UNIR Revista
El grado de responsabilidad medioambiental de las empresas depende de su actividad y está regulado por ley.
La preocupación por el estado del medio ambiente ha obligado a regular lo que conocemos como responsabilidad medioambiental, algo que atañe también al ámbito empresarial. Las empresas deben asumir el compromiso de acatar una serie de medidas que garanticen el respeto por el entorno natural.
La Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental fijó el régimen administrativo de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales, que establece que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desarrolle o controle una actividad económica o profesional que cause daños o amenace con causarlos, está obligada a poner en marcha las medidas de prevención o de recuperación de los recursos naturales dañados.
Entendemos por daño medioambiental aquel perjuicio ocasionado a los recursos naturales definidos en el artículo 2.1 de la propia norma:
- Las especies de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.
- Las aguas.
- Las orillas del mar y de las rías.
- El suelo.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley los daños a:
- El aire.
- Las personas y sus bienes, siempre que estos no sean un recurso natural de los citados anteriormente.
- Los daños medioambientales causados por un conflicto armado, un fenómeno natural inevitable, actividades para evitar desastres naturales o riesgos nucleares de actividades reguladas por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
¿Cuál es el alcance de la responsabilidad medioambiental?
El grado de alcance de la responsabilidad medioambiental de una empresa dependerá de cuál sea su actividad económica o profesional. La propia ley en su Anexo III incluye un lista entre el que nos encontramos, por ejemplo:
- Empresas que fabrican o emplean en su proceso productivo sustancias peligrosas.
- Empresas cuyo ámbito de acción sea la gestión de residuos.
- El transporte de mercancías peligrosas, sea cual sea el medio de transporte utilizado.
- Empresas que provocan vertidos.
- Empresas que manejen microorganismos modificados genéticamente.
- Las instalaciones de combustión con una potencia superior a 50MW.
- Las industrias extractivas.
- La explotación de los lugares de almacenamiento de carbono.
Obligaciones de las empresa en materia de responsabilidad ambiental
La Ley 26/2007 establece una serie de medidas para prevenir, evitar y reparar los daños ecológicos. Si se han producido tales daños, también obliga a la empresa a asumir sus costes.
La empresa tiene también la obligación de comunicar inmediatamente a las autoridades competentes tanto la existencia de daños medioambientales como la amenaza de que pudiesen producirse. En todo caso, la empresa debe asumir que la ley determina la obligatoriedad de establecer medidas reparadoras y, por supuesto, debe poner en marcha aquellas que le indique la Administración.
Aquellas empresas incluidas en el Anexo III de la Ley 26/2007 deben poner especial atención en las labores preventivas que ayuden a evitar las consecuencias de las posibles amenazas y tienen que contar con una garantía financiera.
Las empresas que no estén contempladas en ese anexo tienen las mismas obligaciones en cuanto a dar cuenta de un daño, prevenirlo o repararlo en caso de que lo hayan provocado intencionadamente o como consecuencia de un comportamiento negligente. La diferencia entre las empresas que están en el anexo y las que no es que a las primeras la responsabilidad se les exige sin necesidad de que haya dolo, culpa o negligencia, y las segundas deberán reparar solo si hay dolo, culpa o negligencia. Pero unas y otras tienen la obligación de acordar medidas preventivas.
Las recomendaciones a tener en cuenta son las siguientes:
- Cualquier empresa debe conocer el contenido de la Ley de Responsabilidad Medioambiental esté o no su ámbito de acción especificado en el Anexo III. Por ello, es importante contar con personal formado adecuadamente en esta materia, con titulaciones pertinentes como el Máster en Calidad, Medioambiente y Sistemas de Gestión Integrada de UNIR.
- También debe saber cuáles son los valores límites de emisión y qué sustancias no debe emplear.
- Es necesario llevar a cabo un estudio en el que se analice tanto el entorno, para comprobar en qué medida podría sufrir daños medioambientales, como las amenazas que existan.
- Entre las prioridades está el contar con un plan de emergencia ambiental en el que se recojan medidas preventivas y también protocolos de actuación en caso de que se produzca un accidente.
¿Qué es la garantía financiera?
La garantía financiera es una herramienta que asegura que la empresa cuenta con los recursos económicos necesarios para asumir la responsabilidad medioambiental que le corresponde. Si bien la normativa de la UE no la exige, en España sí que es un requisito impuesto por la Ley de Responsabilidad Medioambiental para las actividades incluidas en su Anexo III. Se calcula tras el estudio de los riesgos medioambientales de la actividad en cuestión, y no puede superar los 20 millones de euros.
Para poder aplicar la normativa correspondiente, es necesario justificar que existe una relación entre el daño causado y la actividad de la empresa. Esa normativa se fundamenta en la prevención y en el principio de que “quien causa el daño, paga”.
