congreso y el Senado y regulan materias no incluidas en las leyes orgánicas, como por ejemplo leyes de tipo fiscal.
Normas con rango de ley, emanadas del poder Ejecutivo
A diferencia de las anteriores, su aprobación solo requiere del visto bueno del Gobierno. Incluye los reales decretos ley y los reales decretos legislativos.
Reglamentos dictados por el Gobierno
Reales decretos, órdenes de comisiones delegadas, órdenes ministeriales, circulares, instrucciones… Un ejemplo serían los reales decretos cuando hay cambios en la organización y estructura de los ministerios.
Leyes y reglamentos dictados por las comunidades autónomas
A esta pirámide puede añadirse otro peldaño: las leyes y reglamentos dictados por las comunidades autónomas. Sin embargo, la jerarquía entre las leyes autonómicas y las estatales dependerá también de principios como su especialidad (que prevalece sobre una ley general), la materia que regule o el propio rango de la norma.
Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma tiene rango de ley orgánica y, aunque lo elabora la Cámara legislativa de una comunidad y no las Cortes Generales, solo tiene por encima la Constitución. Aun así, su contenido está determinado por las competencias que cada comunidad tiene y no puede legislar más allá de esa frontera, por lo que no puede contradecir una ley estatal en una materia que no sea de su ámbito de aplicación.
Reglamentos dictados por entidades locales
El último peldaño de la pirámide jerárquica son las disposiciones que dictan las entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Se denominan ordenanzas, reglamentos y bandos y tienen carácter reglamentario, por lo que no pueden contravenir ninguna norma superior.
¿Por qué es importante la jerarquía normativa?
La jerarquía normativa es importante para tener claro cuál es la prioridad de las leyes y normas del ordenamiento jurídico, repercutiendo en su unidad y coherencia. De este modo, las leyes inferiores siempre deben acatar a las superiores y no contradecirlas y, en todos los casos, cumplir lo recogido en la Constitución. Esto posibilita, por ejemplo, que no se aprueben reales decretos contrarios a lo establecido en ella.
La jerarquía normativa también posibilita ordenar y organizar la gran cantidad de leyes y normas lo que, a su vez, repercute en un mejor funcionamiento de las diferentes administraciones.
Conocer las particularidades de la jerarquía normativa es una cuestión clave para todos aquellos profesionales del área jurídica y, por tanto, uno de los temas que se abordan en el Grado en Derecho de UNIR.
